Decreta un apagón informativo ante el «asedio» del Gobierno «por tierra, mar y aire»
20 jul 2017 . Actualizado a las 07:47 h.El Gobierno central y la Generalitat mantienen el pulso en torno a las decisiones que pueda tomar el Ejecutivo catalán que impliquen un gasto de dinero público en la organización del referendo independentista, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Pese a que la semana pasada el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, aseguró que ayer mismo se anunciaría la compra de las urnas para celebrar esa consulta y se desvelaría la fórmula a utilizar para su adquisición, el Gobierno catalán dio marcha atrás y no hizo ni una cosa ni otra. Se limitó a anunciar que, ante el «asedio» que el Gobierno central practica «por tierra, mar y aire con armas no convencionales», decretaba un apagón informativo sobre este proceso. El nuevo portavoz la Generalitat, Jordi Turull, explicó que los miembros del Gobierno autonómico habían «analizado y compartido los diversos itinerarios para la compra de urnas». «A partir de ahora, cuando las cosas estén completadas las presentaremos», añadió, sin dar ninguna explicación sobre el proceso de adquisición de esas urnas, más allá de que este se realizará «en el marco de la ley».
Para justificar esa marcha atrás en lo que suponía el más abierto desafío lanzado por el Gobierno catalán desde que se inició el proceso independentista, Turull solo señaló que el cambio en la política de comunicación se debía a la presión judicial sobre las decisiones del Ejecutivo catalán. «En este asedio que vivimos, los temas importantes los gestionaremos nosotros, y los comunicaremos cuando sea mejor para el objetivo de que la gente vote el 1 de octubre», indicó Turull.
«Se mira cualquier papel»
Las advertencias del propio Junqueras en el sentido de que irían adelante con el proceso diga lo que diga el Gobierno central se tornaron ayer en cautelas ante las posibles consecuencias. «Cuando tienes un Estado que te envía a la Guardia Civil a vigilar un acto político, no seremos ingenuos. Como los otros no explican nada, nosotros lo explicaremos cuando tengamos los itinerarios completos», señaló el portavoz de la Generalitat, que añadió a este argumento el de que «la democracia está en peligro».
Hace dos meses y medio, el Gobierno catalán convocó ya un concurso para la compra de 8.000 urnas que fue publicado en el boletín oficial de la Generalitat, al que la Fiscalía respondió con una querella contra la consejera de ese departamento, Meritxell Borràs, por desobediencia, malversación y prevaricación. Aunque el concurso quedó desierto, el proceso contra Borrás sigue abierto en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la jueza acaba de reclamar el expediente completo de aquella licitación. Con su nueva política de apagón informativo, la Generalitat quiere ganar tiempo y evitar que eso suceda de nuevo. «Estamos en una nueva fase en la que somos conscientes de que se mira cualquier papel que mueva este Gobierno», señaló Jordi Turull.
Desde la Generalitat aseguran, en todo caso, que la compra de las urnas se materializará en unos pocos días y que el proceso será «transparente». Y, respecto al hecho de que tras la última crisis de Gobierno en Cataluña sea ahora el vicepresidente, Oriol Junqueras, el que asuma la responsabilidad de «procesos electorales y consultas populares», y por tanto de la organización del ilegal referendo independentista, el portavoz le restó importancia y aseguró que «cualquier paso importante o necesario para el referendo será compartido y acordado por el Govern».
El Ejecutivo central advierte que sería un acto ilegal y que «tendrán que pagarlo ellos»
«Tendrán que pagarlo ellos». El Gobierno mantiene la presión sobre los responsables del Gobierno catalán alertando de las consecuencias que puede tener para su patrimonio personal el tomar medidas para celebrar un referendo de independencia desobedeciendo la prohibición expresa del Tribunal Constitucional. El portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, explicó ayer que comprar urnas para un referendo secesionista es «ilegal» y que por tanto estas no se podrán pagar con dinero público. «Siendo un acto preparatorio de un acto ilegal, ni un duro de los catalanes puede ir a eso. Por tanto, que asuman las consecuencias económicas de la ilegalidad que cometen. Tendrán que pagarlo ellos», señaló el ministro. La pretensión del Gobierno con este tipo de advertencias es que las consecuencias de los actos de los dirigentes independentistas queden «claras» y no puedan utilizar después argumentos como el de «no lo sabíamos» o «fueron unos voluntarios los que lo organizaron», como, según Méndez de Vigo, están haciendo en los juicios que afectan a la consulta celebrada el 9 de octubre del 2014.
Para el Gobierno, la dimisión del anterior responsable de los Mossos d’Esquadra demuestra la «deriva enormemente preocupante» en la que está el Gobierno catalán, ya que «purgan a aquel que no está de acuerdo» y «van de quebrantamiento de la ley en quebrantamiento de la ley». Añadió que, pese a todo, el Ejecutivo mantiene la «mano tendida» y desea que el Gobierno catalán «no siga por donde va».
