Investigará las violaciones de derechos humanos por el régimen
14 oct 2017 . Actualizado a las 09:56 h.Algunos de sus miembros fueron detenidos, otros tuvieron que asilarse en la embajada de Chile y todos tuvieron que huir de Venezuela para estar ayer en Washington y poder celebrar su primera sesión en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA). Los 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia designados por la Asamblea Nacional y que no han podido ejercer sus funciones en su país, trabajarán a partir de ahora en la capital de EE.UU. y en Colombia, indicó su presidente, Miguel Ángel Martín.
Lucharán desde el exilio por un canal humanitario y para resolver las violaciones de los derechos humanos a las que han sido sometidos los venezolanos, indicó Martín. Para ello cuentan con el aval de Luis Almagro, secretario de la OEA, y eventualmente de alguno de sus países miembros (se rumorea que Canadá) para llevar sus decisiones ante el Tribunal Penal Internacional (TPI). No existen precedentes históricos de la formación de un Tribunal Supremo en el exilio.
Desde que los magistrados fueron designados en julio por el Parlamento, el Gobierno de Nicolás Maduro y el Tribunal Supremo de Justicia actualmente vigente en Venezuela, que fue nombrado en medio de severas irregularidades en diciembre de 2015, iniciaron una campaña de persecución. «Van a ir presos toditos», amenazó Maduro en una alocución ese mismo mes. Si no cumplió su amenaza, fue porque los designados pasaron a la clandestinidad.
Según Almagro, «la instalación de este tribunal es un camino hacia la constitucionalidad de Venezuela. Los magistrados tienen la fundamental tarea de dar sentido a la justicia nuevamente en el país, una justicia atropellada por los abusos y arbitrariedades del régimen», señaló el uruguayo, uno de los críticos internacionales más recios de la gestión de Maduro.
Un miembro del grupo indicó a La Voz que varios países de la región, incluyendo EE.UU., podrían comenzar a tomar las decisiones del Supremo en el exilio como las únicas legítimas. Además, señaló que trabajarán estrechamente con la fiscal general Luisa Ortega Díaz, también destituida por la Asamblea Nacional Constituyente y posteriormente obligada a exiliarse, en la formación de un expediente por corrupción y violaciones a los derechos humanos por parte del Gobierno.
La única reacción del chavismo vino del fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, quien señaló que la instalación es parte de un «plan macabro para intervenir a Venezuela». Ortega anunció también ayer que tiene preparado un expediente sobre violaciones de derechos humanos en el Gobierno de Maduro para elevarlo a la consideración del TPI, que incluye ejecuciones. El anuncio lo realizó después de reunirse con Zeid Ra’ad Al Hussein, alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos.