La UE, en guardia ante la tentativa de May de negociar por la puerta de atrás

Alertan de que podría mercadear con los derechos de ciudadanos españoles y polacos


Bruselas / Corresponsal

La UE empieza a calentar motores. Se avecinan curvas en las negociaciones con el Reino Unido. Con fecha fijada para activar el botón de salida, el 29 de marzo, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, no ha tardado en buscar hueco en su apretada agenda para convocar un mes después (29 de abril) la cumbre especial sobre el brexit. A Bruselas acudirán los 27 líderes de la Unión con la misión de dar su visto bueno a las directrices de negociación que encabezará el francés Michel Barnier durante los próximos dos años. 

Es una incógnita qué estrategia seguirá la primera ministra británica, Theresa May, quien en los últimos meses ha ido tanteando el terreno poniendo a prueba la unidad de sus socios que, contra todo pronóstico, siguen cerrando filas. El temor a que se produzca una desbandada generalizada cuando arranquen las negociaciones sigue latente. La UE se mantiene en guardia en vista del apetito británico por negociar de forma bilateral algunos arreglos en el terreno de los derechos de sus ciudadanos. Algunos eurodiputados manifestaron ayer en la Eurocámara su preocupación. Es el caso de la liberal Maite Pagazaurtundúa, quien sospecha que May tratará de cerrar un acuerdo global malo para los intereses de los ciudadanos con un propósito perfectamente calculado. «Luego negociará de forma bilateral con los países que sean  más importantes para sus intereses», alertó ayer. 

En el punto de mira están países como España y Polonia, susceptibles de ser seducidos por Londres. No es para menos. Solo en territorio español viven unos 300.000 británicos que se quedarán sin paraguas jurídico cuando se consuma el divorcio en el 2019. Y del otro lado están los casi 900.000 polacos que viven en territorio británico. ¿Hasta dónde estará dispuesta a llegar Varsovia para proteger a su comunidad?

Informe de los problemas

Los expertos auguran problemas y sugieren a la UE que se siente a negociar antes que cualquier otra cosa las garantías en torno a la libertad de residencia y circulación de los ciudadanos de los 27. Antonio Fernández Tomás y Diego López Garrido expusieron ayer ante el Parlamento Europeo las conclusiones de un informe en el que tratan de arrojar luz sobre los problemas que se presentan con el divorcio británico. Ambos señalan que el Reino Unido está pergeñando una táctica para poder conservar algunos de los beneficios de los que hoy disfruta dentro de la UE haciendo alusión a los derechos adquiridos.

En este terreno son claros: «Cuando el Reino Unido salga, estos derechos dejarán de existir», aseguró Garrido, cerrando las puertas a las múltiples interpretaciones jurídicas que está sondeando el Gobierno de May para limitar el impacto. 

A pesar de que a los británicos se les elevarán 27 enormes muros jurídicos, también la UE sufrirá las consecuencias de la ausencia de protección para sus ciudadanos. Por eso Garrido opta porque haya «un acuerdo que sea lo más cercano al status quo». Fernández Tomás tiene claro que la mejor vía sería «prorrogar el actual marco legal» y abordar su reforma en una segunda fase para evitar un mal acuerdo para las dos partes o las famosas negociaciones bilaterales que provocan sudor frío a Bruselas. 

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