En opinión del constitucionalista progresista, «que Cataluña se secesione no es un trauma incurable, ya que nuestra Constitución lo permite, pero debe hacerse respetando el procedimiento. Si no se respeta, en el Estado de derecho hay que aplicar la ley sea quien sea el infractor».
06 oct 2017 . Actualizado a las 13:09 h.¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Es evidente que en Cataluña existe un profundo sentimiento nacionalista que no puede negarse y que ha sido recurrente en todas las fases constitucionales de nuestro país. En 1978, el problema de los nacionalismos catalán y vasco no se cerró, sino que se dejó latente a través del Estado de las autonomías (imitación del Estado integral de la Segunda República), que no fijaba las competencias territoriales, dejando la cuestión en manos de la posterior aprobación de los Estatutos de Autonomía y sus posibles reformas. La propia apertura constitucional en un tema tan sensible como la organización territorial del Estado hizo que el tema quedase latente, pendiente de que en cualquier momento volviese a germinar. Como concesión al nacionalismo, por una parte se diferenció en el artículo segundo entre regiones y nacionalidades, cuestión que, más allá del mero nominalismo, servía para satisfacer siquiera mínimamente a la minoría vasca y catalana de que sus territorios se diferenciaban de los demás, aspecto este que siempre han querido llevar por bandera. En el caso del País Vasco, además, se reconoció un sistema de financiación autonómica específico, basado en el derecho foral, que es el llamado régimen de concierto. Desde mi punto de vista, todo lo anterior forjó en primera instancia los pilares de la actual situación: las históricas aspiraciones nacionalistas, unidas a una Constitución que no zanjó el asunto (por ejemplo federalizando el Estado) y un concierto vasco que los catalanes siempre han envidiado. A estos elementos se fueron añadiendo posteriormente otros factores que, aunque pudieran parecer de menor relieve, jugó un papel determinante. La reforma del Estatut contó con el beneplácito del entonces gobierno de Zapatero cuando la mayoría de los constitucionalistas ya habíamos advertido que resultaba manifestamente inconstitucional. El resultado fue el previsible: el Tribunal Constitucional anuló buena parte de sus artículos y, con ello, generó un mayor clima de frustración entre el nacionalismo catalán.
Un segundo factor adicional que ha repercutido es la progresiva pérdida de protagonismo de CiU en las Cortes Generales: durante la última legislatura de José María Aznar llegaron a ser el grupo en el que el Partido Popular se apoyaba para gobernar, pero en las legislaturas posteriores ese papel de fulcro de los partidos políticos catalanes ha ido desapareciendo y han quedado, por tanto, recluidos a su espacio natural de actuación, que es Parlamento catalán. Por si fuera poco, CiU vio reducidas sus expectativas también en éste debido a la emergencia de partidos (supuestamente) de izquierdas (y digo supuestamente porque a mi modo de ver la izquierda y el nacionalismo son incompatibles) que, debido a la crisis de los partidos tradicionales, acabaron quitándole una parte importante de electorado. En esa tesitura, CiU optó por la supervivencia alineándose con esos partidos radicales (ERC y CUP) en el único punto que tenían en común: el nacionalismo. Y en un intento de esconder todos sus trapos sucios (caso Pujol) y su incapacidad para dar una solución a la crisis económica, utilizó el discurso del miedo que, por otra parte, es tan habitual entre la derecha: la culpa siempre es de los otros, de los de fuera, que roban y que agudizan la crisis de modo que, sin ellos, Cataluña sería un paraíso.
Si todo lo anterior es importante para entender la actuación política, habría que explicar también el por qué del apoyo social al idependentismo. Lógicamente es un asunto muy complejo, que no puede solventarse de forma superficial, pero al menos conviene tener presente algún dato. El nacionalismo había arraigado tradicionalmente en el ámbito rural (basta comprobar cómo el PSC gobernó en Barcelona durante años) porque, aparte de representar una mentalidad provinciana, es típicamente de derechas. No debemos olvidar que el movimiento más vindicador de los fueros y de las particularidades regionales ha sido el carlismo. ¿Por qué sociedades tan cosmopolitas como la de las grandes urbes (en especial Barcelona) fueron alineandose con los planteamientos nacionalistas? A mi modo de ver ello es el resultado en muchos casos de un cambio generacional. Uno de los grandes errores del Estado de las Autonomías ha sido ceder a las comunidades autónomas las competencias educativas. En territorios como Cataluña, esa competencia sirvió claramente para adoctrinar a la generación de jóvenes que a día de hoy habla mal el castellano (y lo digo por experiencia: he leído trabajos de profesores universitarios catalanes que están escritos en un catellano lamentable) y a los que se les ha enseñado principalmente la historia de Cataluña (y sólo ella) y de forma absolutamente sesgada y con planeamientos victimistas. Cuando a los niños se les dice que Cataluña era una nación rica y próspera, y se identifica España con el sitio de Cataluña y poco más, no debe extrañar que, convertidos en adultos, no se sientan españoles. Lo curioso es que hablan del adoctrinamiento ideológico del franquismo (que fue obvio) y no mencionan que esa misma situación es la que se ha vivido estos años de democracia en Cataluña. Y todo adoctrinamiento es malo, venga de donde venga.
¿Qué se puede hacer para solucionarlo?
Ojalá tuviera una idea, siquiera aproximada de la solución, de algo que escapa ya a cualquier cálculo, tanto político como jurídico. En términos constitucionales lo tengo claro: creo que el Presidente del Gobierno ya tendría que haber puesto en marcha el artículo 155 de la Constitución antes incluso del 1 de octubre. Ello le habría permitido intervenir directamente sobre Cataluña e impartir órdenes directas a los Mossos d’Esquadra sin necesidad de que interviniese la Policía Nacional y la Guardia Civil) y habría desoficializado totalmente el referéndum ilegal. A partir de ese momento, la verdad es que no me importaría que los ciudadanos pusiesen urnas en la calle y votasen con papeletas de cartulina, o grabateadas en un folleto de IKEA: sería ejercicio de libertad de expresión, pero su validez jurídica sería nula. De ese modo, nadie en el ámbito internacional daría credibilidad a ese acto, que no tendría ningún respaldo oficial, y el Estado habría al mismo tiempo demostrado que no le importa que la gente vote, aunque como ejercicio de libertad de expresión y no como ejercicio del derecho a participar en asuntos públicos (que es lo que se hace en un referéndum).
Si finalmente, como todo apunta, se inicia la declaración de independencia unilateral, creo que el uso del art. 155 sería inevitable. Entiendo que se tenga recelos a su empleo, pero a la postre es menos agresivo, después de todo, que emplear la vía penal como se ha estado haciendo (de forma por otra parte ajustada a derecho). Teniendo en cuenta que, por otra parte, la vía penal no es incompatible con el uso del artículo 155: al margen de la aplicación de este último, entiendo que la Fiscalía debe ejercer acciones penales contra los miembros del gobierno catalán por desobediencia a las resoluciones judiciales. Desde luego, con el Código Penal en la mano, y teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, Puigdemont, Junqueras y el Gobierno en pleno podrían ser encausados por un delito de sedición, que se castiga con hasta 15 años de pena privativa de libertad.
Asegurado el orden constitucional, lo lógico sería pensar en abrir un diálogo con los partidos nacionalistas, como dicen Pedro Sánchez o Iceta, pero creo que resulta de una ingenuidad aplastante. Ya han dejado claro que no quieren saber nada que no sea darles una independencia a la que erróneamente creen tener derecho y que no respalda ni nuestra Constitución (que permite la independencia, pero mediante la reforma constitucional, no a través de una declaración unilateral ni un referéndum), ni tampoco el derecho internacional. ¿Se puede hablar con quienes llevan a gala desobedecer las órdenes de los tribunales e incluso negarles cualquier legitimidad? No hay diálogo posible; ojalá no fuera así, pero los políticos que ahora mismo están al frente del Govern son radicales con los que cualquier salida que no sea incurrir en un acto inconstitucional va a resultarles inadmisible. Por otra parte, el previsible encausamiento del Govern radicalizará aún más si cabe la postura de los nacionalistas, lo cual debe ser indiferente para el Estado de derecho, en el que hay que aplicar la ley, sea quien sea el infractor. Puigdemont critica al rey, pero parece querer disfrutar de su misma inviolabilidad.
A día de hoy nuevas elecciones catalanas, como propone Ciudadanos, no servirían para aclarar el panorama, sino quizás para empeorarlo, porque en la situación tensa que se ha vivido estos días no hay un sosiego adecuado para votar con raciocinio. Aun así, votar a un nuevo Parlamento sería un acto totalmente constitucional, legítimo y verdaderamente democrático, cosa que no ha sido el referéndum. Y parece que una vez finalizada la aplicación del art. 155, con el Gobierno catalán en pleno procesado, la convocatoria de nuevas elecciones deviene casi obligada. Luego habría que ver cómo lidiar con los resultados, en los que creo que es más que previsible una mayoría amplia de las fuerzas independentistas. Si así fuera, entiendo que lo que habría que negociar con ellas es que se independicen por vía del artículo 168, es decir, mediante reforma constitucional. Quizás no debiéramos considerar como un trauma incurable el que Cataluña se secesionase ya que nuestra Constitución lo permite. Pero debe hacerse respetando el procedimiento. Así pues, que presenten una iniciativa de reforma constitucional, que contará seguramente con el apoyo de Podemos y es posible que incluso del actual PSOE. Eso sí, por parte del Estado central habría que ser inflexible en las condiciones de esa independencia para que Cataluña pague por las obras públicas estatales que ahora tienen a su disposición y asuma la deuda que tiene contraída con España. Si el proyecto de reforma constitucional fuese aprobado por el Parlamento catalán (en fase de iniciativa) y por las Cortes (en fase decisoria), habría que esperar a la decisión final del pueblo español, que es el titular de la soberanía nacional y el que, por tanto, puede decidir en última instancia sobre la segregación de parte de su territorio.
Lo que no es admisible es que cuando un procedimiento normativo no gusta a los políticos se prescinda de él. Por el mismo motivo uno podría negarse a pagar impuestos alegando que parte de ellos se emplean en el Ejército y que él es pacifista. Sin cumplimiento de las normas no hay democracia y esa idea tan cacaraeda hoy en día por algunos de que votar es democrático es de una ignorancia total. ¿Acaso llamaríamos democrático a que colocásemos urnas en la calle para decidir si expulsar de España a todos los extranjeros? Una votación sin censo, sin transparencia, en la que se puede votar en cualquier mesa sin un control adecuado…, en fin, sin procedimiento, ¿qué tiene de democrático? También durante el franquismo se votaba, y había una ley de referéndum: supongo que a Puigdemont y Junqueras les parecerá, por tanto, que Franco era un excelso demócrata. Los extremos, como se ve, se juntan irremediablemente.