El comité de empresa denuncia el bloqueo en la negociación del convenio colectivo y la deslocalización de parte de la producción
01 sep 2017 . Actualizado a las 17:21 h.El presidente del comité de empresa de la factoría de CAPSA en Granda, Ramón Ángel Urbano, ha anunciado ocho días de huelga por parte de los trabajadores como medida de protesta por el «bloqueo» en la negociación del convenio colectivo, y por la «deslocalización» de parte de la producción e inversiones a la planta de Lugo, lo que deja a la sede asturiana sin un «plan industrial».
La huelga, que tendrá lugar los días 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19 y 20 de septiembre, tiene como objetivo denunciar el «recorte económico» al que la empresa quiere someter a sus empleados pese a los casi 14 millones de euros de beneficios registrados este mismo año. El propio Urbano ha explicado que, aunque CAPSA proyecta beneficios aún mayores para los próximos años, en la mesa de negociación plantea congelar la antigüedad de los trabajadores, eliminarla en los nuevos contratos o no tener en cuenta el IPC.
Los secretarios generales de SOMA-Fitag-UGT y CCOO de Industria, Jose Luis Alperi y Damián Manzano, han alertado sobre la «gravedad» de la situación por todo lo que «hay en juego» a nivel empresarial al «sacarse inversiones de Asturias» y con ellas reducir la «empleabilidad» de la región. El propio Alperi ha instado a CAPSA a «devolver a Asturias lo que Asturias le da», y ha advertido a los ganaderos de que esta deslocalización «inminente» en favor de los productores gallegos será también un «perjuicio al empleo y al medio rural».
Esta redistribución del trabajo ya tiene como consecuencia el traslado de la producción de 1,2 millones de litros semanales de leches enriquecidas a Lugo, y podría extenderse en los próximos meses a otras «líneas de envasado» e incluso traducirse en despidos en la planta de Granda, han asegurado.
Urbano ha insistido en la «voluntad negociadora» de los trabajadores y ha acusado a CAPSA de ser quien rompe la mesa de negociación al querer «recortar los derechos laborales y sociales» de sus 700 trabajadores. Manzano ha explicado que los partidos políticos en la Junta General del Principado ya han sido informados de la situación, y Alperi ha recordado a CAPSA que no puede «empeorar las condiciones laborales» de unos trabajadores que generan millones de beneficios. Ambas partes se encontrarán en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC), reunión prevista para el próximo martes en la que se intentará de nuevo desbloquear la situación y evitar los paros previstos.