Delegados sindicales de UGT y CCOO y jubilados asturianos marcharán andando desde Gijón hasta Madrid
03 ago 2017 . Actualizado a las 20:59 h.Delegados sindicales de UGT y CCOO, junto a jubilados asturianos, marcharán andando desde Gijón hasta Madrid entre el 30 de septiembre y el 9 octubre para exigir unas pensiones dignas y que se revierta la reforma abordada en 2013. En total será una caminata de más de 480 kilómetros con la que pretenden presionar al Gobierno de Rajoy para que modifique su política actual. Ésta es una más de las marchas que CCOO y UGT han convocado en distintos puntos del país en una movilización de carácter nacional que coincidirá con una acampada en la Puerta del Sol de Madrid durante los días que se prolongue esta protesta.
Además de la marcha asturiana, que pasará por Gijón, Oviedo y Mieres, se han programado otras que partirán de León, Málaga o Santiago de Compostela. Esta marcha ha sido presentada por el secretario general de Federación de Pensionistas de CCOO, Francisco de Asís-Ángel García Alonso y su homólogo en UGT, Manuel Francisco Menéndez; la responsable del área de empleo de CCOO de la región, Úrsula Szalata y el secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero.
García Alonso ha recalcado que las pensiones están en riesgo por una «mala política» del Gobierno del PP y ha advertido de que se deben «solventar» los efectos de la reforma de 2013. Ha destacado además la importancia de las pensiones para las familias asturianas que sustentan sus gastos en ellas.
Por su parte, su homólogo en UGT ha declarado que no existe diálogo social con el Gobierno nacional en este tema y que además, no han recibido respuesta alguna a las propuestas sindicales presentadas. Menéndez ha advertido que la congelación y subida del 0,25 % de las pensiones en la región ha supuesto en muchos casos que el subsidio por jubilación no supere el salario mínimo interprofesional en Asturias. Asimismo, Javier Fernández Lanero ha insistido en que el problema de las pensiones no se debe a una «cuestión económica» sino política y que son «gastos obligatorios» que debe pagar el Estado.