Concluye sin acuerdo la reunión de los trabajadores con Fomento
15 feb 2017 . Actualizado a las 07:52 h.El lunes habrá huelga en la estiba. Un paro de doce horas alternas que, según los cálculos de las empresas portuarias, costará 50 millones de euros. Al menos ese es el coste que tiene para la economía española paralizar los puertos, según asegura la Plataforma de Inversores en Puertos Españoles (PIPE), que cita estudios realizados por consultoras independientes. Y ese coste habrá que multiplicarlo por tres, que son las jornadas de huelga (20, 22 y 24) que han convocado los sindicatos contra el real decreto ley que el Gobierno pretende aprobar el viernes para liberalizar la estiba y dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que así lo exige.
La huelga sigue en pie porque la reunión que ayer mantuvieron los sindicatos de la estiba con Fomento terminó en fracaso. Íñigo de la Serna y su equipo no aceptaron ninguna de las alternativas que presentaron los estibadores, según los representantes sindicales. Desde Fomento, sin embargo, señalan que no hubo propuesta nueva, sino el mismo documento de julio del 2015 que pivota sobre la creación de un registro de trabajadores, esa línea roja que ha marcado el Gobierno azuzado, dice, por la Comisión Europea.
Más duro que la sentencia
Así que la intención de De la Serna es aprobar el real decreto tal y como está, sin modificación alguna y con el rechazo expreso de todos los sindicatos con representación en la estiba. La Coordinadora, el de mayor representación, ya advirtió de que esa actitud puede detonar nuevas acciones de protesta. A su juicio, lo que pretende sacar adelante el Gobierno, endureciendo los términos de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, es un expediente de extinción de empleo en tres años, subvencionado con fondos públicos.
Tan alejadas están las posturas que no se han convocado ya nuevas reuniones. Las negociaciones están rotas, los estibadores amenazados y la patronal dividida. Mientras parte de las empresas acusan a los trabajadores de mantener ya una huelga encubierta, no exenta de actos vandálicos, otras reprochan a Fomento su actuación. Es el caso de la naviera Boluda, cuyo presidente, Vicente Boluda, acusó al Gobierno de llevar años «sin hacer nada» ni «sentarse a negociar» para adaptar la ley española sobre la estiba a lo que exige la sentencia del Tribunal de Luxemburgo . «Lo que no se puede hacer ahora es de la noche a la mañana asustar y poner el bombardero a tirar bombas y luego todos felices y tomando caipiriña», reprochó.
Boluda destacó la voluntad que están poniendo empresas y estibadores en dar con una solución y sugirió emular a los franceses, que se dan un plazo de 15 años para abrir el mercado. El presidente de Boluda puso en duda incluso que el decreto se apruebe el viernes.