La fiscal general mantiene el pulso a Maduro e imputa a otro de sus leales
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Luisa Ortega procesa al jefe de seguridad del Parlamento por el ataque de los chavistas
11 jul 2017 . Actualizado a las 09:37 h.La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, que puede perder su cargo mañana, continúa desafiando al Gobierno de Nicolás Maduro a través de las imputaciones de funcionarios leales al régimen chavista que está realizando. La última es la de Bladimir Lugo, el coronel de la Guardia Nacional encargado de la custodia del Palacio Legislativo, que hace dos semanas empujó al presidente del Parlamento, Julio Borges, y fue condecorado por ello, y que hace una permitió el brutal asalto del palacio por parte de manifestantes chavistas.
«El funcionario (Lugo) deberá presentarse en la fiscalía 49 con competencia nacional el próximo 13 de julio», señaló la Fiscalía en un tuit. Se le acusa de cometer una violación de derechos humanos en el caso del asalto al Parlamento (hay fotos donde se le ve permitiendo la agresión al diputado Armando Armas), por no garantizar la vida ni la seguridad de los diputados.
Amenaza de destitución
Ortega tiene sobre su cabeza la amenaza de una destitución por parte del Tribunal Supremo de Justicia, sin aval de la Asamblea Nacional, por haber designado a su vicefiscal, Rafael González, sin autorización del Parlamento, aunque este confirmó el nombramiento la semana pasada. El Tribunal Supremo, además de enjuiciarla (también sin autorización previa del Legislativo, que se requiere conforme a lo establecido en la Constitución) ha designado una vicefiscal, Katharine Harington, que comenzó sus actividades ayer, aunque se le impidió entrar a las oficinas del Ministerio Público, pues Ortega anunció que desacataba esa designación, así como todas las decisiones emitidas por el Supremo.
Dentro de la crisis institucional que vive Venezuela, Harington y el Ministerio Público se disputan ahora, incluso, los casos: ambos solicitaron, con unas horas de diferencia, que la Sala Penal del Supremo asumiera el caso de los 14 policías municipales de Chacao detenidos por estar supuestamente incursos en el homicidio de Ricardo Durán, un periodista de Venezolana de Televisión, la televisión estatal. Como era de esperar, el Supremo aceptó solo el recurso de Harington.
Huelga de hambre
Los policías tienen cartas de excarcelación de un tribunal de primera instancia desde septiembre del 2016, que el Sebin (policía política) se ha negado a cumplir. Además, desde hace una semana, ellos y sus familiares iniciaron una huelga de hambre para exigir su libertad. Se afirma que uno de los agentes perdió un ojo como producto de las torturas que sufrió en el Sebin, que dirige Gustavo González López, quien después de ser imputado, como Lugo, fue ascendido a mayor general (el cargo más alto del Ejército) por Nicolás Maduro, lo que hace que para enjuiciarlo se requiera un antejuicio de mérito, que depende del Supremo.
Los trabajadores del Ministerio Público están haciendo circular en las redes una carta en la que afirman que desconocerán la autoridad de Harington y de cualquiera que no sea Ortega. El Supremo debe decidir el miércoles si enjuicia a la fiscal general. Fuentes muy cercanas a Ortega afirmaron a La Voz que han recibido información de que el antejuicio está decidido, así como una orden de aprehensión para la funcionaria que se rebeló contra Maduro.
Más de un millar de detenidos en 101 días de protestas
Al menos 20 personas han resultado heridas, solo en Caracas, por fuerzas del orden, en el denominado «trancazo» que la oposición realiza en todo el país desde hace dos semanas, y que en esta ocasión duró diez horas, con cientos de cierres viales en la capital y en las calles y avenidas de las principales ciudades del país.
Además, el Foro Penal Venezolano, oenegé que da asistencia legal a los detenidos en las protestas, contabilizó al menos 15 arrestos, principalmente en San Antonio de los Altos, una ciudad dormitorio a 15 kilómetros de Caracas. Los mayores focos de represión se dieron en estas dos ciudades y en Barquisimeto, capital del estado Lara.
Según Foro Penal, durante los 101 días que han durado las protestas en Venezuela, el número de asesinados ya es de 92, hay 1.140 detenidos por protestar (aproximadamente uno de cada tres arrestados durante estos tres meses), y el número de presos políticos es de 431.
La duración de la protesta de ayer fue precedida de un cisma entre los dirigentes opositores y su público. Aunque inicialmente se había señalado que sería de diez horas, los dirigentes lo bajaron el domingo a dos, supuestamente para permitir la logística de un referendo popular que están organizando para este domingo 16 y que supone, según la oposición, «el acto de desobediencia civil más grande de la historia de la humanidad».
Sin embargo, las quejas de los opositores en redes sociales hicieron que la Mesa de la Unidad Democrática volviera a pedir a sus seguidores que se quedaran las diez horas en las calles.
La oposición afirma que con el referendo popular (amparado por la Constitución y que también ha avalado la disidencia del chavismo), doce millones de personas desconocerán la convocatoria a Asamblea Constituyente hecha por Nicolás Maduro. Este ya ha anunciado que considera ilegal el referendo y el domingo el Consejo Electoral, dominado por el chavismo, hará un simulacro para la votación prevista para dentro de dos semanas.
