El Gobierno necesitará respaldo a las medidas que adopte para evitar que se celebre el referendo
30 may 2017 . Actualizado a las 07:22 h.El órdago independentista supone un desafío al Estado sin precedentes. Si el Gobierno impide, amparándose en la ley, la celebración del referendo, los secesionistas están dispuestos a romper con España de prisa y corriendo, en solo 24 horas, sin dejar margen de maniobra a la oposición. Lo quieren hacer no solo en contra de la Constitución y de las leyes, lo cual ya invalida per se su acción, sino por una mayoría parlamentaria que no representa ni siquiera a la mitad más uno de los votantes en las últimas elecciones autonómicas. Dicho a las claras, un disparate ilegal y antidemocrático. Frente a esta huida hacia adelante que solo lleva a la confrontación, los constitucionalistas deben responder con la unidad. Si hay ahora mismo un asunto que la hace imprescindible por su extrema gravedad es este.
El Gobierno pidió claridad
Hace unos días, el Gobierno pidió a Pedro Sánchez que clarificara cuanto antes su posición sobre Cataluña, la unidad de España y la soberanía nacional, después de que el nuevo secretario general del PSOE apostara por el reconocimiento de la plurinacionalidad. Sánchez ha respondido a ese llamamiento ofreciendo su apoyo a Mariano Rajoy para hacer frente al referendo que Carles Puigdemont tiene previsto convocar dentro de unos cuatro meses. De esta forma, el PSOE mantiene la posición que ha defendido tradicionalmente, antes y después de la caída de Sánchez, ante el desafío de los secesionistas, que ahora quieren acelerar al máximo la ruptura con España, de acuerdo con la ley de transitoriedad jurídica, cuyo borrador se filtró la semana pasada.
Resulta significativo que el nuevo líder socialista llamara a Rajoy para confirmar la posición de su partido horas antes de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, reuniera a los partidarios del referendo independentista para hablar sobre la fecha y la pregunta.
Impedir la consulta
El mensaje que quiso trasladar es que una cosa es la defensa de que España es una nación de naciones y otra muy diferente respaldar un referendo independentista ilegal. Se separa así radicalmente de la posición que sostiene Pablo Iglesias, partidario de que los catalanes se pronuncien sobre la ruptura con España.
La unidad constitucionalista es importante ya que el Gobierno podría verse obligado a tomar medidas para evitar que los separatistas saquen las urnas a la calle. En esta ocasión, según fuentes gubernamentales, no está dispuesto a permitir la consulta, como hizo en la del 9N. Lo más probable es que ordene a los Mossos que las retiren y que inste al Ministerio Fiscal a actuar penalmente contra quienes incumplan la ley a sabiendas. Incluso podría recurrir al artículo 155 de la Constitución, que supone de facto la suspensión de la autonomía catalana, ante lo que el catedrático de Derecho Constitucional Joaquín Varela califica como un «golpe de Estado».