El Gobierno de Theresa May recurre a Enrique VIII para transferir las leyes comunitarias al derecho británico

El Reino Unido ha comenzado a dar los primeros pasos para recuperar la jurisdicción de sus leyes; el mecanismo será la conocida como Ley de la Gran Derogación


Londres / E. La Voz

No han pasado 24 horas desde la activación del artículo 50 y las dificultades de la negociación del brexit ya han quedado al descubierto. Para los líderes europeos, la carta que Theresa May entregó a Bruselas tenía una línea roja: la amenaza de dejar de colaborar en temas de seguridad con la Unión Europea si no se consigue un acuerdo comercial.

En Londres, lejos de darse por aludidos, intentaron quitar hierro al asunto. «En términos de seguridad, un fracaso a la hora de alcanzar un acuerdo se traduciría en el debilitamiento de nuestra cooperación en la lucha contra el crimen y el terrorismo», escribió May en la misiva, que tensó el ambiente nada más activarse la salida. Para el ministro británico del brexit, David Davis, esas líneas no son «una amenaza», sino un argumento que constata el hecho de que sería perjudicial para ambas partes que no se llegue a un acuerdo. Subrayando el espíritu «positivo» y de cooperación del texto, Davis reconoció que los políticos europeos con los que ha hablado tras la entrega de la carta le trasladaron que el tono de la misiva «es bueno».

La ministra de Interior, Amber Rudd, recordó que Londres es el mayor contribuyente de la Oficina Europea de Policía (Europol). Para ella, la seguridad tiene que ser objeto de negociaciones, como el resto de los puntos del acuerdo final. Algo que no comparte el liberaldemócrata Brian Paddick, antiguo comisario adjunto de la Policía Metropolitana de Londres, para quien la carta enviada a la UE es «una amenaza implícita» a los 27 socios.

En medio de la polémica, el Reino Unido comenzó a dar los primeros pasos para recuperar la jurisdicción de sus leyes. El mecanismo será la conocida como Ley de la Gran Derogación. Para adaptar las normativas comunitarias al derecho británico, recurrirá a un decreto conocido como los poderes de Enrique VIII.

El objetivo es asegurarse que no se produce un salto legislativo al vacío dentro de dos años. A partir de la aprobación de ese instrumento, se irán examinando una a una todas esas leyes europeas para ir enmendándolas o derogándolas. Para Davis, con esta acción «se pondrá fin a la supremacía» de la legislación de la UE en el Reino Unido. Además, aseguró que esa ley «proporcionará claridad y certeza a empresarios, trabajadores y consumidores en todo el Reino Unido».

Los planes del Gobierno despiertan recelo entre la oposición, porque darán a los ministros, además de a los Gobiernos regionales de Escocia, Irlanda del Norte y Gales, la potestad, durante un breve período de tiempo, de cambiar esas leyes europeas, recurriendo al mecanismo de 1539 que usó Enrique VIII para legislar por proclamación, sin tener en cuenta al Parlamento.

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