Paso adelante contra la violencia machista

maría iglesias / T. N. REDACCIÓN / LA VOZ

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NACHO GALLEGO | EFE

El pacto de Estado amplía el concepto de víctima y su protección, da apoyo continuado a la mujer sin necesidad de denuncia, y prohíbe que los maltratadores vean a su hijos

06 ago 2017 . Actualizado a las 09:57 h.

En lo que va de año, 34 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas y 44 lo fueron en el 2016, según datos del Ministerio de Sanidad. Estas cifras constituyen una evidencia de la lacra que representa la violencia machista, a la que se intenta dar respuesta mediante un pacto de Estado que incluye más de 200 medidas y un presupuesto de 1.000 millones de euros para los próximos cinco años. Es fruto de un acuerdo alcanzado tras seis meses de trabajo y 66 comparecencias de expertos en el Parlamento.

Trece años después de la entrada en vigor de la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y aprobada en el 2004, las lagunas de esa norma se han hecho evidentes, sin que hasta ahora se hayan tomado medidas para corregirlas. Con el informe para el pacto de Estado se pretendía identificar los fallos y carencias en la lucha contra la violencia machista y solventarlos. Algunas de las principales medidas acordadas son las siguientes. 

víctimas

Sin necesidad de denuncia previa. Serán consideradas víctimas de violencia machista y tendrán derecho a asistencia social y jurídica con independencia de que hayan interpuesto denuncia o no. La acreditación se podrá hacer a través de resoluciones judiciales, informes fiscales, atestados de la policía, informes médicos o psicológicos que declaren que la mujer ha sufrido cualquiera de las formas de violencia definidas en la ley. 

Apoyo 24 horas

Atención continuada. Establece la creación de unidades policiales que presten atención las 24 horas del día, todos los días de la semana, a las víctimas de violencia machista y que permitan la identificación de nuevos casos sin que medie denuncia. 

Convenio de Estambul

Ampliación del concepto de víctima. Se ampliará el concepto de violencia de género a todos los tipos recogidos en el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer, ratificado por España. Este texto reconoce como víctimas a todas las mujeres que sufran violencia -física, sexual, psicológica o económica- por el hecho de serlo y no exclusivamente a aquellas que hayan mantenido una relación afectiva con el agresor, como se establece actualmente en la ley integral. 

Protección a los menores

Se veta la custodia compartida. No se otorgará la custodia compartida en casos de violencia machista y se suspenderá el régimen de visitas en aquellos casos en que el menor haya convivido o presenciado situaciones de violencia. Se va un paso más allá de la ley integral, que recoge la cancelación de la custodia compartida como una posibilidad sobre la que el juez deberá decidir. Además, los hijos serán incluidos en las valoraciones de riesgo de las víctimas y se prohibirán las visitas de menores a padres en prisión por violencia machista. 

Modificaciones legales

Eliminación de la atenuante de confesión. Serán suprimidas las atenuantes de confesión y reparación del daño en los delitos que tengan que ver con violencia machista. Desde el Consejo General del Poder Judicial se había solicitado que se eliminase el eximente de confesión para estos casos, que rebajaba la pena. 

mejor formación

Instrucción específica para profesionales. Se potenciará la preparación de los profesionales implicados y en contacto con las víctimas buscando que conozcan las características, causas y consecuencias de la violencia machista. Se incorporará la formación con perspectiva de género en los estudios de los profesionales sanitarios y en los planes de especialidades del MIR. Se mejorará y ampliará la formación que se exige a los jueces en relación con esta materia. 

Explotación sexual

Impulso de una ley contra la trata. La lucha contra la trata se considera prioritaria en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, por ser un crimen no neutral en términos de género. Se buscará dar una respuesta integral y mediante compromisos de cooperación con los países de origen. Para ello, se elaborará una ley integral contra la trata. 

Críticas

Avances insuficientes. Pese a que son muchas las organizaciones feministas que reconocen el esfuerzo realizado para lograr el acuerdo, también son numerosas las carencias que se han señalado en el texto. Para la Plataforma 7N contra las violencias machistas, son insuficientes los veinte millones de euros anuales destinados a cubrir más de 8.000 ayuntamientos y, por el contrario, ven excesivos los cuarenta millones reservados a las medidas de la Administración central. Otra de las críticas que ha recibido el pacto tiene que ver con la escasa relevancia concedida a las asociaciones feministas, que reclaman participar en el planeamiento, seguimiento y evaluación de las medidas. Además, en 7N indican que el acuerdo adoptado no cubre la atención a la violencia sexual como exige el Convenio de Estambul. 

La no modificación del artículo 16 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pese a que fue aprobado como voto particular al texto, es otra las carencias señaladas desde la Fundación Mujeres. En este artículo se exime de la obligación de declarar contra sus maridos o parejas de hecho. En muchas ocasiones, las víctimas se acogen a este derecho y, ante la falta del testimonio clave de víctima, el agresor queda impune.

El acuerdo está pendiente aún de ser sometido a votación en el Congreso

El pacto de Estado contra la violencia machista deberá ser todavía votado en una de las sesiones plenarias del Congreso en septiembre. El texto elaborado por la subcomisión y los votos particulares que no fueron aprobados por la Comisión de Igualdad, y que las formaciones hayan decidido volver a presentar, serán debatidos y sometidos a votación en la Cámara baja. Una vez aprobado, el acuerdo será remitido al Gobierno para que, en un plazo máximo de dos meses, comience su aplicación. El Ejecutivo deberá someter el contenido a acuerdo con las comunidades autónomas, ayuntamientos, partidos políticos y otras entidades.

«Las expectativas que teníamos para el pacto eran más avanzadas»

Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, valora positivamente que se vuelva a llevar a la agenda política la violencia machista. No obstante, confiesa que esperaba un mayor nivel de innovación en las medias acordadas para el pacto de Estado. 

-¿Cuál de las propuestas cree que supone un avance?

-Todas. No hay ninguna medida que me parezca mal. Otra cosa es que las expectativas que teníamos desde las organizaciones sociales eran un poco más avanzadas. En ese sentido, mostramos preocupación en esa reiteración de medidas que ya son posibles y que lo que revelan es una mala aplicación de la ley actual. Por otra parte, esto es lo que venimos denunciando las organizaciones feministas desde el principio.

-¿Qué medidas echa en falta?

-He echado de menos algunas medidas en materia de justicia y de mejora de la atención judicial a las víctimas. Para nosotras ha sido una sorpresa que no se propongan algunas medidas de procedimiento judicial, como la modificación de 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

- Sobre el presupuesto para esos 5 años, ¿es suficiente o podría hacerse un esfuerzo mayor?

-La violencia machista ha demostrado ser un tema que precisa de muchos recursos y no siempre es posible. Cualquier dotación presupuestaria adicional es una buena noticia siempre que se ejecute de manera efectiva y adecuadamente. Esto es un compromiso y un mandato legislativo, ahora hay que estar pendientes de cómo se van destinar.

-¿Cree que el contenido del pacto va a conllevar un cambio en la situación?

-Recoge la buena dirección, pero quizás en la búsqueda de consenso se ha quedado corto. Lo que nos toca ahora es meter prisa a las instituciones, pedir a los poder públicos que intenten desde su posición poner en marcha algunas de las medias que se proponen. Ahora mismo tenemos a una mujer, Juana Rivas, que tiene que entregar a sus hijos sin que se haya resuelto una causa por violencia de machista, que es uno de los temas que se abordan en el pacto para evitar estas situaciones.