Han sido citados a declarar en el marco de la investigación abierta por la llamada lista Falciani
09 ago 2021 . Actualizado a las 12:10 h.El magistrado de la Audiencia Nacional José De la Mata ha citado a declarar en calidad de investigados a siete directivos del Banco Santander y tres de BNP Paribas en el caso que investiga un presunto delito de blanqueo de capitales en el banco suizo HSBC, una pieza que afecta a entidades financieras de la investigación sobre la lista Falciani.
Actualización
El caso contra los directivos a los que se refiere la noticia fue sobreseído como recogen sendos autos de la Audiencia Nacional de marzo de 2019 y enero de 2021
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 les cita a declarar para los próximos 12, 13 y 14 de junio después de analizar la documentación aportada en los registros realizados en junio del pasado año en la ciudad financiera del Santander, en Boadilla del Monte (Madrid), y después de estudiar los informes emitidos por los peritos inspectores del Banco de España sobre las actuaciones de la entidad HSBC Private Bankia Suisse respecto a los movimientos de fondos de sus clientes con residencia en España. Estos movimientos se habrían ocultado al fisco español, señala el juez de la Mata en el auto, de ahí que «pudieran ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales».
Dichos requerimientos se refieren a «determinadas cuentas corrientes» a raíz de la investigación abierta por la llamada lista Falciani, la lista que desveló el informático Hervé Falciani con los nombres de 13.000 titulares de cuentas no declaradas en el HSBC suizo y por tanto presuntos evasores. En su auto, De la Mata explica que solicitó al Santander la redacción de una serie de informes complementarios una vez que detectó el envío sistemático por parte de la entidad de transferencias con el campo del ordenante y/o el beneficiario en blanco, así como errores en el caso de transferencias no enviadas entre los años 2013 y 2015. También echó en falta explicaciones sobre el contenido de algunos de los campos de dichas transferencias, operativas mezcladas y campos rellenos con datos que nada tenían que ver en principio con la operación consignada.
Los siete investigados del Santander son el exsecretario general en el 2005 y expresidente del Comité de Análisis y Resolución de la entidad entre el 2005 y el 2014, Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca; el exdirector del Departamento Central de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, Carlos Fernández García; los responsables vinculados a las labores de cumplimiento normativo y prevención en banca mayorista, José Manuel Arraluce Larraz y Carlos Infesta Fernández; así como Jesús Álvarez Ramírez, director del departamento Central de Prevención y encargado del área de banca privada; Jesús Rivero González, responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales en el departamento Central de Extranjero entre septiembre del 2005 y septiembre del 2013; y Marta Mora Villarubia, responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales en el departamento de Instituciones Financieras entre febrero del 2006 y diciembre del 2012.
De BNP Paribas tendrán que declarar como investigados, lo que antes se conocía como imputados, el director del Departamento de Cumplimiento Normativo entre el 2005 y el 2011, José Andrés Fernández Espejel; Lucía Cuartero Lantero, integrante de este departamento en el mismo periodo; y Cristina Arévalo Olivares, directora de Operaciones entre el 2005 y el 2008.
El juez recuerda en su auto la operativa efectuada por el difunto presidente del Santander, Emilio Botín, y su hermano Jaime, que fueron sancionados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por ocultar hasta mediados del 2010 una parte de sus acciones en Bankinter después de que la Audiencia Nacional anulara una primera sanción impuesta por el mismo motivo. La Audiencia Nacional anuló en diciembre del 2014 la primera multa, impuesta por el Ministerio de Economía, por entender que se impuso «haciendo caso omiso» a que el procedimiento sancionador había superado los 18 meses legales.