La principal patronal catalana tilda de golpe de Estado el proyecto de referendo
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Advierte que vulnera el derecho internacional y tendría consecuencias impredecibles
28 jul 2017 . Actualizado a las 08:01 h.Ya no son solo el Gobierno y las fuerzas políticas, la Justicia y las fuerzas de seguridad las que combaten el desafío a la legalidad de los secesionistas catalanes. A la oposición externa a Cataluña se suman cada vez mayor número de voces desde el interior de la comunidad. Si hace unos días eran un grupo de intelectuales, este jueves lo hizo la principal organización empresarial catalana, Foment del Treball. Y lo hizo con una contundencia desconocida hasta ahora, ya que calificó de «golpe de Estado» la proposición de ley del referendo que los soberanistas pretenden llevar antes del lunes al Parlamento catalán y cuyo texto fue presentado en un acto celebrado el pasado día 4 en el auditorio de la Cámara autonómica. Según el texto de la proposición, el Parlamento podría declarar la independencia de Cataluña de manera unilateral en un plazo de 48 horas desde la celebración del referendo en el supuesto de que ganase el sí, sin una mayoría cualificada y sin un mínimo de participación en la consulta.
«Enorme irresponsabilidad»
En un informe elaborado por la comisión jurídica de Foment del Treball se dice que de llevarse a la práctica lo previsto en la proposición de ley que Junts pel Sí y la CUP tienen intención de presentar este viernes o el lunes en el Parlamento catalán «supondría de hecho un golpe de estado jurídico contrario al derecho interno e internacional, y un ejercicio de enorme irresponsabilidad política de consecuencias impredecibles». Según un comunicado hecho público ayer por la organización empresarial, el derecho internacional no ampara el referendo de autodeterminación «porque solo reconoce el derecho de secesión en los procesos de descolonización y en los casos de graves vulneraciones de los derechos humanos», lo que obviamente no es el caso catalán. Además, añade otras graves lagunas de la proposición: no surge de un amplio consenso, no garantiza una campaña larga y con neutralidad, no determina cómo se elaborará el censo, no garantiza la composición plural de las mesas electorales y no impone una mayoría clara para validar los resultados. «El texto constituye una norma excepcional que como tal se sitúa por encima de las leyes del Estado español y de la doctrina del Tribunal Constitucional», lo que contraviene las previsiones de todas las organizaciones internacionales.
