Mandos del operativo policial recelan de los colegios precintados por los agentes autonómicos: «Todo fue una encerrona pactada»
02 oct 2017 . Actualizado a las 19:20 h.La Fiscalía está estudiando «las posibilidades legales de tratamiento» de los hechos ocurridos durante la operación policial para impedir la votación del referendo ilegal del 1-O en Cataluña, en relación a «todos los hechos y partícipes».
A la espera del resultado de ese análisis sobre el alcance legal de lo ocurrido ayer en Cataluña y los posibles delitos que puedan imputarse a los «partícipes», la Fiscalía decidirá definitivamente cuál será su actuación. Sindicatos de la Policía y asociaciones de la Guardia Civil lamentaron la «escandalosa» actuación y «vergonzosa ligereza» para impedir la celebración del referendo de los Mossos d'Esquadra y anunciaron acciones legales contra su responsable, Josep Lluís Trapero.
Dos de las tres asociaciones de fiscales han acusado a los responsables del Govern y del Parlament catalán, y también a los Mossos, de poner en peligro el Estado de derecho al incumplir las leyes y las resoluciones judiciales. En un comunicado, la Asociación de Fiscales -mayoritaria en la carrera- y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han denunciado que lo ocurrido ayer pone de manifiesto «el desprecio y desafío hacia el Estado de derecho» por parte de sus gobernantes. A su juicio, no solo los responsables del Govern y del Parlament han incurrido en «la inobservancia de las leyes y de las resoluciones judiciales», sino también las fuerzas de policía autonómica.
Diferencias entre las asociaciones de jueces
Las asociaciones de jueces tienen puntos de vista diferentes sobre las consecuencias que podría acarrear a los agentes de los Mossos, concretamente la de aquellos agentes que no impidieron el uso de colegios para la votación del referéndum independentista.
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Celso Rodríguez, ha recordado en declaraciones a Europa Press que cualquier cuerpo policial se convierte en policía judicial cuando recibe el mandato de un juez, y que los Mossos tenían ayer la orden de impedir la celebración del referéndum con el cierre de colegios electorales, por lo que deberían haberla cumplido. Aunque Rodríguez ha dicho que quiere ser muy respetuoso con el trabajo de los jueces catalanes que ya han abierto diligencias por esto, también ha reconocido, ante la pregunta de si se les podría imputar delito de desobediencia, que «no pinta demasiado bien» para los agentes que incumplieron la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Además, el portavoz de la asociación conservadora de jueces ha mencionado que algunos mossos podrían haber cometido delito de resistencia por los enfrentamientos que protagonizaron con Policía Nacional y la Guardia Civil. «Hay varias figuras de delito que al menos son dignas de investigación», ha resaltado Rodríguez, quien considera que las seis causas abiertas en Cataluña por la actuación de los Mossos deberían acumularse en un mismo juzgado --concretamente en el primero que abrió diligencias-- para ser investigadas en una misma pieza.
En términos similares se ha pronunciado el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), Raimundo Prado, quien ha manifestado que, «como siempre», confían en las decisiones de los jueces, que son los que pueden determinar si los agentes han cometido o no delito con su actuación. En cualquier caso ha rechazado hacer una valoración política de la acción de los Mossos durante el 1-O y ha insistido en que si se ha puesto en peligro o no el Estado de Derecho es una investigación que compete a los jueces catalanes «que van a cumplir con su obligación pese a la difícil situación en la que se encuentran», ha dicho. Así, ha insistido en la necesidad de que las instituciones protejan al Poder Judicial «en todos los sentidos» porque en el momento en que se impidiera la actuación de los jueces ello implicaría una vulneración «flagrante» del Estado de Derecho.
La presidenta del Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez, también ha recordado que los Mossos tenían «un mandato judicial» y que estaban obligados a cumplirlo, por lo que ella sí cree que en su actuación del 1 de octubre «hay una desobediencia» puesto que tuvieron una «postura pasiva». No obstante, ha dicho que todo va a depender de la interpretación de los jueces catalanes que ya han incoado diligencias y de si se pueden acreditar los hechos durante la investigación de la actitud de los agentes autonómicos.
A diferencia de la APM, el Foro Judicial Independiente no cree que se deban acumular las causas en un mismo juzgado, ya que hay «independencia judicial» y son diligencias abiertas en lugares diferentes contra diferentes personas, pues en cada población actuaron unos agentes concretos.
Por su parte, Jueces para la Democracia (JJpD) es la única que tiene un punto de vista diferente, ya que considera «complicado» que la actuación de los Mossos d'Esquadra pudiera conllevar la comisión de un delito de desobediencia y recuerda que el cuerpo tenía la obligación de cumplir con la orden de la juez del TSJC Mercedes Armas, pero teniendo en cuenta que había que mantener la seguridad ciudadana.
El portavoz de la asociación, Ignacio González Vega, ha precisado a Europa Press que no cree que existan responsabilidades más allá de las políticas que se pueden atribuir a los dirigentes catalanes y que a él le consta que los agentes han cumplido el mandato judicial dado a Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional de impedir este domingo el uso de colegios y locales públicos para la celebración del referéndum. En cualquier caso, descarta que con su actuación los agentes de la policía autonómica hayan hecho peligrar el Estado de Derecho porque entiende que sí cerraron algunos colegios y retiraron urnas para evitar la votación ilegal.
«Todo fue una encerrona pactada»
Mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil al frente del dispositivo de seguridad del referéndum ilegal del 1 de octubre han mostrado su recelo ante las cifras difundidas por la Generalitat de Cataluña sobre el número de centros de votación precintados por los Mossos d'Esquadra, señalando a parte de sus mandos por su connivencia con las organizaciones independentistas. «Todo fue una encerrona pactada», han explicado en declaraciones a Europa Press.
Tanto mandos policiales como sindicatos y asociaciones profesionales de guardias civiles han calificado de «vergonzosa» la actuación de los Mossos bajo la dirección del mayor, Josep Lluís Trapero.
La evaluación que hacen los encargados del dispositivo coordinado, por mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), por el coronel de la Guardia Civil y alto cargo del Ministerio del Interior Diego Pérez de los Cobos es que los Mossos pudieron cerrar colegios -«160 o puede que incluso más, quién sabe a estas alturas»- debido a la «enorme confusión creada, a sabiendas, por la Generalitat».
Se refieren de esta forma a que hubo colegios que, en los cambios anunciados sobre la marcha, finalmente no abrieron sus puertas. «Otros muchos fueron infrautilizados porque la masa de votantes se concentró en aquellos colegios en los que, vía redes sociales, se avisó que serían cerrados por la Policía y la Guardia Civil», explican estas fuentes.
«Los Mossos tenían en muchos casos el trabajo hecho para dar la apariencia de eficacia», denuncian los mandos, ironizando sobre el hecho de que, encima, luego fueran «premiados» por los propios 'supervisores' que habían sido nombrados por sorpresa por la Generalitat.