Ha presentado hoy recurso de casación contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Baleares. Inicialmente se había informado de lo contrario
03 jul 2017 . Actualizado a las 18:49 h.La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado este lunes recurso de casación contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Baleares en el caso Nóos, en la que pide incrementar la pena a Iñaki Urdangarin.
La Audiencia de Palma le condenó a 6 años y 3 meses de prisión, pero la Fiscalía solicita un agravamiento de la misma en un recurso de 105 folios presentado por la fiscal María Ángeles Garrido.
La primera interpretación del recurso apunta a una petición de 14 años y medio, si bien existe otra alternativa que la limitaría a 10 años de prisión, sin que desde la Fiscalía se haya aclarado.
La fiscal cree que a Urdangarin se le debe condenar no solo por la malversación de caudales públicos del Forum Illes Balears de 2006, sino también por la cometida en el de 2005.
Según la primera explicación extraoficial de la Fiscalía, por lo ocurrido en 2005, el escrito pide una condena de 4 años y medio, cuando la condena fue de 2 años y 8 meses. Y por la organización del Forum de 2006, que no fue castigada por la Audiencia de Palma, solicita que se le condene a 5 años.
Pero la segunda interpretación englobaría esas dos peticiones en una sola, por un delito de malversación continuada, castigada con 5 años de prisión, de modo que la petición total sería de diez años.
En cualquier caso, no alcanza a los 19 años y medio que solicitó para él durante el juicio el fiscal anticorrupción Pedro Horrach.
Respecto al resto de los delitos, la fiscal María Ángeles Garrido cree que el delito de fraude a la administración por el que se le condenó a 7 meses de cárcel debe ser castigado con dos años de prisión.
Y solicita que se le mantenga la condena a un año de prisión por tráfico de influencias y de otro año por cada uno de los dos delitos contra la Hacienda Pública por los que fue condenado.
Petición de condena para cuatro de los absueltos
La fiscal también pide que se condene a cinco años y medio de prisión a Jorge Vela y a Elisa Maldonado, dos de los acusados en la rama valenciana del caso Nóos que fueron absueltos por la Audiencia de Palma, al considerar que cometieron delitos continuados de falsedad en concurso con prevaricación.
Jorge Vela fue director de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (Cacsa) entre 2005 y 2009, y Elisa Maldonado responsable jurídica de esa empresa pública propiedad de la Generalitat.
Además, la fiscal, en su recurso presentado este lunes, pide que se condene al exsecretario de Turismo de la Generalitat Luis Lobón a nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, y al director de Cacsa entre 2002 y 2005, José Manuel Aguilar, a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación sin continuidad.
Los cuatro, al igual que el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, fueron absueltos por la Audiencia de Palma de acusaciones que iban hasta los once años de prisión. El recurso de la fiscal no afecta a Alfonso Grau.
A los cuatro les acusa de resolver la firma de tres convenios entre la Generalitat y los gestores del Instituto Nóos, Iñaki Urdangarin y Diego Torres, «prescindiendo plenamente de las normas de procedimiento que regulan los contratos celebrados».
Así, la fiscal indica que tanto el convenio de 2004 para la celebración de la primera cumbre Valencia Summit, como las adendas de 2005 y 2006 para nuevas ediciones, se firmaron por Jorge Vela con el visto bueno de Luis Lobón y el informe jurídico de Maldonado, pero sin publicidad ni concurrencia.
A su juicio, los cuatro acusados conocían que la decisión de contratar con el Instituto Nóos era «injusta» y «arbitraria», por no obedecer a razones de objetiva capacidad ni criterios reglados de selección, y además la mantuvieron incluso después de las advertencias de la Sindicatura de Comptes en su informe de 2005.
Además, a Vela y Maldonado les imputa la falsificación de tres informes que justificarían por qué se contrató con Nóos sin los principios de concurso y de publicidad, que se elaboraron tras celebrarse los convenios y con el fin de dotar «a la decisión arbitraria de un ropaje de legalidad».
La fiscal indica que Maldonado, con el «expreso acuerdo» y a petición de Vela, elaboró los informes en los que se «trataba de avalar» la legalidad de los convenios de 2004, 2005 y 2006, pese a que no concurría ninguno de los requisitos para ello y se había omitido «todo procedimiento administrativo».
La fiscal destaca de ambos «la conciencia de la alteración de la verdad, con modificación de todas las fechas y la unión al expediente con posterioridad a la contratación, incluso a los pagos».
Por ello pide condenar a ambos como autores de un delito continuado de falsedad en concurso con un delito continuado de prevaricación, con una pena de cinco años y medio de prisión, una pena de 22 meses de multa y una pena de cuatro años y medio de inhabilitación.