La UE declara la guerra a la obsolescencia programada

Cristina Porteiro
Cristina Porteiro BRUSELAS / LA VOZ

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María Pedreda

La Eurocámara quiere incorporar contadores de uso a los electrodomésticos para medir su vida útil; estudia también incentivos fiscales para quienes ofrezcan productos más duraderos

20 ago 2017 . Actualizado a las 19:57 h.

La «bombilla centenaria» ilumina desde hace más de 115 años los acontecimientos históricos más importantes del siglo XX y XXI. Ha sobrevivido al hundimiento del Titanic, a las dos guerras mundiales, la llegada del hombre a la Luna, el desastre de Chernóbil, la caída del Muro de Berlín o el atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York. Lo ha visto todo desde el cuartel de bomberos de Livermore (California), donde su luz todavía palpita las 24 horas del día frente a una cámara que graba cada instante de su dilatada existencia.

En 1901, cuando la bombilla fue fabricada, la consigna era fabricar productos duraderos. Hoy la Unión Europea es capaz de distinguir hasta cuatro tipos distintos de obsolescencia programada, una práctica que acorta de forma artificial la vida útil de los productos como los móviles, las lámparas o incluso los libros de texto para inducir al consumo y generar más beneficios a corto plazo. No es una leyenda urbana ni una teoría de la conspiración, es un problema para el medioambiente y para el bolsillo de los ciudadanos al que la Eurocámara quiere poner solución.

El pasado mes de julio, el Parlamento Europeo (PE) aprobó una resolución para pedir a Bruselas que ate en corto a los fabricantes: «Los datos sugieren que la vida media de ciertos productos se ha acortado», asegura la institución en referencia a un estudio holandés que certifica un descenso del 20 % de la vida útil de los productos desde el 2000 al 2005. Según un grupo de expertos alemanes, el coste para el usuario puede alcanzar los 110 euros al mes. Los móviles encabezan la lista de productos con mayor índice de reemplazo. En España se cambian a los 21 meses de media, aunque su vida útil se alarga más allá de los dos años y medio.

Es la «obsolescencia de estilo», motivada por campañas de márketing que inducen a reemplazar el terminal. «Mi primera lavadora me duró 20 años. Ahora no llegan a los cinco», se puede escuchar habitualmente en los hogares europeos. Los franceses, hartos de tener que reemplazar electrodomésticos, reformaron la ley en el 2015 para castigar estas trampas con multas de hasta 300.000 euros y penas de cárcel de dos años.

¿Qué propone la Eurocámara para terminar con la cultura del «usar y tirar»? En primer lugar, exigir a los fabricantes unos «criterios mínimos de resistencia» más allá del período de garantía. Para ello, se sugiere la incorporación obligatoria de «contadores de uso» en ciertos productos como los electrodomésticos y una etiqueta europea (voluntaria) que aporte al consumidor información sobre la durabilidad del producto, su diseño y oportunidades de reparación. «Los consumidores europeos apenas disponen de información acerca de la fiabilidad de los productos», admite el PE. Al menos el 77 % de los europeos prefieren arreglar sus electrodomésticos antes de lanzarse a comprar uno nuevo, según el Eurobarómetro. ¿Por qué la mayoría no suelen hacerlo? Largos períodos de reparación, altos costes de las piezas de recambio y componentes imposibles de desmontar.

Los fabricantes se las han ingeniado para no dejar otra salida al consumidor que extender la billetera. La UE conoce todas las artimañas y está dispuesta a estudiar la introducción de incentivos fiscales para quienes ofrezcan productos más duraderos, de segunda mano, de alta calidad y fáciles de arreglar, además de poner límite al uso de componentes «inamovibles» que obligan a reparar todo el ensamblaje. «Cuando un consumidor ve que un producto es un 30 % o un 40 % más barato, si no sabe nada de su vida útil, que el aparato se va a estropear al cabo de dos años en lugar de 10, es evidente que elegirá el producto más barato», denuncia el eurodiputado ecologista Pascal Durand, para quien lo más importante es cambiar la mentalidad del consumidor para que apueste por productos más sostenibles y duraderos. Es la filosofía de la empresa holandesa Fairphone. Todos sus móviles son perfectamente desmontables con un ligero movimiento de destornillador. Sus componentes pueden ser sustituidos con facilidad y el propio usuario puede arreglar el terminal sin tener que invertir largos períodos de espera.

En ese plan alumbrado por la Eurocámara también se incluye la posibilidad de crear un sistema independiente para medir la obsolescencia programada de los productos e introducir medidas disuasorias para los fabricantes.

Tirar o arreglar

Los cálculos de Bruselas indican que alargar la vida de un producto puede aumentar en un 1 % su valor añadido. Para la economía de la UE, eso se traduce en 6.300 millones de euros de beneficio frente a los 1.600 millones que genera un aumento del 1 % del consumo. Hay mucho terreno por explotar. Los móviles, libros de texto, juguetes electrónicos o la ropa alcanzan a durar tan solo dos años de media en la UE frente a los tres o cuatro años de los portátiles y bicicletas, los 5 o 6 de las cámaras y lavadoras y los 7 y 10 de los coches, televisores y neveras. Hoy, solo el 44 % de esos productos se arreglan cuando sufren alguna avería o desperfecto, aun disponiendo de servicios que ofrecen empresas como Regenersis, para asesorar al usuario a la hora de reparar los productos. El sector de la reparación está de capa caída. En los Países Bajos han desaparecido 2.000 empleos en siete años. En Alemania, el 13 % de los talleres de radio y televisión han echado el cierre en un solo año y en Polonia el número de reparadores ha caído un 16 % en dos años, según cifras de la Eurocámara, pero la UE quiere impulsar su modelo de negocio: «Supondría un potencial de empleo, una considerable reducción de los residuos y la contaminación, sin tener en cuenta la mejora del poder adquisitivo de los consumidores», insiste el PE, preocupado por la pérdida de confianza de los ciudadanos respecto de la solidez de los productos.

El plan alumbrado en Bruselas también incluye crear un sistema independiente para medir la obsolescencia

ilustración: maría pedreda