Los estibadores ofrecen bajar un 6 % su sueldo si se mantiene el empleo

Ha tenido que suceder lo que no ocurría desde 1979 -la no convalidación de un real decreto ley presentado por el Gobierno- para que arrancase por fin la negociación para liberalizar el servicio de estiba para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Luxemburgo que así lo exige. Con el Gobierno ya sentado en la mesa, patronal y sindicatos se reunieron en la sede del CES (Consejo Económico y Social), con su presidente, Marcos Peña, como mediador, para avanzar en el proceso aperturista. Y aunque la reunión duró bastante más que todas las habidas hasta ahora, lo cierto es que todavía está lejos el acuerdo, por más que De la Serna asegurara que este podría producirse ayer las partes «si quisieran», porque, a su juicio, la oferta del Ejecutivo es «inmejorable», según comentó el ministro de Fomento a los periodistas en los pasillos del Senado. «Confío en que empresas y sindicatos respondan con generosidad a la extraordinaria y ambiciosa propuesta de acuerdo realizada por el Gobierno», indicó.

Pero en la parte social no aprecian tanta prodigalidad. Cierto que se ofrecen prejubilaciones a los 50 años con el 70 % del salario, aunque muy pocos de los actuales trabajadores cumplirían los requisitos para acogerse a ellas por cuestión de los años cotizados que se requieren. Y siguen sin ver plasmada una de sus exigencias: la de la subrogación de los actuales trabajadores.

Así es que los estibadores se presentaron a la reunión con una contrapropuesta. El colectivo, compuesto por 6.150 operarios de carga y descarga de mercancías (unos 200 en Galicia), estaría dispuesto a bajar un 6 % sus salarios para contribuir a la consecución de un acuerdo en el plano laboral sobre la reforma de la estiba, siempre que este garantice los puestos de trabajo para este colectivo. De hecho, un 1 % sería para facilitar las prejubilaciones de los trabajadores y un 5 % para mejorar la productividad de las empresas. Lo explicó Antolín Goya, líder de la Coordinadora de Trabajadores del Mar, sindicato mayoritario en la estiba, al término de la reunión con la patronal Anesco y el Gobierno: «Estamos dispuestos a contribuir cada trabajador para dinamizar el sector. El problema es el inmovilismo del Gobierno», dijo.

«Dificultad insalvable»

Con esa crítica, Goya aludía a las reticencias del Gobierno a dar mayores garantías de la subrogación. Y es que desde el Ejecutivo siguen sosteniendo que «no se puede imponer una subrogación por ley a las empresas porque es contrario a la legislación y a la normativa europea. La subrogación por ley constituye una dificultad insalvable», indicó ayer el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar. Pese a todo, el número dos de Fomento -que representó al Gobierno al lado del director general de Empleo, Xavier Thibault- reiteró la disposición a trasladar a una «norma o disposición» el eventual acuerdo laboral que lograran patronal y sindicatos, concretando en un instrumento de ese tipo los distintos supuestos de subrogación y las ayudas a la prejubilación.

Todos se han emplazado para el jueves, justo un día antes de la fecha tope que había para convalidar el decreto, lo que, como recordó ayer mismo De la Serna, desactivaría las multas con las que amenaza Bruselas. El ministró explicó que la sanción impuesta por Europa es de 27,522 euros diarios desde la primera sentencia de diciembre del 2014 y, aunque la CE paró el reloj cuando el Gobierno preparó el decreto ley, ya hay acumulados casi 23 millones de euros y la multa ascenderá a 134.107 euros al día cuando llegue la segunda sentencia, que «está al caer», sentenció.

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