Una Justicia sometida al poder político

Enrique Clemente Navarro
enrique clemente MADRID /LA VOZ

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Alberto Estévez | efe

Los independentistas ponen en cuestión la división de poderes mediante el control de los nombramientos de los puestos clave del poder judicial y de la selección de los jueces

03 jun 2017 . Actualizado a las 09:41 h.

Entre los planes de los independentistas está dinamitar uno de los principios básicos de cualquier sistema democrático, la división de poderes. El Gobierno catalán tendría un control total del poder judicial.

¿Quién administraría la justicia?

La Generalitat tiene actualmente amplias competencias en la administración de justicia, desde medios materiales y humanos hasta las prisiones, pero ni los jueces ni los fiscales están bajo su tutela, sino que dependen del Estado.

Según la ley de ruptura, «los jueces, magistrados, fiscales y letrados de la Administración de Justicia que sirvan en los órganos judiciales y la Fiscalía de Cataluña» continuarán en sus plazas, «manteniendo sus derechos económicos y profesionales», mientras que «los que pertenezcan a los cuerpos correspondientes al Estado podrán concursar en las plazas que se convoquen». La sala de gobierno del Supremo de Cataluña -sucesor del actual TSJC- sería la encargada de proponer el nombramiento de jueces y magistrados tras los procesos de selección. La comisión mixta formada por la sala de gobierno del Supremo catalán y por el Gobierno participaría en los «procesos selectivos de jueces y magistrados en los términos que fije la ley», sin precisar. Tras la declaración de independencia, los órganos judiciales estatales (Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional) dejarían de tener jurisdicción en Cataluña y sus competencias serían asumidas por tribunales catalanes.

¿Quién nombraría a los cargos judiciales clave?

La ley de ruptura establece que el fiscal general de Cataluña y el presidente del Tribunal Supremo catalán sean nombrados por el presidente de la Generalitat. En el primer caso tendría la misma potestad que el Ejecutivo español para designar al fiscal general del Estado. En el segundo, lo haría a propuesta de una comisión mixta, que sería el equivalente del Consejo General del Poder Judicial, pero más politizado, formada por el presidente del Supremo (que provisionalmente sería el presidente de la Sala de lo Civil), el ministro de Justicia catalán, cuatro jueces de la sala de gobierno del Supremo y otras cuatro designadas por el Gobierno. Esto garantizaría la designación del candidato propuesto por los secesionistas.

¿Qué suerte correrían los fiscales y jueces que trabajan en Cataluña?

Solo podrán seguir trabajando si solicitan la nacionalidad catalana. Los expertos prevén un éxodo de jueces y fiscales, cuyas bajas deberían cubrirse con nuevas plazas o con interinos, lo que de entrada provocaría un colapso de la justicia. Hay que recordar lo que dijo el juez y exsenador de ERC Santi Vidal, caído en desgracia momentáneamente. Un hombre con un gran ego, pero no un don nadie, ya que fue asesor de justicia de Artur Mas, colaboró en la redacción de la constitución catalana y se dedicó a entrevistar a abogados sensibles a la independencia para incorporarlos como jueces cuando se produjera la secesión Así se expresó en una de sus charlas: «De los 801 jueces españoles que hay en Cataluña sabemos perfectamente cuáles comparten nuestros sueños e ideales. Sabemos perfectamente quiénes se quedarán y cuáles se irán. Para el día siguiente ya sabemos con qué jueces podemos contar». Vidal calculaba que unos 300 jueces destinados en Cataluña serían partidarios de jurar fidelidad a esa república. E iba más lejos: «Sobre todo en los tres años que durará la transición, deben tener un compromiso absoluto. Y, por supuesto, habrá un organismo disciplinario externo a la judicatura».

¿Cómo valoran los fiscales y los jueces los planes independentistas?

Las asociaciones de fiscales coinciden en que la ley de ruptura es un ataque al principio de legalidad y parte de un principio de realidad jurídica inexistente para atacar la independencia del poder judicial. Concepción Talón, presidenta de la mayoritaria Asociación de Fiscales, considera que es un «ataque frontal» al Estado y a la división de poderes. «Se trata de una injerencia total y absoluta y de intentar dominar el poder judicial», afirma. Para Álvaro García, de la Unión Progresista de Fiscales, es un «delirio jurídico» que parte de una legalidad inventada. Asegura que controlar el poder judicial» es propio de sistemas totalitarios». Celso Rodríguez, de la Asociación Profesional de la Magistratura, sostiene que es inadmisible que los jueces puedan ser nombrados y destituidos por el presidente de una comunidad autónoma.

Al menos 250 nuevos jueces para la independencia

En Cataluña hay más de 600 juzgados, trabajan en torno a 830 jueces, 375 fiscales, más de 7.500 funcionarios judiciales y casi 5.000 funcionarios de prisiones. La Generalitat estima que debería reclutar al menos 250 jueces y 170 fiscales para que empezaran a ejercer cuando se declarase la independencia, ya que prevé que habría un éxodo masivo de los que actualmente trabajan en Cataluña.

Amnistía para Artur Mas y otros condenados

La ley de ruptura prevé amnistiar a los imputados y condenados por causas vinculadas al proceso independentista. Afectaría al expresidente Artur Mas, que fue inhabilitado dos años por el TSJC, a sus consejeras Irene Rigau y Joana Ortega y al exconsejero de Presidencia Francesc Homs, los cuatro por desobedecer al Constitucional en la consulta del 9N. La presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, también está imputada. Los juzgados catalanes asumirían los casos que actualmente tramitan el Constitucional, el Supremo o la Audiencia Nacional.