La tensión generada en torno al referendo ilegal del 1-O ha dejado al descubierto la manipulación ideológica y el acoso que se practican en algunos colegios de Cataluña
14 oct 2017 . Actualizado a las 09:24 h.Cuando el filósofo, catedrático, escritor y académico barcelonés Félix de Azúa (1944) afirmó hace unos años que se iba a vivir a Madrid, que se marchaba de Cataluña para que su hija pequeña no fuese escolarizada y educada en el odio a España y a lo español, fueron muchos los que se rasgaron las vestiduras y lo acusaron de haberse situado en posiciones de extrema derecha, que lo tildaron de exagerado, de apocalíptico. La idea, sin embargo, ha regresado estos días a los debates, los medios de comunicación y las plazas, espoleada por lo que viene sucediendo en los colegios catalanes en estos últimos tiempos, y en particular alrededor de los hechos acaecidos en torno a aquel aciago 1-O.
En las jornadas previas a la votación ilegal y durante la intervención de policías y guardias civiles por orden judicial en espacios de la Administración autonómica, como la sede de la Consejería de Economía, ya se percibió el ansia por movilizar a los menores en las protestas en contra de la presencia de los que los separatistas consideran como «fuerzas de ocupación». Entonces, no fueron pocos los centros escolares que desde su dirección facilitaron a los alumnos -e incluso incentivaron descaradamente- la inasistencia a clase para que participaran en las concentraciones y acciones de acoso a los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, que actuaban contra una iniciativa declarada anticonstitucional.
Las universidades
En la misma tarea que escuelas e institutos pusieron, por razones obvias de ilegitimidad, cierta sutileza maquiavélica, las universidades perdieron todo disimulo -en su caso, la mayoría de sus pupilos son mayores de edad- con abiertos llamamientos, incluso desde el rectorado, a levantar la voz en las calles a favor de un referendo que había suspendido el Tribunal Constitucional. Y hasta la propia Guardia Urbana de Barcelona admitió que los universitarios eran los protagonistas en las manifestaciones.
Pero es que también salieron a la luz ejemplos de centros de enseñanza secundaria obligatoria -como los de la localidad de Olot- que enviaron a los padres circulares para que estos pudiesen firmar la autorización que permitiese a sus hijos dejar el instituto a las 13.30 horas para incorporarse a la protesta que se preparaba frente al Ayuntamiento, para «defender la democracia y la libertad» y el supuesto derecho a decidir. Argumentaban esta necesidad en virtud de que los últimos acontecimientos en relación con el asedio judicial contra el 1-O no les habían dejado indiferentes: «Es por eso que hemos decidido organizarnos y movilizarnos desde las aulas», admitían sin recato alguno.
No sorprendería a muchos lo que ocurrió en el propio fin de semana en que estaba fijada la cita con las urnas. Con el consentimiento del Gobierno de la Generalitat que encabeza Carles Puigdemont -que asumió temporalmente el control de los centros educativos para eximir de toda responsabilidad a la dirección, el consejo escolar y los profesores-, los activistas organizaron en las instalaciones escolares todo tipo de actividades de ocio, lúdicas, competitivas y de convivencia en los días previos (viernes, sábado y domingo) para evitar que se clausurasen los edificios que debían jugar el papel de sedes de votación electoral. Allí se instalaron y durmieron personas bajo la organización de entidades independentistas, que no dudaron incluso en involucrar a menores en esta ocupación de muy dudosa legalidad -y no menos perversas intenciones- y que está en el origen de las lamentables imágenes que se produjeron en la mañana dominical y que dieron la vuelta al mundo.
Imágenes de violencia
Porque, pese a que agentes de los Mossos d’Esquadra se pasaron por los colegios para reconvenir a estos grupos para que dejasen las instalaciones a las seis de la mañana del 1-O, este abandono no se produjo y fue el desencadenante de las escenas de violencia que se produjeron. Los activistas formaban parte de la red orquestada que suministró las urnas y las papeletas necesarias para que el referendo suspendido se pudiese celebrar. Del mismo modo, defendieron los recintos escolares del intento de policías y guardias civiles de acceder al interior para incautarse del material previsto para la votación y clausurar las dependencias en atención a las órdenes judiciales.
Fue ahí, en ese acoso y hostigamiento a las fuerzas de seguridad del Estado -en tácticas claramente premeditadas-, donde los agentes acabaron empleando a los equipos antidisturbios, para salvaguardar su propia integridad física e intentar ejercer la labor que tenían encomendada: impedir la celebración del referendo del 1-O.
Más allá de algún exceso en esta actuación policial, durante una situación de máxima tensión, las imágenes mostraban también cómo personas de la tercera edad e incluso niños aparecían en primera fila para boicotear la intervención de los agentes.
La Corona cataloaragonesa y la guerra de Sucesión
En la raíz del problema está la educación y la manipulación partidista en las escuelas del relato de la historia. Son varios los manuales, denuncia el sindicato catalán de profesores Acció per a la Millora de l’Ensenyament Secundari, en los que no se señala que la Constitución está por encima del Estatuto y que muestran los símbolos e instituciones de Cataluña pero no los de España. También los hay que hablan de la Corona catalanoaragonesa para referirse al Reino de Aragón, un caso claro de tergiversación ideológica: los monarcas lo eran de Aragón, salvo que ostentaban entre sus títulos el de condes de Barcelona.
Lo mismo ocurre con la guerra de Sucesión. Según algunos libros, Felipe V, vencedor en el año 1714, prohibió el uso del catalán, cuando lo que hizo fue, siguiendo el modelo galo, sustituir el latín por el castellano en las causas en la Real Audiencia de Cataluña. Y así un largo etcétera de ejemplos que rayan en el surrealismo.
Requerimientos a la consejería catalana de Enseñanza por el adoctrinamiento
El Gobierno central investiga varios casos de colegios e institutos catalanes movido por denuncias realizadas por padres que acusan a los centros de permitir prácticas de hostigamiento, acoso y segregación de sus hijos por no ser independentistas o no posicionarse con dureza contra la actuación policial. En una primera respuesta al requerimiento del Ministerio de Educación, la consejería catalana de Enseñanza ya ha asegurado que hará sus pesquisas pero también ha dicho que considera totalmente infundadas estas denuncias. Algunos de los docentes implicados han negado los hechos.
Uno de los puntos más conflictivos es San Andrés de la Barca, que acoge el cuartel de la Guardia Civil de mayor tamaño de la comunidad. En el IES Palau, por ejemplo, los profesores instaron a los alumnos a protestar en el patio contra la violencia policial del 1-O, y varios hijos de agentes han decidido participar al verse presionados y para no sentirse más señalados de lo que ya lo están por la profesión de sus padres.
En otras poblaciones catalanas ha habido centros educativos que, en horario lectivo, han proyectado a los alumnos menores de edad imágenes de las cargas policiales y les han animado a que guarden un minuto de silencio por «las víctimas de la represión del Estado».
Hostigamiento a hijos de policías y guardias civiles
Con ser gravísima, una cosa es el adoctrinamiento y el proselitismo ideológicos -se dieron casos de profesores que pusieron como deberes escolares a sus pupilos menores de edad que el domingo acompañasen a sus padres a votar en el referendo ilegal-, y otra es el acoso al alumno que según las denuncias tuvo lugar en los centros educativos tras el 1-O.
Se trata de la persecución que al parecer han sufrido estudiantes que se declaran como no independentistas y, en particular, hijos de policías nacionales y de guardias civiles. No se conforman ciertos docentes, aduciendo instrucciones de la Generalitat, con instruir a los menores para situaciones de toque de queda o represión policial, argumentando que pasarán cosas muy graves en los próximos días y que los más jóvenes deben conocer la realidad. También se dan prácticas de hostigamiento y lecciones ideológicas sectarias hacia los hijos de agentes, con inadmisibles comentarios del tipo: «Mira lo que han hecho tu padre y sus amigos», «la Guardia Civil es muy mala y pega a los ancianos» o «los policías son unos asesinos, unos matones y unos represores».
Muchas de estas cuestiones se las planteó el miércoles el diputado de Ciudadanos Toni Cantó al ministro de Educación, Méndez de Vigo, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en una contundente intervención cuyo vídeo va camino de ser viral.