Barcelona paraliza la cesión de locales para el referendo

Ada Colau pide al Govern que aclare cómo logrará garantizar la participación sin arriesgar a los funcionarios


La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha paralizado los trámites relacionados con los colegios electorales para celebrar el referendo independentista del próximo 1 de octubre, a la espera de que el Govern aclare qué hará para no poner en riesgo a la institución y los funcionarios.

Colau se lo ha hecho saber por carta al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tras la de éste a los ayuntamientos catalanes para que respondieran en 48 horas sobre su disposición para habilitar el dispositivo electoral. El portavoz del gobierno municipal y primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ha reiterado ante los medios «el pleno compromiso de Barcelona para que se pueda ejercer el derecho a participación» pero siempre que no haya riesgo «ni para la institución ni para sus trabajadores».

Colau recuerda en su carta a Puigdemont que en cuanto le llegó su petición ordenó al secretario general del Ayuntamiento que «se iniciasen los trámites ordinarios para comprobar la disponibilidad del dispositivo habitual que se pone en marcha en cualquier proceso electoral», lo que afecta a más de 260 colegios electorales y a más de 1.300 mesas electorales. Pero también recuerda al presidente de la Generalitat que todos estos trámites han quedado afectados por la suspensión del Tribunal Constitucional.

«Con toda tranquilidad y serenidad queremos que nos informen concretamente de qué piensan hacer», ha remarcado Pisarello, que ha asegurado que actúan con lealtad con la Generalitat, y ha insistido en que el compromiso del Gobierno de Colau para que la gente pueda participar continúa intacto. «No podemos fingir que no ha pasado nada, ha habido unas decisiones del TC», ha destacado Pisarello, que ha dicho que el Govern seguramente tenía previsto la posibilidad de que el tribunal y la Fiscalía actuaran de este modo y tenía pensado cómo proceder en este caso, algo que pide que comuniquen al Ayuntamiento. «Si el Govern tiene pensado concretamente qué significa continuar con su hoja de ruta, que no es nuestra hoja de ruta, debe explicarnos qué piensa hacer dadas las nuevas circunstancias sin, como han dicho, poner en riesgo a funcionarios y trabajadores públicos», ha reiterado el teniente de alcalde.

L'Hospitalet no cederá locales

La alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, ha rechazado ceder locales para el 1-O en esta ciudad -la segunda de Cataluña, con más de 250.000 habitantes. Núria Marín ha respondido a la carta que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, enviaron a los alcaldes en la que les comunicaba que prevén utilizar para el 1-O los colegios electorales habituales y les daban 48 horas para confirmar su disponibilidad.

Ayuntamientos catalanes que suman al menos tres millones de habitantes guardan silencio o ya han rechazado la cesión de los locales. Se trata, de además de Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat, de Terrassa, Lérida, Tarragona, Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, El Prat de Llobregat y Castelldefels.

El nexo entre todas estas localidades es la presencia del PSC en el equipo de gobierno, en algunas ocasiones en solitario y en otras compartiendo protagonismo con otras formaciones, algunas de ellas independentistas. Un caso llamativo de los municipios que guardan silencio es el de Castelldefels (Barcelona), donde la alcaldesa socialista, Maria Miranda, gobierna gracias a un acuerdo con Movem Castelldefels (la lista que lideraba ICV, junto con otros partidos), PDeCAT, ERC y Castelldefels Sí Pot (marca local de Podemos)

La disputa llega a los ayuntamientos

La Guardia Civil registra el coche de los trabajadores de una imprenta en la que, sospecha, se imprime material de votación
La Guardia Civil registra el coche de los trabajadores de una imprenta en la que, sospecha, se imprime material de votación

La Generalitat les da 48 horas para que decidan si colaboran, el Gobierno les advierte que sería ilegal y Ada Colau aún duda si cederá locales para la consulta ilegal

Una vez convocado el referendo ilegal del 1-O, y ante la disposición de los independentistas a desobedecer las suspensiones que dicte el Tribunal Constitucional, el siguiente paso en el pulso que mantienen el Gobierno y la Generalitat será el de la colaboración de los 947 ayuntamientos en la infraestructura necesaria para la celebración de la consulta. Por ello, uno de los primeros actos del Gobierno de Puigdemont fue escribir a todas las corporaciones municipales para que les indiquen, en un plazo de 48 horas, qué locales están dispuestos a ceder para convertirlos en colegios electorales. La respuesta del Gobierno no se hizo esperar.

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