Las tres artimañas de las empresas de la construcción que dañan a sus trabajadores
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Las compañías han aprovechado la crisis para introducir fórmulas de contratación que les permiten reducir gastos a costa de los derechos laborales de sus empleados
16 jun 2017 . Actualizado a las 13:25 h.La construcción es la rama de actividad que más ha sufrido los rigores de la crisis. La afirmación no supone ninguna novedad, pero sí el hecho de que los trabajadores continúen pagando los excesos del sector en tiempos de supuesta recuperación. El derrumbe del subsector inmobiliario y la caída a mínimos de la licitación de obra pública ha abocado a muchas compañías al cierre. Otras han capeado el temporal y algunas han apostado por introducir fórmulas en su modelo de contratación con el objetivo de ahorrar costes. Las sociedades han generalizado la aplicación de tres tipos de argucias que bordean la legalidad. Como suele ser habitual, el perjudicado es el trabajador, que como alternativa al paro se ve obligado a aceptar unas condiciones con una importante pérdida de derechos.
El secretario general de MCA-UGT Asturias, Jenaro Martínez, explica que desde la federación, basándose en el trabajo que los inspectores realizan sobre el terreno, han diagnosticado tres frentes de «competencia desleal y fraude»:
-Falso autónomo: El falso autónomo es aquel trabajador que aunque formalmente parece un autónomo en verdad tiene todas las características de un trabajador por cuenta propia. Esta es la modalidad más extendida. Antes de la crisis, según explican desde MCA-UGT, la proporción entre trabajadores por cuenta ajena y autónomo era de 3 a 1. A día de hoy la proporción es 1,1 autónomos por cada 1 por cuenta ajena.
Las principales consecuencias para los falsos autónomos son que no se le aplica ni el Estatuto de los Trabajadores ni el convenio colectivo, por lo que no tienen ninguno de los derechos ahí reconocidos. Al falso autónomo se le aplica el derecho civil y el mercantil, como si fuese realmente un autónomo, y este derecho tiene mucha menos protección. Además percibe un salario, si no que tiene que facturar a la empresa. No hay nóminas, hay facturas.
-Excesiva subcontratación: Según explica Jenaro Martínez, son empresas que «no cumplen la ley» y que, por lo tanto, generan competencia desleal con las que sí la cumplen y con los trabajadores. Es una situación que, en su opinión, debe corregirse. «No vale que los que son incumplidores puedan estar en el mercado porque generan fraude tanto a los trabajadores como al resto de empresas», explica.
Al igual que ocurre con los falsos autónomos, los empleados de las subcontratas pierden derechos, ya que desempeñan su trabajo en condiciones laborales peores que las de los contratados directamente por la compañía, que ahorra costes al no ser responsable de esas personas. Les permite, por ejemplo, ser más flexibles a la hora de contratar o despedir personal.
-Empresas que encuadran falsamente a sus trabajadores. Es otra vía de competencia desleal, según el responsable de UGT. Al encuadrar a sus empleados en puestos que no se corresponden a la realidad, se les puede aplicar un convenio inferior al que les correspondería por ley. «Esto supone que se precarizan las condiciones de los trabajadores y se genera competencia desleal con las empresas que cumplen la legalidad», asevera Martínez. La consecuencia para los empleados, al igual que ocurre con las otras dos modalidades, es la pérdida de derechos, mientras que para las compañías supone un importante ahorro de costes.
La persecución de estas tres prácticas «nos ha permitido presentar, a través de delegados de prevención, alrededor de 400 denuncias -exactamente 356- en el periodo 2015-2016», concluye el secretario general de MCA-UGT.
Medidas para frenar las irregularidades
Todas estas artimañas de las empresas han provocado que los agentes sociales se hayan propuesto poner freno a los excesos. Para lograrlo, el Gobierno del Principado ha firmado con la patronal del sector (CAC), CCOO y UGT un convenio de colaboración que supondrá la intensificación del control por parte de los inspectores de trabajo en las compañías asturianas. El acuerdo tendrá una vigencia de dos años y servirá, según las partes implicadas, para sacar a luz estas irregularidades.
El año pasado la Inspección de Trabajo presentó 356 denuncias de este tipo, su récord histórico. Con el convenio actual, la previsión es que a lo largo de los dos próximos años afloren más casos y esto permita poner coto a los excesos.