El Castigador hace aguas en Filipinas

Duterte usa la lucha contra las drogas para ocultar sus carencias como presidente

F. E.
REDACCIÓN / LA VOZ

Al presidente filipino Rodrigo Duterte solo hay algo que le estimule más que los focos mediáticos de medio mundo: aplicar su poder. Junto a otros líderes con tintes autoritarios como Erdogan, Trump, Putin o Xi Jinping, Duterte es una pieza más dentro del auge del populismo y del odio a los valores democráticos más elementales a escala global.

Ayer, el propio portavoz de la policía filipina, Ronald de la Rosa, tachaba de «advertencia» el asesinato de un alcalde y 14 personas durante una operación antidroga en el sur del país. Duterte Harry (en referencia a Harry el Sucio), también apodado el Castigador, ha demostrado que no iba de farol en campaña electoral. Duterte es más que fanfarronería y excentricidad. Ya lo demostró en sus 22 años como alcalde de Davao, la tercera ciudad del país, en donde hubo 1.400 asesinatos atribuidos a los escuadrones de la muerte que él mismo apoyaba.

Un año después de su apabullante victoria electoral, más de 7.000 personas han muerto en las operaciones contra la droga. De ellas, 3.119 lo han hecho a manos de la policía, investigada por el Senado por abandonar cadáveres en los hospitales. El resto de víctimas corresponden a grupos de vigilantes anónimos en busca de recompensa: 60.000 euros por un narcotraficante, 1.000 por un camello o un consumidor corriente.

La guerra contra las drogas no solo ha supuesto miles de muertos. Para Duterte, el éxito de su política queda reflejado en las clínicas de desintoxicación desbordadas o en las cárceles repletas de reclusos. Con una capacidad máxima de 20.399 personas, las prisiones filipinas albergan a más de 132.000 detenidos confinados a la espera de juicio. Mientras, en las calles el consumo de shabu, la droga local no ha disminuido: según la Agencia de Control de Drogas de Filipinas, su precio ha bajado desde la llegada de Duterte. 

Un parche contra la realidad

Hasta ahora, la estrategia de Duterte le ha reportado importantes cotas de apoyo social: alrededor de un 75 % de la población avala sus métodos. El propio Donald Trump le telefoneó personalmente para felicitarle y así de paso evitar el distanciamiento que se había producido con Obama, al que Duterte llamó «hijo de puta» en público.

Sin embargo, más allá de su enfoque antidroga, el balance de su primer año es dantesco: sin acuerdo con las guerrillas maoístas, advertido ayer por la ONU por las violaciones de los derechos de los indígenas, con el número de homicidios injustificados en aumento y con la reforma federal paralizada por el yihadismo. La toma el pasado 23 de mayo de la ciudad de Marawi, por el grupo yihadista Maute, afín a Estado Islámico, le llevó a decretar la ley marcial en Mindanao, una isla acostumbrada desde hace 40 años a la proliferación de conflictos armados. Los combates entre los islamistas y el ejército ya han ocasionado más de 550 muertos y 400.000 desplazados.

Con la oposición mermada y las proclamas de las oenegés ignoradas, Duterte busca rodearse de más poderes ampliando la ley marcial hasta diciembre. Todo con tal de camuflar su negligencia y dilapidar la democracia en Filipinas.

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