O bien los supervisores no estaban a lo que debían o hay un plan establecido para que solo sobrevivan media docena de entidades
18 jun 2017 . Actualizado a las 17:27 h.El hecho de que el Banco Popular tuviese un problema de liquidez -no de solvencia, según dijo Luis de Guindos el 3 de abril, el 10 de abril, el 19 de abril y el 16 de mayo, y justificó también el BCE el 7 de junio- que ninguno de los reguladores supo resolver hace sospechar dos situaciones. O los señores supervisores -Banco de España, Mecanismo Único de Supervisión, CNMV- no estaban a lo que tenían que estar: vigilar las cuentas del Popular, su última ampliación de capital, investigar quiénes eran los especuladores que estuvieron jugando en bolsa con la caída del valor, respaldar a los pequeños accionistas, cuidar el mercado... O bien hay un plan establecido para que en el mercado español sobrevivan media docena de entidades. Hagan apuestas por lo segundo, incluso dudando de la competencia de los primeros.
Partimos de la base de que la reestructuración bancaria comienza en el 2009 y en ese momento hay en España 26 entidades, entre bancos y cajas. En el 2017 quedan 14 bancos. Es decir, la mitad, y ya con más del 15 % de los municipios gallegos sin una sola oficina bancaria.
En aquellos comienzos de la crisis (2007-2008 y siguientes) hubo algún político que en un comedor privado dijo: «Quedarán seis entidades». La profecía, parece, se va a cumplir.
Aunque no se lo crean, el problema que tienen los bancos en España está ligado a Internet. Los jóvenes -y siendo optimistas incluimos en esta catalogación a los consumidores que van desde los 17 hasta los 55 años y más- ya no van a las oficinas (excepto los que tienen mucho dinero) porque sus gestiones las realizan a través del ordenador, la tableta o el teléfono. En definitiva, sobran bancos, oficinas y trabajadores, por lo que alguien pensó que hay que salir a matar. Con tal de estar bien posicionado en Madrid o en Bruselas es suficiente para tener acceso al coto privado. Cuando la cacería haya terminado puede haber, o no, escandalera, pero eso ya no importará. Al Popular lo mataron en una noche, por la espalda y utilizando unas normas (bail-in, las pérdidas las asumen los accionistas, bonistas y depositantes, entre otros) que ahora se ponen en duda. Los políticos y tecnócratas que conoce bien el ministro De Guindos acabaron con el Popular sin tener ningún respeto a los 250.000 ahorradores -pequeños accionistas- que han perdido todo. Para matar, bastó una auditoría que en menos de una semana elaboró Deloitte y que todavía es secreta (¿la estarán haciendo aún ahora?), que certificaba que las necesidades del banco podrían estar entre 2.000 y 8.000 millones de euros.
El BBVA ofreció en noviembre por el Popular, bien o mal gestionado, 5.500 millones de euros, y Unicaja estaba dispuesta a pagar más de 3.000 millones. Al final, el Santander se lo quedó por un euro. Y nada más. Cerrará oficinas, deshará servicios centrales y pondrá en valor la cartera inmobiliaria de tal forma que la rentabilidad de la operación puede alcanzar el 20 % a medio plazo. El Santander aprovechará la ampliación de 7.000 millones para incluso elevar sus niveles de solvencia por encima de lo que necesitaría.
Negocio redondo y uno menos en el mercado.