Representantes de entidades civiles confían en que no haya consulta, pero piden medidas para impedirla
11 sep 2017 . Actualizado a las 07:18 h.Pese a que los secesionistas hacen más ruido, y por eso parecen más, muchas son las voces que les reclaman cordura desde la sociedad civil catalana. Y si los soberanistas apelan al discurso de que «es lo que quiere la gente», los miembros de organizaciones como Sociedad Civil Catalana, Federalistes d'Esquerra, Concordia Cívica y Sindicalistas contra el Referendo también se consideran gente. Así lo reivindican estas entidades, a las que pertenecen prestigiosos expertos juristas como Rafael Arenas, catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB); Joan Botella, decano de Ciencias Políticas en la misma universidad; Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional; y el histórico sindicalista de CC.OO. Pere López .
Referendo
No lo habrá. Teresa Freixes está convencida de que no habrá referendo porque «es una aberración jurídica, es ilegal y está suspendido por el Tribunal Constitucional». Otro tanto opinan Pere López -«las urnas, si las tienen, las requisará la Guardia Civil», asegura- y el profesor Rafael Arenas, quien afirma que «los funcionarios ahora saben que si participan tendrá consecuencias penales porque es un delito». Sin embargo, Joan Botella cree que «algo habrá, un 9N como mínimo». Entiende este catedrático que la llamada ley del referendo es un despropósito. «Está hecha con los pies, hasta tal punto que en su redactado inicial cada año el 1 de octubre habría que celebrar un referendo», destaca con sorna.
Ley de seguridad nacional
Control de los Mossos. Botella advierte que «si una Administración decide que no se siente vinculada, al final lo que algunos quieren que se plantee es el uso de la fuerza; no se trata de la responsabilidad individual de Puigdemont o de Forcadell, se trata de cesar o detener, y entramos en un escenario que no está escrito en ninguna ley». Arenas asegura que, con su aprobación, «es inevitable que los Mossos dejaran de depender de la Generalitat de una manera funcional». Los tres catedráticos consultados, así como Pere López, se inclinan por aplicar la Ley de Seguridad Nacional. Botella y Arenas tienen claro que se debería poner al frente de los Mossos a un representante del Gobierno español, porque son policía judicial, mientras que Freixes, en el mismo sentido, mantiene que hay que adoptar las medidas necesarias para restaurar la legitimidad. López cree que son «policía judicial y obedecerán».
Riesgo de disturbios
La amenaza de la CUP. Según Botella, el sueño de los separatistas es crear un conflicto violento con la esperanza de atraer la atención internacional para acudir a las instituciones europeas. Esto solo se soluciona con una llamada de Merkel a Rajoy y Puigdemont diciéndoles «me deben tres billones de euros, hagan el favor de dejarse de tonterías». Freixes cree que sí se convocarán manifestaciones, mientras que López opina que «habrá algún follón» y no descarta que «algún hiperventilado, como les llamamos aquí, haga alguna tontería». Para Arenas, sí existe el riesgo de disturbios. «Conozco bien como actúa la CUP en la universidad», dice.
CONSECUENCIAS
El silencio de las élites. Mientras López admite que los sindicatos reaccionaron tarde al desafío, Botella carga contra las élites «que no han sabido defender su papel en la economía, en la sociedad y en la política». Cita el silencio cómplice de sindicatos y de las grandes empresas. «No sabemos nada de la Caixa, sabemos de la junta del Barça que se ha manifestado incómoda con el proceso y ahora está en acoso y derribo para ser desplazada por otra más próxima. Tampoco la Iglesia ha dicho nada, y el abad de Montserrat se reunió con Junqueras durante tres horas. En todas las élites ha habido una actitud pasiva creyendo que este proceso no llegaría a ningún sitio; no sé si ahora sienten alguna inquietud», argumenta.
RESPONSABILIDADES
La fianza. Freixes considera normal que el Tribunal de Cuentas solicite una liquidación provisional a los implicados en el 9N, mientras Arenas se queja de que él denunció a Mas, Ortega y Rigau desde la SCC junto a la asociación de abogados catalanes por la Constitución, y solo al final se unió la Fiscalía. «Tenía que haber sido el Estado el que iniciase estas actuaciones», mantiene. Por su parte, el presidente de Federalistas ve sospechoso el anuncio coincidiendo con el pleno del Parlamento catalán. «Tengo dudas de si es inoportuno o es un error, pero en todo caso es infame; tampoco es un tribunal de justicia, en él están el hermano de Aznar, la exministra Mariscal de Gante y podrían haber pensado en los efectos de incendio de la opinión pública; a lo mejor solo fue coincidencia de calendario, y eso es peor, porque alimenta el victimismo», se lamenta.