Julio Fernández Gayoso sale de prisión

A Balseiro / C. Casares

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Emilio Moldes

El excopresidente de Novacaixagalicia tendrá que hacer trabajos para la fundación presidida por Carmen Avendaño

04 ago 2017 . Actualizado a las 23:11 h.

Julio Fernández Gayoso ha salido esta mañana de la prisión pontevedresa de A Lama, en la que está recluido desde el pasado 15 de enero. Condenado a dos años de cárcel como colaborador necesario en un delito de apropiación indebida en la entidad financiera, el expresidente de Novacaixagalicia tendrá ahora que desarrollar trabajos sociales «de forma altruista y sin contraprestación económica» en la Fundación Érguete de Vigo, tal y como lo acordó el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional José Luis Castro.

No obstante, Gayoso aún no tiene completamente cerradas sus cuentas pendientes con la justicia. Así se recoge en el auto dictado por el juez, una de ellas en el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y otra en el número 3.

El primer procedimiento penal corresponde a unas diligencias previas abiertas en el 2010, y aunque se desconoce con exactitud qué se investiga, fuentes consultadas lo vinculan con una operación urbanística financiada por Caixanova en el área de Vigo. La segunda causa, abierta en el 2015 por la magistrada Carmen Lamela, titular del juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia, investiga a la antigua cúpula de la entidad, con Gayoso al frente, por la concesión en el 2007 de un crédito inmobiliario de 67 millones para comprar terrenos en el municipio madrileño de Rivas-Vaciamadrid, que acabó con la dación en pago de las fincas en el 2010. 

La Fiscalía acusa a los antiguos directivos de la entidad financiera de administración desleal o apropiación indebida -por este último delito, en calidad de colaborador necesario, está Gayoso condenado actualmente en el caso de las indemnizaciones indebidas en la caja-. El Ministerio Público sostiene que la operación crediticia de Rivas pudo haber provocado un perjuicio patrimonial a la financiera inmobiliaria Proinova y a Caixanova, algo que los investigados negaron en diciembre del 2015, cuando la jueza les tomó declaración.