Anticorrupción apunta a toda la cúpula del Popular por la quiebra de la entidad
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La Fiscalía insta al juez de la Audiencia Nacional a admitir una treintena de querellas
22 sep 2017 . Actualizado a las 23:07 h.La Fiscalía Anticorrupción acaba de dar un paso clave para iniciar una investigación contra la cúpula del Banco Popular, la que encabezó primero Ángel Ron y luego Emilio Saracho, procedimiento del que podrían derivarse responsabilidades penales. El equipo que dirige Alejandro Luzón ha informado al juez Fernando Andreu que está a favor de admitir las querellas presentadas por los afectados por la quiebra del Banco Popular, según confirman fuentes oficiales de esa administración. Es decir, que se muestra favorable a determinar si hubo responsabilidad por parte de los gestores. Deja fuera, en todo caso, a las autoridades del Banco Central Europeo, del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Banco Popular Portugués, según las mismas fuentes.
Hay alrededor de una treinta querellas penales presentadas ante la Audiencia Nacional, sin un patrón único. Las primeras llegaron apenas tres días después de que se ejecutara la resolución el banco. Entre los reclamantes estaban varios bufetes de abogados especializados en asuntos financieros, como Cremadres & Calvo Sotelo, y asociaciones de consumidores como la OCU. Fuentes de esta última aseguraban ayer desconocer si la suya ha sido una de las demandas que han propiciado esa interpretación de Anticorrupción. «En todo caso, es un paso importante para establecer responsabilidades, y eso es algo importante para los afectados», apuntaba un portavoz. Otra organización, Adicae, presentará su propia querella penal este lunes.
Anticorrupción da un paso que ahora tendrá que seguir el juez Andreu, el mismo que ha llevado toda la instrucción del caso Bankia, en el que los supervisores -la CNMV y el Banco de España- sí fueron inicialmente señalados.
El instructor tendrá así que determinar a quién termina llamando en este proceso, aunque las demandas apuntan principalmente a dos hombres: el gallego Ángel Ron y el madrileño Emilio Saracho, los dos últimos presidentes de la entidad. El primero fue el que anunció y ejecutó la cuestionada ampliación de capital de 2.500 millones de euros que salió adelante con el respaldo de casi todo el consejo; solo votó en contra el presidente de la Fundación Barrié, José María Arias, al considerar que no resolvía los problemas de la entidad. La demanda de la OCU apuntaba a Ron, a su consejero delegado Pedro Larena, y también a la firma auditora, PwC, por falsedad contable y estafa al inversor.
El segundo, Saracho, le relevó en febrero y las demandas presentadas (por ejemplo, la del despacho Durán y Durán) le señalan como responsable por ocultar a los accionistas la verdadera situación financiera de la compañía. En cuanto al consejo -que tuvo algunos cambios en los últimos meses- se le acusa de haber ejercido una «conducta fraudulenta conducente al engaño y la difamación de información contable falsa». En el consejo estaban desde el propio Arias hasta los inversores mexicanos Del Valle o las históricas familias vinculadas al Opus Dei. Algunos de ellos han presentado por su parte demandas contra la UE por la resolución del banco, la que acabó con su subasta exprés para el Santander por un euro.
¿Qué consecuencias puede tener esto? Por esta vía, nada tangible para los afectados, los más de 300.000 accionistas que el 7 de junio vieron esfumarse sus acciones. Pero sí puede tener consecuencias graves para los responsables, porque la decisión de la Fiscalía puede derivar en una investigación que termine sentando en el banquillo a los banqueros del Popular. Pero hasta que eso pase quedan meses, e incluso años, de instrucción por delante. Está también por ver de qué cargos se puede acusar a los ya exresponsables.
Las demandas que apuntan a este directivo gallego y a su consejo piden que se investigue un posible un delito de estafa a los inversores y falseamiento de cuentas tras reformularse las del 2016.
Las demandas contra este banquero y su consejo le acusan de un delito contra el mercado y los consumidores por uso de información relevante y por administración desleal.
El Congreso vuelve a pedir el informe completo de Europa que avaló la intervención
La comisión del Congreso que investiga la crisis financiera volverá a pedir el informe sobre la valoración de Banco Popular que ya había solicitado a la Junta Única de Resolución (JUR) y que esta ha rechazado remitir. Se trata de un documento clave para conocer todos los motivos, y las valoraciones que hizo la consultora Deloitte, que justificaron la intervención de la entidad el pasado 7 de junio. Todos los grupos han manifestado su rechazo por la decisión de la presidenta de la JUR, la alemana Elke König, y acordaron volver a insistir «fehacientemente» para que la autoridad europea remita al Congreso este informe.
El documento, solo desvelado parcialmente, apuntaba a un agujero en el Popular de entre 2.000 y 8.000 millones, según los dos escenarios presentados. Pero lo cierto es que se ocultó un tercer escenario, en el que el banco salía airoso. El informe también lo han reclamado accionistas afectados para poder articular sus demandas con todos los datos, pero sigue oculto.
La presidenta de esta comisión de investigación, la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas, recibió una carta de la presidenta de la JUR en la que denegaba al Congreso el envío de este informe, alegando que «socavaría los intereses comerciales» de la entidad, hoy en manos del Santander. Es el mismo argumento que siempre han dado las instituciones europeas. Todo ello a pesar de que, según informaba ayer El Mundo, la propia Oramas se comprometía ante König, cuya comparecencia también han pedido varios grupos, a no hacer público el informe y compartirlo solo con portavoces de la comisión.