La fiscal general, nombrada por el Gobierno, denuncia «una ruptura del orden constitucional»
01 abr 2017 . Actualizado a las 00:17 h.La crisis institucional venezolana dio un nuevo giro este viernes, cuando la fiscal general Luisa Ortega Díaz rompió la unidad de los poderes públicos del país y denunció «una ruptura del orden constitucional», uniéndose así a la ola de preocupación que ha llevado a buena parte de la comunidad internacional a considerar un golpe de Estado lo ocurrido en el país sudamericano el miércoles, cuando el Tribunal Supremo de Justicia sentenció que puede asumir las competencias del Parlamento, eliminando sus funciones en la práctica.
En Caracas comenzaron a sucederse manifestaciones, en una de las cuales, frente a la sede del Supremo, al menos cinco universitarios fueron detenidos y hubo más de una decena de heridos, entre ellos, Elyangélica González, corresponsal de Radio Caracol.
La oposición anunció para hoy la celebración de una sesión parlamentaria en una plaza del centro de la ciudad y, al hacer el anuncio, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, respaldó a Ortega, señalando que «el mundo reconoce que la fiscal general haga valer lo que está en la Constitución» y urgiendo a los venezolanos a formar «un gran frente democrático por el rescate del Estado de derecho».
Nicolás Maduro, que tuvo dos breves apariciones el jueves en las que no se refirió al tema, no ha vuelto a comparecer. Su canciller, Delcy Rodríguez, que había convocado al cuerpo diplomático a una reunión para explicar lo que para el Gobierno es una «corrección legal» (la sentencia que ha sido considerada universalmente como un Fujimorazo, un Madurazo en la versión local), tuvo que conformarse con emitir un comunicado, pues la mayoría de los embajadores acreditados en Venezuela declinaron participar.
El Ministerio de Exteriores denunció que hay «una arremetida de los Gobiernos de la derecha intolerante y proimperialista de la región, dirigida por el Departamento de Estado y los centros de poder estadounidenses», que busca «atentar contra el Estado de derecho». Según la peculiar visión de Rodríguez, los que atacan a Venezuela son «Gobiernos que practican la violación sistemática de derechos humanos, que reprimen violentamente a la disidencia política, que ejecutan golpes de Estado contra las mayorías electoras, que torturan y asesinan a dirigentes populares y periodistas y que promueven el modelo neoliberal causante de miseria y pobreza».
Sin embargo, el rechazo contra la sentencia ha ganado importantes adhesiones en las últimas horas, entre ellas las del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que ha señalado que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia «es inadmisible» y «una decisión arbitraria que atenta contra el poder legislativo». Mercosur, a su vez, llamó a los cancilleres del grupo a una reunión hoy en Buenos Aires para discutir la situación de Venezuela. Y contundente fue la reacción de los senadores estadounidenses Marco Rubio (republicano) y Robert Menéndez (demócrata) que tildaron a Maduro de «dictador trastornado» después de que el Tribunal Supremo asumiera por decreto las competencias del legislativo.
La victoria electoral de los antichavistas resultó insuficiente ante el régimen
El 6 de diciembre del 2015, la oposición arrasó en las elecciones para la Asamblea Nacional, obteniendo dos tercios de los escaños, lo que le permitiría sustituir a los magistrados del Tribunal Supremo e incluso convocar una Asamblea Constituyente. Ante esta situación, la Asamblea Nacional saliente, dominada por el chavismo, forzó la renuncia de varios magistrados del Supremo, para sustituirlos por fichas propias en apenas un mes.
Estos magistrados, a su vez, aceptaron una denuncia de que los tres diputados del estado de Amazonas habían sido «electos mediante un fraude» y anularon su nombramiento en una medida sin precedentes en la historia del país, quitándole los dos tercios a los opositores en la Asamblea. Más de un año después, aún no han resuelto el fondo del asunto.
¿Por qué se habla de desacato?
La Asamblea Nacional que echó a andar en enero del 2016 señaló que la sentencia del TSJ sobre estos diputados era ilegal, por lo que procedió a juramentarlos junto a los restantes 164 diputados, chavistas y opositores. Posteriormente, los desincorporó, pero ya la Sala Constitucional había emitido la primera de las 55 sentencias en las que se ha usado la supuesta figura de desacato (no existente en la Constitución venezolana) para ilegalizar todas las decisiones regulatorias del Parlamento. Primero le quitó las competencias sobre el control del gasto público. Posteriormente, las de legislar. Hasta la sentencia 156, que fija en la Sala Constitucional la capacidad de hacer leyes, que universalmente radica en el Parlamento.
¿Quiénes están en la Sala Constitucional?
La Sala Constitucional del TSJ es considerada un suprapoder, pues tiene capacidad para interpretar la Constitución, aunque muchos juristas venezolanos afirman que la está reescribiendo. Todos sus integrantes, empezando por el nuevo presidente del Supremo, Maikel Moreno, están identificados con el chavismo y en algún momento han sido funcionarios del Gobierno, aunque uno de los requisitos para ser magistrado es justamente haber tenido independencia política.