La comisión sobre la crisis financiera analizará también la venta de Bankia y BMN
22 feb 2017 . Actualizado a las 12:38 h.El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha asegurado hoy que los grupos parlamentarios han alcanzado un acuerdo para que los trabajos de la comisión de investigación sobre la crisis financiera abarquen desde el año 2000, con lo que incluirá la etapa del expresidente José María Aznar.
«Hay acuerdo», ha confirmado Hernando a los periodistas antes de entrar en el pleno del Congreso, que hoy debatirá y votará las diferentes peticiones de PSOE, Unidos Podemos, ERC y el Grupo Mixto para crear una comisión que investigue el rescate financiero a las cajas de ahorro.
De acuerdo con lo anunciado por el portavoz socialista, la comisión estudiará desde el «estallido» de la burbuja inmobiliaria, como pedía el PSOE, hasta el año 2015 y el rescate bancario sin limitarse exclusivamente al caso Bankia.
La Comisión de investigación sobre la crisis financiera que será aprobada hoy por el Pleno del Congreso analizará también la venta de las entidades nacionalizadas Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN), para garantizar que el Estado y el contribuyente obtengan el máximo retorno tras su rescate.
Todos los grupos parlamentarios han pactado una enmienda transaccional para que esta Comisión de investigación empiece a funcionar antes de 60 días a partir de hoy, día de su aprobación en pleno, y para que en el plazo de seis meses haya elaborado un informe sobre los orígenes de la crisis y sus consecuencias desde 2000 a 2015.
Sin embargo, según la enmienda pactada los trabajos de la Comisión podrían prorrogarse con el acuerdo de la Mesa de la Cámara y previa petición razonada de la comisión. Finalmente, el dictamen se elevaría al Pleno para su aprobación.
La Comisión analizará y evaluará qué medidas se pueden adoptar para garantizar la máxima transparencia en la gestión de las entidades de crédito que han recibido ayudas de Estado (como son Bankia y BMN) para obtener el máximo retorno al contribuyente y el uso eficiente de los recursos públicos.
Además, pretende detectar las posibles irregularidades en la protección del cliente de productos financieros, así como el cumplimiento de las garantías de transparencia para los usuarios y consumidores, lo que estará vinculado a la nueva ley hipotecaria que prevé aprobar el Ejecutivo.
De esta forma, la Comisión de investigación no solo se centrará en el origen de la crisis, sino que abordará temas futuros como el análisis de los problemas, debilidades y retos futuros del sistema financiero.
La enmienda transaccional evaluará, tal como pedía el PSOE, los orígenes de la crisis financiera, la evolución del crédito y del endeudamiento privado y la regulación financiera, inmobiliaria y urbanística desde el 2000. También, el efecto de la crisis internacional en España y el impacto de las políticas económicas monetarias y financieras adoptadas.
Se centrará sobre todo en el rescate a las cajas de ahorros y en la evaluación de las políticas de reestructuración y el saneamiento del sector financiero, así como la gestión que originó la situación financiera del grupo BFA-Bankia, su salida a bolsa y su posterior rescate y nacionalización.
En este sentido, evaluarán los problemas de gobernanza de las cajas de ahorros y su incapacidad para captar recursos en los mercados, con especial referencia a las actuaciones que efectuaron los órganos de administración.
De la misma forma, la Comisión debatirá sobre las actuaciones de los organismos de supervisión llevadas a cabo durante la gestación de la crisis hasta su resolución, para conocer los problemas que presentaban las instituciones nacionales y europeas en la prevención de la crisis financiera.
De cara a los próximos años, los partidos políticos desean evaluar las políticas de supervisión que pueden ser más eficaces para la prevención de crisis financieras derivadas de la evolución de los datos macroeconómicos.
La comisión estará compuesta por cuatro representantes de los grupos parlamentarios que cuenten con más de cien miembros, tres de cada grupo parlamentario con más de 30 miembros, dos de cada grupo parlamentario con más de 10 miembros y un representante de cada uno de los restantes grupos parlamentarios.