La acusación contra Cifuentes eleva la presión contra el PP por la corrupción

La UCO la culpa de cohecho y prevaricación, pero el juez no ve motivo para imputarla

Cifuentes, junto a Carmena por la fiesta de San Isidro
Cifuentes, junto a Carmena por la fiesta de San Isidro

Madrid / La Voz

La Guardia Civil implica a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en adjudicaciones irregulares y pide al juez que la investigue por prevaricación continuada y cohecho en el marco del caso Púnica. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) remitido al juez Eloy Velasco parecía un torpedo en la línea de flotación del PP, que cita a Cifuentes como el símbolo de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, nada más conocerse ese escrito al levantarse el secreto del sumario, fuentes cercanas al juez aclararon que ni el magistrado ni la Fiscalía Anticorrupción ven motivos para imputarla.

Según la UCO, Cifuentes «vulneró la imparcialidad», ya que era a la vez presidenta de la mesa de contratación de la Asamblea de Madrid que adjudicó al empresario Arturo Fernández la gestión del comedor de la Cámara autonómica en los años 2009 y 2011 y era miembro del comité de expertos que valoraba las ofertas, lo que sería ilegal. La presidenta madrileña, según el informe, compatibilizaba esas dos funciones con la pertenencia al patronato de Fundescam, fundación del PP que recibió 160.000 euros de manos de Fernández, utilizados para financiar los gastos del partido en las autonómicas del 2007, en las que la dirigente del PP era miembro del comité de campaña regional.

Cifuentes defendió ayer su «honradez» y calificó el informe de la UCO como una «relación de juicios de valor sin fundamento jurídico». «Tengo confianza en la Justicia y entiendo que cuando el juez no ha tomado iniciativa en estos meses es porque ha entendido que mi participación fue en calidad de vicepresidenta de la Asamblea y no era personal», señaló.

La situación en el Gobierno madrileño se agrava, porque también ayer dimitió el viceconsejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Ruiz, después de que el juez Velasco lo imputara en el caso Púnica. Ruiz era consejero delegado de la empresa pública Arpegio, investigada por la presunta financiación del PP madrileño, y que adjudicó más de 1.000 millones de euros a empresas mediante pequeños contratos. La UCO registró ayer el despacho de Ruiz en la Consejería de Medio Ambiente en busca de pruebas.

Tanto el PSOE como Podemos reclamaron a Ciudadanos que rompa su pacto con Cifuentes y no descartaron una moción de censura. Algo que el partido naranja rechazó por completo tras conocer que el juez no tiene intención de imputarla pese al informe de la UCO.

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