Imputa al primogénito del expresidente catalán por desviar 30 millones desde el 2012, cuando se le empezó a investigar
25 abr 2017 . Actualizado a las 21:16 h.Tal como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción, el juez José de la Mata ha decretado el ingreso en prisión sin fianza para Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresidente catalán, por haber ocultado 30 millones de euros desde el 2012, cuando se le comenzó a investigar, han informado fuentes jurídicas. La Abogacía del Estado y Podemos (personado como acusación popular) habían reclamado la misma medida contra él
De la Mata ha tomado declaración este martes a Jordi Pujol hijo a raíz de los últimos hallazgos en la causa que investiga la fortuna de la familia y que apuntan a que él y su exmujer Mercé Gironés llevan desde el 2012 siguiendo «una estrategia insistente y continuada de despatrimonialización en España» ocultando millones en el extranjero, según la UDEF.
Esta ha sido la tercera vez que ha declarado ante la Audiencia Nacional, la última en febrero del 2016, cuando el juez le impuso la prohibición de salir de España después de tres horas y media de comparecencia a petición propia para hablar de su dinero acumulado en Andorra y que la familia atribuye a una herencia.
También le retiró el pasaporte y le impuso comparecencias semanales en el juzgado en un auto en el que De la Mata afirmaba que el primogénito de Jordi Pujol Soley «faltó claramente a la verdad» sobre su fortuna.
La primera vez que declaró ante este tribunal fue un año y medio antes, en ese caso para explicar los 11 millones de euros que cobró de empresarios que contrataban con la Generalitat por labores de intermediación.
El juez también le investiga por crear un entramado societario internacional para blanquear dinero y por la fortuna familiar en Andorra que él manejó y cuyo origen los Pujol (que la atribuyen a una herencia) no han podido probar.
Jordi Pujol Ferrusola ha dado al juez explicaciones sobre la ocultación de su patrimonio en otros países, usando una estrategia que, según la Policía, tenía como finalidad «sustraer activos patrimoniales» en previsión de una posible condena que suponga el pago de multas o responsabilidades civiles, que supondrían «de facto», recuerda la Policía, «la liquidación de sus activos».