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Reabrir la central de Garoña costará más de 150 millones de euros

Desmantelar la planta nuclear supondrá aún un mayor gasto, que asumiría el Gobierno en su mayor parte


redacción / la voz

El coste de la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña oscila entre 100 y 200 millones de euros, mientras que su desmantelamiento ronda los 600 millones, de los que las empresas habrían de asumir cerca de 100 millones y la sociedad estatal Enresa, el resto.

La inversión para la reapertura contempla las mejoras en seguridad recogidas en el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) publicado esta semana, en el que se fijan 10 condiciones, 15 instrucciones técnicas complementarias y un programa de pruebas de arranque para que la central reinicie su actividad. También se incluye el coste de fabricación de cinco contenedores de almacenamiento y transporte del combustible, así como del almacén temporal de residuos de la central burgalesa.

En lo referido al desmantelamiento, este proceso, que habrá de abordarse de forma inevitable se reabra ahora o no la central, ha de asumirse en un primer momento por la titular de la central, Nucleonor, la sociedad formada por Endesa e Iberdrola, y, posteriormente, con recursos públicos procedentes de Enresa.

En el caso del esfuerzo privado, en el que se inscribe la llamada fase de predesmantelamiento, Nuclenor acumula provisiones por valor de 106 millones de euros para esta actividad, según el último informe anual de la empresa. La sociedad advierte que las tareas de desguace están en marcha y tienen una duración de tres años, si bien apunta que la situación puede ser «reversible» si se produce un cambio en las circunstancias que condujeron a las empresas a detener la actividad en el 2012.

De llegar a su fin, la fase de predesmantelamiento concluiría con la extracción del combustible de la piscina, momento en el que la sociedad estatal Enresa se haría cargo de la titularidad de la instalación y de la totalidad de los costes del desmantelamiento. En ese momento, Enresa debería asumir, en un proceso similar a lo ocurrido con la antigua planta de Trillo, un coste cercano a los 500 millones de euros, aunque esta cifra dependerá del proyecto de desmantelamiento que se presente.

No crea un precedente

Tras el informe técnico favorable del Consejo de Seguridad Nuclear, ahora deberá ser el Gobierno el que decida sobre la reapertura o no de Santa María de Garoña, la central nuclear más antigua de España, con 46 años, y con una tecnología similar a la de uno de los reactores siniestrados en Fukushima. Tiene para ello un plazo de seis meses en un sentido u otro. El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, no se pronunció ayer sobre la postura que adoptará el Ejecutivo, pero sí precisó que, en el caso que se decida reabrir, en ningún caso la medida supondrá un precedente para el resto de las plantas nucleares españolas que estén a punto de concluir su vida útil. «Cada central es un caso distinto», advirtió.

Navia señaló que el siguiente paso que debe afrontar el Gobierno, tras el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), es someter a audiencia pública el procedimiento, para lo que mantendrá reuniones con comunidades autónomas, organizaciones sociales y ecologistas y empresas para conocer su postura y tomar una decisión.

Hasta el momento, la Comunidad de Castilla-León, territorio en el que se ubica la central burgalesa, se mostró favorable a su continuidad, aunque una postura muy distinta es la adoptada por el Ayuntamiento de Burgos o por el Gobierno del País Vasco, territorio fronterizo con Garoña.

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