Libertad con cargos para el «número dos» de Junqueras y el resto de detenidos por el referendo

El Gobierno catalán cesa a Josep Maria Jové para evitar pagar la sanción de 12.000 euros diarios y disuelve la sindicatura electoral tras las multas del Constitucional

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Libertad con cargos para todos los detenidos por el referendo del 1-0 Más de 2.000 personas se concentración a las puertas de la Ciudad de la Juticia para exigir la libertad de todos los detenidos

El Gobierno catalán ha decretado este viernes el cese del secretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, tras el «despropósito» de que el TC le prevea imponer una multa diaria de 12.000 euros por la organización del 1-O, por la que también está detenido desde el miércoles. Jové, hasta ahora número dos de Economía, ha quedado en libertad con cargos con la obligación de comparecer semanalmente. 

El objetivo es «proteger» ante esta decisión del TC, ha dicho el consejero de la Presidencia, Jordi Turull, en rueda de prensa tras un Consejo Ejecutivo extraordinario del Gobierno catalán. El también portavoz del Gobierno regional ha lamentado que el TC «ordenaba ayer al señor Jové una serie de acciones cuando él está detenido y es imposible que las haga».

«Básicamente lo que le pide es 'o te autoinculpas o multa cada día de miles de euros», lo que Turull ha tachado de despropósito absoluto, y por eso le han cesado. También ha constatado «un reconocimiento y un agradecimiento profundo y una absoluta confianza» de todo el Gobierno catalán hacia Juvé, cuyas funciones se asumirán desde ahora en la Generalitat como determine Junqueras, responsable de la Vicepresidencia y de Economía.

A primera hora de la tarde, llegó el anuncio de que la Generalitat ha pedido a la Sindicatura Electoral de Cataluña -creada por el Parlament para ejercer de junta electoral para el referéndum- que se disuelva y ceda sus funciones a entes públicos, académicos e internacionales observadores del 1-O. La decisión también obedece a las multas diarias de 12.000 euros para cada uno de los cinco miembros de la Sindicatura y de 6.000 para cada síndico si no desisten de organizar el referendo. Precisamente la finalidad de las sanciones era obligar a que se cumpla la resolución del TC, de modo que solo se aplican de forma efectiva si se persiste en el incumplimiento a partir del día siguiente de que el BOE. La Sindicatura Electoral está compuesta por los juristas Marc Marsal, Marta Alsina y Josep Pagès, y los politólogos Jordi Matas y Tània Verge; y además hay síndicos territoriales.

Turull ha asegurado que «ninguna coacción de estas, ningún despropósito, por muy grande que lo quieran hacer, frenará nada» en el compromiso del Gobierno catalán, que es responsable en su conjunto del 1-O, ha dicho. «El responsable del referendo, por mandato del Parlament, es el Govern», es decir, el presidente, el vicepresidente y todos sus consejeros, que asumen todas las responsabilidades.

Según Turull, lo ocurrido con Jové no tiene precedentes y será «un ejercicio práctico de lo que no es el derecho en las facultades», y ha explicado que todas los detenidos tienen si quieren la asistencia jurídica garantizada de la Generalitat.

Al ser preguntado sobre si prevén que la acción judicial y policial del Estado pueda llevar a la detención de algún consejero y hasta del presidente, ha respondido que desconoce qué pasará, pero «del Estado, menos política y diálogo, se puede pensar de todo».

«Estamos tranquilos porque ninguna coacción ni intimidación parará nada. Esto ya está en manos de la gente», y no ha querido revelar si los catalanes recibirán las tarjetas censales para votar el 1-O, reiterando que según qué informaciones las sabrán todos los ciudadanos al mismo tiempo, viendo -ha añadido- cómo se trata a terceros.

El juez deja libres a todos los detenidos por el 1-O

La destitución de Josep Maria Jové se conoce en la misma jornada en la que el número dos de Economía del Govern ha pasado a disposición judicial, junto a otros de los cinco detenidos por los preparativos del referendo.

El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha dejado en libertad con cargos a todos ellos, entre ellos a los altos cargos del departamento de Economía Josep Maria Jové y Lluís Salvadó.

Después de que ayer la Guardia Civil dejara en libertad con cargos a ocho personas, hoy el juez lo ha hecho otras seis, entre ellas Jové y Salvadó, de forma que las catorce personas detenidas anteayer por organizar este referendo suspendido por el Tribunal Constitucional están en libertad provisional.

En un principio, el juez imputa a todos los detenidos los delitos de malversación, desobediencia y prevaricación, aunque en las órdenes de detención la Guardia Civil atribuían a algunos de ellos el de sedición, castigado con penas de hasta 15 años de cárcel.

Tanto a Salvadó, que es también secretario general adjunto de ERC, como a Jové, ambos parte del núcleo duro del departamento de Economía que dirige Oriol Junqueras, les ha impuesto la obligación de comparecer semanalmente.

Efe

El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y varios consellers y cargos de ERC se han desplazado hasta la Ciutat de la Justícia para apoyar a Salvadó y a Jové, cuyas defensas han solicitado la recusación del juez instructor por cuestionar su imparcialidad, una petición que resolverá la Audiencia de Barcelona.

Los seis detenidos que han pasado hoy a disposición judicial se han acogido a su derecho a no declarar ante el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. No han contestado, por tanto, ni las preguntas de la Fiscalía ni las del propio juez instructor, que mantiene la causa bajo secreto de sumario.

Tras comparecer ante el juez, han quedado libres, también con la obligación de presentarse semanalmente en el juzgado, Rosa Maria Rodríguez Curto, directora de servicios de T-Systems, y Pep Masoliver, director del área de información de la fundación Punt.cat.

También han quedado en la misma situación el responsable de Estrategia e Innovación del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat, Josuè Sallent, y el trabajador del Consorci d'Administració Oberta Juan Manuel Gómez.

En su causa, el magistrado investiga si el Govern ha gastado en los preparativos del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional los 6,2 millones de las dos partidas presupuestarias que el Parlament aprobó para la consulta y que fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional (TC). 

 

El juez investiga si la Generalitat ha destinado 6,2 millones al referendo

La Voz / Agencias

La Guardia Civil atribuye al «número dos» de Junqueras un presunto delito de sedición

El juez que ordenó la operación policial por los preparativos del referendo investiga si la Generalitat ha destinado a su organización partidas presupuestarias de 6,2 millones de euros que el Parlament aprobó para la consulta y que fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional.

En un auto de entrada y registro de la operación lanzada ayer, el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona encarga a los guardias civiles que intervengan cualquier indicio sobre «actuaciones encaminadas al desarrollo de las Estructuras de Estado e independencia de Cataluña».

Concretamente, el juez busca documentación relacionada con las dos partidas presupuestarias, que suman 6,2 millones de euros, que fueron aprobadas el gobierno catalán para la celebración del referendo y, posteriormente, suspendidas por el Constitucional.

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