Por decreto y en pleno verano: Macron lanza la reforma laboral

Pese a que dispone de mayoría, el presidente francés persigue minimizar el coste político del debate en la Asamblea Nacional


parís / corresponsal

Por decreto, pese a tener mayoría absoluta en la Asamblea y aprovechando el verano para desbaratar los focos de resistencia que van a surgir. Emmanuel Macron lanzó ayer la reforma para liberalizar el mercado laboral que prometió durante su campaña presidencial, con la premisa de apurar los plazos al máximo para que tenga el menor coste político posible. El Consejo de Ministros aprobó las líneas maestras de un proyecto que ya le ha supuesto la convocatoria de una huelga que tendrá lugar en septiembre.

En Francia el Gobierno solo puede legislar por decreto con la autorización previa del Parlamento a través de la ratificación de una ley de habilitación. Los decretos deben ser luego validados por los diputados y los senadores para que adquieran fuerza legal. La ventaja es que la reforma se pone en marcha con mucha rapidez pero con el inconveniente de que el Legislativo no puede debatir ni modificar el texto, un procedimiento que le valió las críticas de los socialistas pese a que ellos mismos lo utilizaron varias veces la legislatura pasada

Según Colpisa, el proyecto aprobado ayer será examinado por el Parlamento del 24 al 28 de julio. Los decretos con el detalle preciso de las medidas serán redactados en agosto y enviados al Consejo de Estado a finales de ese mes, en pleno período de vacaciones, cuando la capacidad de movilización sindical es nula. La adopción definitiva de la reforma por el Gobierno se producirá como muy tarde el 21 de septiembre.

La pretensión de Macron consiste en realizar una versión francesa del modelo escandinavo de «flexiseguridad»: flexibilidad de despido para las empresas y en contrapartida garantías laborales para los trabajadores. «Queremos hacer una reforma que aporte más diálogo social y económico, más libertad y más seguridad», resumió la ministra de Trabajo, Muriel Pénicaud, que fue directora de recursos humanos en Danone y que, según Libération, es objeto de una investigación judicial por «delito de favoritismo, complicidad y encubrimiento» a Business France, una agencia pública que dirigió durante tres años.

De momento solo se conocen las orientaciones generales. Van encaminadas a ampliar los asuntos de negociación en las empresas en detrimento de los acuerdos sectoriales. También se pretende fijar un tope a las indemnizaciones por despido improcedente. Otros temas son la ruptura del contrato de trabajo, el despido por motivos económicos y la fusión de las distintas instancias representativas del personal, salvo los delegados sindicales.

Desde primeros de este mes hasta el 21 de julio el Gobierno ha programado 48 reuniones con las organizaciones sindicales y patronales, un cronograma del que se descolgó la CGT con un llamamiento a la huelga el 12 de septiembre para no «servir de coartada en el marco de un diálogo social trucado de antemano». La central comunista cuenta con el apoyo político de la izquierda radical representada por Francia Insumisa, cuyo líder, Jean-Luc Mélenchon, promete una oposición «completa», en el Parlamento y en la calle. Fuerza Obrera, también beligerante el año pasado contra la reforma socialista, se muestra ahora menos hostil. «La concertación va en la buena dirección», declaró ayer a Le Monde su secretario general, Jean-Claude Mailly. «A partir del momento en que se discute sobre el fondo, no veo razones para levantarse de la mesa», dijo.

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