Sus socios catalanes de Sí que es Pot abren una vía para burlar la suspensión del Constitucional del pleno del lunes en el que Junts pel Sí y la CUP pretenden declarar la independencia
06 oct 2017 . Actualizado a las 12:37 h.El Tribunal Constitucional (TC) volvió a dar ayer un varapalo a las pretensiones independentistas al anular el pleno de la Cámara catalana convocado para el próximo lunes en el que el presidente Carles Puigdemont tenía previsto comparecer para explicar los resultados del referendo ilegal del 1-O y sus consecuencias. Un subterfugio para, en realidad, proclamar la independencia de Cataluña. Siempre que la división interna de los secesionistas lo permitiera, claro.
Tras esta suspensión, Catalunya Sí que es Pot (CSQEP), conglomerado electoral en el que está incluido Podemos, salió en auxilio de los independentistas presentando otra petición de comparecencia de Puigdemont para que «analice la situación política en Cataluña después del 1-O», sin referencia alguna al referendo ilegal, una argucia en el texto firmado por Joan Coscubiela con el fin de sortear al Tribunal Constitucional para que se pueda celebrar el pleno del lunes.
La iniciativa conlleva que hoy se reúnan de urgencia la Junta de Portavoces y la Mesa del Parlamento catalán para estudiar la nueva petición, que sustituiría a la de Junts pel Sí y la CUP. La suspensión del pleno solicitado por estos dos grupos y anulado por el Constitucional va en la línea de las medidas acordadas por los magistrados cuando dejaron sin efecto las leyes de referendo y transitoriedad e instaron a la Mesa a paralizar cualquier actuación derivada de la hoja de ruta independentista.
El pronunciamiento de ayer del tribunal se produjo tras admitir a trámite un recurso de amparo del PSC, que avisaba de que JxSí y la CUP habían convocado el pleno amparándose en el artículo 4 de la ley del referendo, suspendida también por el TC. Los socialistas consideran que no se puede hacer un pleno citando este artículo, ya que la ley no está en vigor y el artículo 4 establece que el Parlamento catalán declarará la independencia en las primeras 48 horas después de ser proclamados los resultados oficiales de la consulta ilegal, que, por cierto, cuatro días después no se han facilitado.
El engaño de Forcadell
Desde el independentismo, y, lo que es más grave, desde una institución como la Cámara catalana, su presidenta, Carme Forcadell, criticó al tribunal por adoptar una medida sobre un pleno que, según dijo, no está formalmente convocado. «Suspender plenos que no están ni convocados es la nueva oferta de diálogo» del Estado, quiso ironizar, pero ella misma el día anterior había afirmado: «Convocado el pleno del Parlamento catalán para el lunes 9 de octubre a las 10 horas para que el presidente explique los resultados y efectos del referendo».
No solo eso, el propio Parlamento catalán emitió un comunicado el martes anunciando la comparecencia del presidente tras haberlo aprobado la Mesa y la Junta de Portavoces y el mismo día abrió el período para gestionar las acreditaciones de prensa. Siendo generosos, podría pensarse que la intención era convocarlo y todavía no lo ha sido «formalmente», como apuntaron desde de la presidencia de la Cámara catalana. Pero la página web del propio Parlamento de Cataluña también lo anuncia. «El presidente de la Generalitat comparecerá delante del pleno el lunes a las 10 horas para valorar los resultados y los efectos del 1-O». Y continúa diciendo que Puigdemont comparecerá a solicitud de Junts pel Sí y de la CUP, según han acordado por mayoría la Mesa y la Junta de Portavoces.
Ciudadanos, PSC y PP no asistirán a ese pleno suspendido por el Constitucional, que apercibió a Forcadell y al resto de los miembros de la Mesa de «las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento». Pese a la suspensión, la Asamblea Nacional Catalana instó ayer a la movilización de los independentistas para arropar desde la calle el pleno, si llega a celebrarse.
La RAE insta al Gobierno a defender la democracia
La Real Academia Española expresó ayer su «apoyo a la Constitución de 1978» ante lo que califica de «graves acontecimientos que amenazan la convivencia pacífica de España», y pide al Gobierno que «defienda por cuantos medios legales tenga a su alcance» la democracia. En un texto aprobado ayer en su sesión plenaria, la RAE apela tanto al Gobierno como a los líderes políticos y sociales para hacer «frente al intento secesionista que amenaza la integridad territorial del Estado».
Rajoy advierte a Puigdemont que «evite males mayores»
Mariano Rajoy recurrió ayer a una entrevista concedida a la agencia Efe, de propiedad pública, para advertir a Carles Puigdemont que renuncie a su intención de proclamar el lunes de independencia de Cataluña, porque es la única manera de «evitar males mayores».
El presidente del Gobierno reitera una vez más que solo hay una salida a la situación en Cataluña, que pasa por el respeto a la legalidad. «Pasa por suprimir el proyecto de hacer una declaración unilateral de independencia y por cumplir, como hacen todos los ciudadanos, los preceptos legales; eso es lo que puede evitar que se produzcan males mayores en el futuro y eso es lo que está pidiendo toda la sociedad», recalca Rajoy.
Insiste, asimismo, en que no permitirá «de ninguna de las maneras» la independencia de Cataluña, aunque no desvela las medidas previstas ante una declaración unilateral y sobre las que señala que «hay opiniones para todos los gustos». Lo que sí está claro es que esas medidas se analizarán en el Consejo de Ministros de hoy. Algunas ya se saben, como la de facilitar el cambio de domicilio de las empresas catalanas. Otras, quedarán a la espera de lo que haga el Gobierno catalán, para responder a cada paso que dé.