Hacienda advierte de que los funcionarios no cobrarán si la Generalitat no aporta los datos

Oriol Junqueras anunció que seguirán actuando como si las cuentas no estuvieran intervenidas porque «no hay ninguna ley que ampare» el control por parte del Gobierno

Europa Press
Barcelona

La Generalitat ha anunciado su intención de seguir actuando como si sus cuentas no estuvieran intervenidas y comunicará por «vía administrativa y notarial» a las entidades financieras que no hay ninguna variación y que deben continuar relacionándose con «normalidad» con la administración autonómica. Ha sido Oriol Junqueras el encargado de anunciar este nuevo pulso con Hacienda, que le ha respondido advirtiendo de que si no cumple con la orden publicada en el BOE el pasado sábado por la que se intervienen las cuentas catalanas, el Estado no podrá pagar las nóminas de los funcionarios ni las facturas relativas a Educación, Sanidad y Servicios Sociales.

La Generalitat basa su posición en la presentación en las últimas 24 horas un recurso contencioso ante el Supremo tras la decisión del Gobierno de Rajoy de asumir el control de los gastos esenciales de Cataluña. En ese recurso se incluía una petición de suspensión de la aplicación de este acuerdo, es decir, de medidas cautelares, pero fuentes del tribunal han recordado que ese trámite obliga a dar traslado a las partes para que presenten alegaciones y que, en el caso de la parte demandada -la Abogacía del Estado-, ese plazo es de diez días, por lo que no se suspende la intervención.

Sin embargo, tras la reunión de este martes del ejecutivo autonómico, Junqueras ha alegado de forma reiterada que la admisión a trámite del recurso ya tiene «efectos suspensivos» sobre el acuerdo adoptado por el Ejecutivo central, por lo que la Generalitat seguirá actuando con «normalidad» en relación con la gestión de sus cuentas. Según Junqueras, «no hay ninguna ley que ampare» la intervención de las cuentas de la Generalitat, «ni desde el punto de vista legal» ni por «sentido común».

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha recordado horas más tarde que el Tribunal Supremo no ha tomado ninguna medida cautelar respecto al control de las cuentas catalanas y ha recordado a Junqueras que la admisión a trámite del recurso que presentó la Generalitat significa que «lo va a estudiar». Catalá ha mostrado también su satisfacción por que el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, haya acudido al Tribunal Supremo de España para «defender sus intereses».

Advertencia a los bancos

Hacienda, por su parte, ha dejado claro que si la Generalitat no responde a las medidas adoptadas por el Gobierno y no facilita los datos para poder pagar las nóminas y las facturas de los servicios fundamentales, los funcionarios no cobrarán y tampoco se atenderán el resto de los pagos.

Además, y ante la insinuación de Junqueras de que el Ejecutivo catalán podría abonar las nóminas, las fuentes consultadas han explicado que eso resultaría imposible porque todo se realizar a través de los bancos y éstos están advertidos de cómo deben proceder. «Cualquier orden de pago que se de a un banco contra las cuentas de la Generalitat tendrá que contar con el visto bueno de Hacienda», han avisado.

Las fuentes consultadas explican que, dado que las órdenes de pago de la Generalitat se tendrán que comprobar en Hacienda, deberían comenzar ya a enviar los datos si quieren que las nóminas se abonen a tiempo.

Además y según consta en la Orden de Hacienda del pasado 15 de septiembre, publicada en el BOE el día 16, es el «interventor general de la Comunidad Autónoma de Cataluña» quien debe comunicar, al menos mensualmente, los datos al Ministerio de Hacienda «en los términos establecidos por dicho Ministerio».

Así, la interventora de la Generalitat tendrá que entregar «una relación de acreedores con los que la Comunidad Autónoma tiene obligaciones pendientes de pago por importe equivalente al que le corresponde en su participación en las entregas a cuenta de los regímenes de financiación, indicando el capítulo y programa presupuestario al que corresponde y que necesariamente deberá ser uno de los previstos en los anexos I y II del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 20 de noviembre de 2015».

Esta comunicación y los listados tendrán que ir «firmados» por la interventora general de Cataluña «a través de los medios y condiciones que establezca el MINHAFP, junto con el certificado de que dicha comunicación cumple lo previsto» en la orden del Gobierno y «no se financia ninguna actividad no amparada por la ley, ni contraria a las decisiones de los tribunales».

Finalmente, el Estado, por medio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, ordenará los pagos correspondientes a través de los sistemas, procedimientos y medios que establezcan el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y el Ministerio de HAcienda, realizándose el pago al tercero acreedor, por cuenta de la Comunidad Autónoma.

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