El PSOE propone sancionar al cliente de prostitutas por violencia machista
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Intenta recuperar en el pacto de Estado que las menores puedan abortar sin permiso
28 jul 2017 . Actualizado a las 12:09 h.El PSOE pretende incluir en el pacto de Estado contra la violencia machista una nueva reforma de la ley del aborto para recuperar el derecho de las menores a interrumpir el embarazo sin necesidad de autorización de sus progenitores. Este es uno de los veinte votos particulares que ha presentado al informe de la subcomisión del Congreso, y entre los que incluye también la imposición de sanciones a los clientes de la prostitución. En total, Podemos, PSOE, Compromís y Ciudadanos han presentado 56 enmiendas a las 212 medidas del informe elaborado por la subcomisión, que será ratificado hoy por la Comisión de Igualdad del Congreso.
El Congreso aprueba este viernes el informe que servirá de base al pacto contra la violencia machista La portavoz de Igualdad del PSOE, Ángeles Álvarez, anunció que pretenden que se exima de la necesidad de consentimiento de los tutores legales para abortar a las jóvenes de 16 y 17 años siempre que hayan sido víctimas de violencia machista o intrafamiliar. En el año 2010, el Gobierno de Zapatero sacó adelante una ley de plazos en la que permitía la interrupción libre del embarazo durante las 14 primeras semanas de gestación. El punto que más controversia generó, dentro y fuera de las filas del PSOE, fue el que establecía la posibilidad de que abortaran menores de edad, pero mayores de 16 años, sin necesidad de autorización de sus representantes legales, en los casos en los que hubiera violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o una situación de desamparo.
El Gobierno de Mariano Rajoy impulsó en el 2013 una modificación de la ley para volver al sistema de supuestos. Es decir, el aborto estaría permitido en dos casos: si existía riesgo para la salud física y psíquica de la mujer o en caso de violación. Este proyecto finalmente fue retirado por falta de consenso, pero sí se reformó la ley para exigir el consentimiento de los tutores a las menores que quisieran interrumpir la gestación.
Contra la prostitución
El PSOE también quiere incorporar al pacto de Estado un marco legislativo que castigue el consumo de prostitución. Busca que se penalice el alquiler de habitaciones para la práctica de sexo de pago, el proxenetismo lucrativo y la demanda y compra de prostitución. Aunque desde la subcomisión ya se incluye en el informe la propuesta de creación de una ley contra la trata con fines de explotación sexual, los socialistas solicitan que se lleve un paso más allá el debate para vincular la prostitución y la trata.
Por su parte, Compromís incluye en su voto particular propuestas relativas a la prostitución. Pide que se prohíban los anuncios de prostitución en los medios. La coalición valenciana propone, además, que se equipare la indemnización de las víctimas de violencia de machista con la de las víctimas de terrorismo,
En Unidos Podemos echan en falta que las propuestas previstas en el informe no vayan respaldadas por garantías económicas que aseguren su puesta en marcha dentro de unos plazos concretos. Consideran necesario generar un nuevo marco legislativo, superando la ley integral contra la violencia de género, que haga posible luchar contra todas las formas de violencia contra las mujeres.
Principales enmiendas
Gestación subrogada. Los socialistas buscan que se incluya la gestación subrogada dentro de las formas de violencia contra las mujeres.
Declaración judicial. Solicitan la modificación del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dispensa a las víctimas de la obligación de declarar en contra de sus maridos o parejas de hecho. Pretenden que se restringa en los casos de violencia machista para evitar la impunidad del agresor por falta del testimonio.
Seguridad social. El PSOE pide una nueva norma para que la renta activa de inserción que perciben las víctimas de violencia machista coticen a la Seguridad Social. Con esto se pretende facilitar su acceso a la pensión de jubilación.
Pensiones alimenticias. Los socialistas demandan que se considere el impago de las pensiones alimenticias como un modo de violencia patrimonial o económica.