El caso Bankia sigue sumando imputados tras cuatro años abierto

El banco devolvió a los pequeños inversores 1.840 millones de la salida a bolsa, y algunos grandes lo reclaman vía judicial

El expresidente de la CNMV, Julio Segura; el ex número dos del Banco de España, Fernando Resto, y el exgobernador de esta institución, Miguel Ángel Fernández Ordóñez
El expresidente de la CNMV, Julio Segura; el ex número dos del Banco de España, Fernando Resto, y el exgobernador de esta institución, Miguel Ángel Fernández Ordóñez

madrid / la voz

Un año después de que Bankia se estrenara en el parqué, la Audiencia Nacional admitió a trámite las querellas presentadas por UPyD, la formación política que entonces presidía Rosa Díez, y por la asociación 15MpaRato contra 33 exconsejeros de la entidad por una salida a bolsa sobre cuentas falseadas. La cara más reconocible de los imputados entonces era el exvicepresidente del Gobierno con Aznar y exdirector del Fondo Monetario Internacional Rodrigo Rato, pero en los más de cuatro años que ya acumula la investigación del caso, de la que se encarga el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, del que es titular Fernando Andreu, no dejan de sumarse nuevos -y relevantes- investigados: ya van más de cuatro decenas, incluyendo a Deloitte y a Francisco Celma, socio auditor de la firma cuando Bankia salió a bolsa.

Miguel Ángel Rodríguez Ordóñez y Julio Segura, exgobernador del Banco de España y expresidente de la CNMV, respectivamente, son las últimas incorporaciones a esta peculiar y extensa lista de la vergüenza del sistema financiero, ahora abonado al banquillo.

Entre los hitos más relevantes de la investigación, destaca la declaración de Rato ante el juez Andreu, en diciembre del 2012. El que fue presidente de la entidad financiera atribuyó al Banco de España y al Gobierno la responsabilidad de la salida a bolsa de Bankia, así como de la reformulación de las cuentas.

Fue dos años más tarde, en diciembre del 2014, cuando un informe de los peritos del Banco de España, en el que advertían que las cuentas de la entidad no reflejaban la imagen fiel del banco en el momento en el que salió al parqué, abrió la caja de los truenos y provocó una avalancha de reclamaciones judiciales de los pequeños inversores que acudieron a la OPV.

Dos meses después, en febrero del 2015, el juez instructor fijó una abultada fianza civil para los exresponsables de Bankia: 800 millones a abonar de forma solidaria entre Rato y los exdirectivos Francisco Verdú, José Luis Olivas y José Manuel Fernández Norniella, además de BFA, la matriz de Bankia. Tras los recursos de los imputados, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal les rebajó en abril un 96 % la cuantía: pasó de 800 a 34 millones, es decir, de 133 a menos de seis por acusado. Pero ese no fue el último cambio, ya que en noviembre el juez la elevó nuevamente y quedó fijada en 38,2 millones.

A punto de expirar el 2015, el grupo BFA-Bankia provisionó algo más de 1.000 millones de euros extras para afrontar los potenciales reveses judiciales de los inversores minoritarios por la salida a bolsa. El colchón para ese fin ascendía a 1.800 millones y, aunque lo peleó ante el Supremo, en enero del pasado año un revés del alto tribunal que lo obligaba a devolver a dos familias el dinero que invirtieron en la OPV por entender que el folleto contenía «graves inexactitudes», el banco decidió reintegrar a los pequeños inversores todo lo invertido: 1.840 millones.

Parte de los inversores institucionales, como Iberdrola, reclaman lo mismo en los tribunales.

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