Trapero y los líderes del frente civil del secesionismo comparecen ante la jueza

Están llamados a declarar a las 9 horas en la Audiencia Nacional acusados de sedición


madrid / la voz

Tan solo una hora antes de que se agote el plazo otorgado por el Gobierno a Carles Puigdemont para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña, el devenir del desafío secesionista tiene una cita clave en la Audiencia Nacional. Este lunes a las 9 horas, el jefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, su intendente, Teresa Laplana, y los líderes de las plataformas cívicas secesionistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, volverán a prestar declaración ante la jueza Carmen Lamela investigados por un delito de sedición, por el que podrían ser condenados a hasta 15 años de prisión.

A propuesta de la Fiscalía, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia decidó volver a citarlos tan solo diez días después de su primera declaración al haber incorporado a la causa un nuevo informe de la Guardia Civil. Con este nuevo atestado, que consta de más de 300 páginas, los investigadores consideran que Trapero, Cuixart y Sánchez son tres de los actores principales de un plan ideado por la Generalitat que tiene como objetivo forzar la independencia de Cataluña. Esto significa que, a diferencia de la primera vez que prestaron declaración, cuando Trapero respondió por su inacción durante la celebración del referendo ilegal y los líderes de las plataformas cívicas por la movilización que asedió a los agentes que registraban la Consejería de Economía, ahora los tres están bajo sospecha de formar parte de un «comité ejecutivo» dentro de un plan secreto de la Generalitat para generar revueltas sociales en las calles, en connivencia con los Mossos, con el objetivo de entorpecer las actuaciones de las fuerzas de Seguridad del Estado. En su informe, los investigadores apuntan a Trapero y a su intendente como «brazos ejecutores» de los políticos independentistas, y a Sánchez y a Cuixart como los impulsores de movilizar a las masas de manera reiterada entre el 20 de septiembre y el 1 de octubre, fecha en la que se celebró el referendo ilegal.

El macrogrupo de WhatsApp

Precisamente, una de las nuevas pruebas que se ha incorporado a la causa consiste en la existencia de un macrogrupo en la plataforma de mensajería WhatsApp en el que tanto Cuixart como Sánchez desempeñaron un papel importante para realizar llamadas a ocupar las vías públicas u organizar pegadas de carteles a favor de la independencia. Además de estas pruebas, los investigadores también han incorporado al documento grabaciones en las que se recoge la actitud de total pasividad de los Mossos, que en algunos casos desencadenó enfrentamientos con otros agentes e incluso alguna colaboración directa para la celebración del referendo, como el traslado de urnas. Otra de las novedades está en la incorporación de confesiones de algunos mandos intermedios de la policía autonómica, en las que sostienen que su comportamiento pasivo responde a órdenes de la cúpula del cuerpo.

En un auto reciente, en el que se rechaza el traslado de la causa a los juzgados de Barcelona, la magistrada Lamela apunta a que Cuixart y Sánchez forman parte desde hace tiempo de un «comité estratégico» con «funciones concretas» para lograr la autodeterminación en Cataluña.

En esta ocasión, la jueza también ha citado a declarar en calidad de testigos a la secretaria judicial del Juzgado número 13 de Barcelona y a dos agentes de la Guardia Civil, por haber participado en los registros que acabaron con dos coches policiales arruinados.

ANC, plataforma liderada por Jordi Sánchez, en una carta reciente en la que insta a Puigdemont a levantar la suspensión de la independencia, amenaza con movilizaciones si alguno de estos cuatro investigados entra en prisión. Salvo que la jueza considere que existe un riesgo de fuga o salvo que alguno no se presente a declarar, es improbable que hoy mismo se decrete ningún ingreso en prisión.

El Govern pretende que Cataluña tenga su propio banco central

El Govern está convencido de que Cataluña seguiría dentro de la Unión Europea y de la zona euro en un eventual escenario de independencia, que haría necesario crear un Banco Central de Cataluña (BCC), «como autoridad monetaria del nuevo país», con 500 empleados.

El departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, que dirige Oriol Junqueras, ha elaborado un documento, al que ha tenido acceso la agencia Efe, que detalla cómo sería la situación de la economía catalana en una hipotética república. El texto, que se ha enviado a las delegaciones del Govern en el exterior, subraya que Cataluña difícilmente quedará fuera de la UE y el euro, ya que puede ser expulsada de la Unión Europea «solo si España la reconoce primero como Estado independiente». «Pero ello significaría que hay un acuerdo entre Cataluña y España, porque el reconocimiento proviene de un acuerdo. Pero si hay un acuerdo de reconocimiento, ¿qué sentido tiene expulsar a Cataluña de la UE? No beneficia a nadie, al contrario, perjudicaría gravemente a España», señala el escrito.

El documento del Gobierno de Puigdemont indica asimismo que una Cataluña independiente vería mejorada su posición financiera porque sería necesario crear el Banco Central de Cataluña, que aportaría «beneficios considerables a la economía», que el Govern cuantifica en unos 500 millones anuales netos. El BCC, sostiene el Ejecutivo catalán, ejercería la supervisión de la solvencia de las entidades financieras en una hipotética Cataluña independiente y contribuiría al mantenimiento de la estabilidad de precios.

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