El bono eléctrico, una ruina de cuatro millones para los concejos asturianos

Susana D. Machargo REDACCIÓN

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Pobreza energética
Pobreza energética

Un estudio alerta de las consecuencias que tendría el intento de Industria de endosar a los ayuntamientos el pago de las ayudas para evitar cortes de luz

21 jun 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

Más de 300 millones de euros en España, de los que algo más de cuatro serían necesarios en Asturias. Esta podría ser la factura del bono social eléctrico que los ayuntamientos tendrían que abonar si el Ministerio de Industria saca adelante el real decreto que está ultimando. La asociación estatal de directores y gerentes de Servicios Sociales alerta de que el Gobierno del PP quiere aprobar la medida a coste cero, colgarse la medalla de que evitar cortes de luz y endosar su coste a otras administraciones. El colectivo critica la norma en su conjunto, tanto el sistema de pago como los propios artículos, que considera repletos de lagunas, de corte paternalista y muy parcial, ya que garantiza el suministro de luz pero se olvida de otros muy importantes como el de gas. ¿Qué harán las familias con un sistema de calefacción que funciona con ese tipo de energía?

El proyecto de real decreto que está ultimando el Ministerio de Industria, Energía y Turismo incluye un bono social para los consumidores vulnerables de energía eléctrica. Regula las condiciones para obtener los descuentos, el tipo de ayudas y también las gestiones para evitar los cortes totales. Así habla de bonificaciones del 25% para las familias en situación vulnerable y del 40% si esa vulnerabilidad se considera severa. El artículo más controvertido para la asociación de gerentes es precisamente el que habla de acabar con los cortes de suministro. «La auténtica genialidad del ministerio y las eléctricas» es que se evitará la pérdida del servicio «a aquellos que acrediten su condiciones de vulnerabilidad severa y a los que, además, los Servicios Sociales hayan abonado la factura». Es decir, el requisito previo es que otras entidades públicas paguen el 50%. Serán las eléctricas las que informaran a los clientes de que si consiguen que les paguen la mitad, entonces mantendrán intacto el suministro. En el apartado del «impacto presupuestario», el propio ministerio reconoce que esta medida «no necesita de una dotación o de un incremento en las partidas correspondientes».

Colapso

La plataforma denuncia que esto supondría el colapso de los Servicios Sociales. Primero el económico. Después el laboral. Tendrían que pagar las facturas y también determinar qué familias son vulnerables, cuáles presentan una vulnerabilidad severa y, además, actualizar cada año, en función de sus ingresos, esta clasificación. El estudio realizado por el colectivo de directores y gerentes pone números a estas quejas.

De acuerdo a los umbrales con los que trabaja el Ministerio de Industria -que tienen especial consideración con las personas con una discapacidad superior al 33%, con las víctimas de violencia machista o de terrorismo- un total de 916.486 hogares podrían acogerse al bono social eléctrico. En el Principado, serían 13.148 familias las que tendrían unos ingresos por debajo de la media de renta necesaria para encontrarse en riesgo severo. El Gobierno calcula que solo el 45% se suscribirá al plan. Es lo que denomina «tasa de aceptación». La plataforma ve en este planteamiento una ingenuidad absurda. Está convencida de que los hogares en situación extrema recurrirán al bono, porque entre pagar un 100% o conseguir un descuento que alivie su economía, la mayoría optará por lo segundo.

El estudio de los directores precisa que esas 13.148 hogares asturianos serían acreedores de la condición de vulnerabilidad severa, esto supone que se convertirían en acreedores del suministro esencial, si no pueden abonar sus facturas. Si los Servicios Sociales asturianos se hacen cargo del 50% que les endosa Industria, con una factura media de 52 euros al mes, tendrían que pagar 4,1 millones de euros al año. Si la factura media se eleva a 60 euros al mes, entonces se dispara a 4,7 millones de euros. Reconoce que el informe que estas cantidades serían si el 100% de los beneficiarios potenciales dejara de pagar y se acogiera al bono social eléctrico, algo que tampoco es probable.