El hermano de Ignacio González se reunió con el número dos de Interior al saber que había una investigación

Enrique Clemente Navarro
Enrique Clemente MADRID / LA VOZ

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Santi Donaire

Fuentes del ministerio niegan que la operación Lezo se tratase en la reunión, que sí confirman

23 abr 2017 . Actualizado a las 09:21 h.

La operación Lezo tiene claras derivadas políticas. No solo porque esté encarcelado el expresidente de una comunidad autónoma, acusado entre otros graves delitos de organización criminal y porque se investiga la supuesta financiación ilegal del PP madrileño. Hay más. La actuación del nuevo fiscal anticorrupción, Manuel Moix, está bajo sospecha por su intento de parar algunos registros, con el aval del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y se investiga un presunto chivatazo que pudo haber recibido Ignacio González para alertarle de que estaba siendo investigado.

Pero el auto del juez Eloy Velasco que envió a prisión al que fuera mano derecha y sucesor de Esperanza Aguirre revela un dato también inquietante. Pablo González, hermano del expresidente y también en prisión, en su caso eludible bajo el pago de una fianza de cuatro millones de euros, se reunió con el número dos de Interior, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, al saber que estaban siendo investigados por la Guardia Civil. El juez detalla en su auto que el encuentro se produjo un día después de que Ignacio y Pablo González mantuvieran una reunión en la que hablaron de la existencia de una investigación abierta que les afectaba y sobre quién era el número dos de Juan Ignacio Zoido en el Ministerio del Interior. Señala que se celebró «recientemente», sin especificar la fecha, y revela que «al día siguiente» Pablo González se reunió «con un secretario de Estado», sin dar más detalles.

Fuentes de Interior próximas a Nieto confirmaron que la reunión se celebró el 8 de marzo en la sede del ministerio, a petición del hermano del expresidente, pero aseguran que fue puramente protocolaria, apenas duró 15 minutos y no se hizo una sola referencia a Ignacio González ni a ninguna investigación en curso. Señalan, además, que Nieto no conocía entonces la existencia de la operación Lezo, de la que se enteró cuando se produjeron las detenciones del pasado miércoles. Según esas mismas fuentes, González se limitó a felicitar a Nieto por su nombramiento y ambos intercambiaron información sobre un supuesto plan de construcción de nuevos centros de Mercasa, cuyas medidas de seguridad el hermano del expresidente quería coordinar con los técnicos de la Secretaría de Estado de Seguridad. Nieto y Pablo González se conocían de la etapa en la que el primero era alcalde de Córdoba y el segundo directivo de la Empresa Estatal Mercados Centrales de Abastecimiento (Mercasa) prestaba servicios a Mercacórdoba. El PSOE registrará mañana en el Congreso la solicitud de comparecencia inmediata de Nieto, que se une a la de los ministro de Interior y de Justicia.

Por otro lado, el auto de Velasco señala que Ignacio González «saneó» las cuentas del PP madrileño con dinero procedente de una empresa pública regional en el 2012, coincidiendo con su llegada a la presidencia de la Comunidad de Madrid, según denunció ante la Fiscalía un ex alto cargo de ese ente público. El auto describe los indicios de la supuesta financiación ilegal del partido a través de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) que se desprenden la declaración de un ex sub director general de ICM que afirmó ante la Fiscalía Anticorrupción que González pidió al entonces consejero delegado del organismo público, José Martínez Nicolás, un millón de euros para sanear las cuentas del PP de Madrid.

El juez indaga un sobreprecio de 70 millones en una operación de la época de Gallardón

El juez investiga un sobreprecio de 70 millones de euros en la compra por parte del Canal de Isabel II en el 2001, con Alberto Ruiz-Gallardón de presidente de la Comunidad de Madrid, de la sociedad Inassa, una operación en la que el juez ve indicios de «compra fraudulenta y supuesta malversación». El juez de la operación Lezo, Eloy Velasco, afirma en el auto de prisión del expresidente madrileño Ignacio González que este conocía de la ilegalidad de la operación a su llegada a la vicepresidencia de la Comunidad de Madrid en el 2003 «a través de determinados informes jurídicos», pero que no lo denunció.

La operación de la compra de la filial latinoamericana del Canal rondó los cien millones de euros, según el juez, que añade que el valor de la mercantil era «muy inferior», concretamente de unos 30 millones según los investigadores. El magistrado sostiene que este sobreprecio de 70 millones pudo haber supuesto una malversación de fondos públicos que se produjo cuando Ignacio González aún no ocupaba ningún cargo en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, añade que «se ha evidenciado que conocía los hechos de la compra fraudulenta y supuesta malversación de fondos públicos en la compra de Inassa en el año 2001 y, como vicepresidente de la Comunidad de Madrid y presidente del Canal de Isabel II, no los denunció, conociendo su supuesta ilegalidad a través de determinados informes jurídicos».

Inassa fue registrada en la operación Lezo, un registro que intentó frenar el fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, previa consulta con el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, alegando que debía llevarse en un caso aparte y que aún no había suficientes indicios para realizar los registros.