Ciudadanos ya tuvo que ceder anteriormente en otro punto del acuerdo, el que afecta a la limitación de mandatos
22 feb 2017 . Actualizado a las 07:25 h.El imputado es el presidente de Murcia, del PP, pero la presión recae sobre Ciudadanos, que se ve en la tesitura de exigir la dimisión de Pedro Antonio Sánchez, como reclama toda la oposición, o mantener el respaldo a los populares acogiéndose a la literalidad de un acuerdo de investidura con los populares cuya redacción es deliberadamente ambigua. «El PP y Ciudadanos se comprometen a la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción, hasta la resolución definitiva del procedimiento judicial», dice ese acuerdo. El problema es que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del 2015 sustituyó el término «imputado» por el de «investigado». Y esa ley dice que un investigado es la «persona sometida a investigación por su relación con un delito». Y que sobre el investigado «no existen suficientes indicios para que se le atribuya judicial y formalmente la comisión de un hecho punible». Y tampoco está claro judicialmente qué es un delito de corrupción y qué no. En el pacto específico firmado entre ambos partidos en Murcia la situación es similar, ya que exige que se separe «de inmediato de cualquier cargo público o de partido a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial».
A todo eso se acoge el PP para apoyar la negativa de Sánchez a dimitir de su cargo pese a ser citado a declarar como investigado. Pero en este caso hay un elemento más, y son las explícitas declaraciones públicas realizadas en su día por Sánchez asegurando que renunciaría a la presidencia si resultara imputado en el caso Auditorio «sin necesidad de que nadie se lo pidiera».
La presión sobre Ciudadanos para demostrar la efectividad de sus pactos con el PP es máxima, porque ya ha tenido que ceder en otro punto del acuerdo, el que afecta a la limitación de mandatos, aceptando que no afecta a Rajoy y que este podrá volver a presentarse si lo desea. En medio de ese debate, el PSOE mete más presión retando a Ciudadanos a apoyar una moción de censura contra Sánchez si este se niega a dimitir. El problema es que, al tener carácter constructivo, la moción de censura debe tener un candidato alternativo. Y, para forzar a Sánchez a dimitir, Ciudadanos, que tiene cuatro escaños en Murcia, no solo debería apoyar al candidato socialista (13), sino pactar también con Podemos, cuyos seis votos serían imprescindibles para superar los 22 con los que cuenta el PP.