Considera insuficiente el acuerdo alcanzado por un grupo de trabajo dirigido por la gallega Pilar Cancela
28 sep 2017 . Actualizado a las 14:13 h.Un capricho del calendario motivó que en pleno desafío secesionista en Cataluña, con el Hemiciclo dividido en dos, los diputados hayan ofrecido una pequeña tregua gracias a la aprobación en el Congreso del pacto de Estado de violencia de género. No se ha logrado la unanimidad de la Cámara, ya que finalmente los representantes de Podemos se han abstenido, los únicos junto a Bildu.
Este acuerdo supone el visto bueno a 213 medidas que se reparten entre el ámbito institucional, educativo, laboral, judicial, de asistencia y de visibilización, y que en materia económica significará un incremento de 1.000 millones de euros durante los próximos cinco años.
La socialista gallega Pilar Cancela, presidenta de la Comisión de Igualdad, fue la encargada de introducir al pleno el espíritu del acuerdo, que fundamentó en dos ejes principales: «Las propuestas derivadas de las comparecencias (en la subcomisión creada en febrero) y de las propuestas derivadas de los propios grupos en la Cámara». La máxima responsable de esta subcomisión puesta en marcha en febrero, tampoco se quiso olvidar de las aportaciones de plataformas y colectivos civiles que contribuyeron a su cincelado.
Ángela Rodríguez, diputada de En Marea, defendió desde la tribuna de oradores la postura de Podemos y sus confluencias, al considerar que este pacto «no tiene garantías», algo que justificó por desconocer cuándo se pondrá en marcha y los fondos que irán destinados al mismo, «porque no va en los Presupuestos Generales del Estado», criticó.
La portavoz socialista Ángeles Álvarez elogió la unidad conseguida en torno a esta propuesta capitaneada por su compañera Cancela, a quien agradeció públicamente su desempeño, y aprovechó su intervención para exigir que si el Gobierno es incapaz de aprobar los Presupuestos, se habilite «un crédito extraordinario no inferior a un quinto de los mil millones».
Un aspecto que sí gozó con el visto bueno de todas las fuerzas parlamentarias, incluido el de Podemos y sus confluencias, fue la introducción de una reforma en la ley que regula esta materia para que también se consideren víctimas a las madres cuyos hijos fueron asesinados por sus parejas con el objeto de causarles daño.