Industria autoriza la polémica búsqueda de gas en once concejos

Europa Press REDACCIÓN

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Santi Otero | Efe

El plan, auspiciado por Hunosa, ha recibido 143 alegaciones, la mayoría por temor al «fracking». El Principado explica que en el proyecto no se habla de la fractura hidráulica

17 mar 2017 . Actualizado a las 14:57 h.

La consejería de Empleo, Industria y Turismo ha otorgado a Hunosa y Volta Energy Resources el permiso de investigación de hidrocarburos (PIH) denominado Llábana-1, por el que se ha designado a Hunosa como operadora del PIH en una superficie de 37.314 hectáreas que comprenden los municipios de Oviedo, Siero, Sariego, Bimenes, Laviana, San Martín del Rey Aurelio, Langreo, Mieres, Aller, Lena y Ribera de Arriba. La resolución, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), destaca que se han presentado 143 alegaciones contrarias al otorgamiento del permiso, referidas en su mayoría a que esta autorización conlleva «presuntamente» la extracción o investigación mediante la fractura hidráulica o fracking.

Las alegaciones sugerían que la investigación inicial de hidrocarburos en busca de gas metano llevaría a emplear esta técnica de fractura hidráulica, con lo que exigían, «en base al principio de precaución», que no se concediera «ninguna autorización, ni siquiera de investigación», sin una evaluación de impacto ambiental «debido a los múltiples impactos que puede tener la utilización de la técnica de fracking».

Entre las alegaciones presentadas por vecinos, asociaciones ecologistas y los Ayuntamientos de Oviedo, Bimenes, Siero, Mieres y Lena, los interesados han advertido de la «posibilidad de graves consecuencias para el entorno y la salud, con serio riesgo de contaminación de los ríos, las aguas subterráneas y la atmósfera con metales pesados como mercurio y plomo, radón, radio o uranio y otros elementos radiactivos». «Incluso la posibilidad de originar movimientos sísmicos», han advertido. Los alegantes también han expresado su sorpresa porque Hunosa, como empresa pública, «malgaste dinero público en promover un proyecto de investigación sobre fractura hidráulica que no tiene posibilidad alguna de convertirse en una explotación comercial».