El inmobiliario, otro motor económico en Cataluña que también alerta de un frenazo

La Autoridad Fiscal Independiente dice que la persistencia de la incertidumbre podría costarle hasta 12.000 millones a España


Madrid / La Voz

Se multiplican las voces de alarma sobre el coste económico que la tensión independentista tendrá y, de hecho, ya empieza a tener en Cataluña. A los cálculos que el martes hacía la patronal turística Exceltur sobre el roto que la incertidumbre podría hacer a la actividad turística en la comunidad (hasta 1.800 millones de euros en el último trimestre del año, si las reservas caen un 30 %), se sumó ayer la advertencia de otro sector igualmente clave, el inmobiliario.

Durante la jornada de inauguración del salón inmobiliario Barcelona Meeting Point, promotores, constructores e inmobiliarias repitieron un discurso del que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se convirtió en altavoz: hay miedo, más que fundado, a un parón en las inversiones.

«Nos llega por parte de nuestros asociados que algunas operaciones no se acaban de completar. Los compradores prefieren esperar a ver qué pasa y cómo se resuelve la situación», dijo el presidente de la Asociación de Promotores de Cataluña, Lluís Marsà.

Y quienes más preocupados y desconfiados están son los grandes inversores, que, ante la inseguridad jurídica existente, están optando por paralizar las operaciones previstas, según explicó el presidente de la Asociación de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña, Joan Oller.

Idéntica percepción tiene la Asociación Española de Empresas de Consultoría Inmobiliaria, que considera que la situación política que vive Cataluña es grave y está afectando al buen comportamiento del mercado inmobiliario español. ¿De qué cifra de inversión perdida habla el sector? Aún es pronto para cuantificarla, pero el día a día confirma que el mercado se está ralentizando.

El que sí ha puesto negro sobre blanco el coste de la tensión secesionista y de la incertidumbre que conlleva ha sido el Gobierno, que acaba de enviar a Bruselas el plan presupuestario para el 2018, en el que estima que el impacto del independentismo catalán le costará al PIB del país tres décimas de crecimiento. El miércoles mismo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), órgano encargado de velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas, respaldó las estimaciones del Ejecutivo y abundó en el coste del secesionismo.

Crecimiento reducido a la mitad

Para el órgano que preside José Luis Escrivá, el impacto económico podría ser de cuatro décimas del PIB, es decir, unos 4.000 millones, si el problema catalán se resuelve con celeridad, pero de prolongarse el quebranto podría multiplicarse por cuatro, de modo que el desafío independentista se comería 1,2 puntos del PIB, unos 12.000 millones de euros. En el peor escenario, el crecimiento de la economía española se reduciría al 1,5 % el próximo año (casi la mitad del previsto) y el déficit se incrementaría en 5.500 millones.

En este escenario, la CEOE emitió el miércoles un comunicado en el que lamenta el «daño enorme» que está produciendo la crisis catalana y en el que da por seguro que la fuga de empresas no se limitará al cambio de sedes sociales, sino que «tendrá efectos en términos de empleo».

Cespa y Zurich se suman a las salidas de Cataluña, que ya rebasan las 800 empresas

La salida de empresas de Cataluña no parece ver su fin. La aseguradora Zurich anunció ayer que trasladaba su sede social a Madrid, y Cespa, la filial de Ferrovial especializada en servicios medioambientales y gestión y tratamiento de residuos, la imitará. Esta última está especialmente vinculada a Galicia, donde es una de las principales empresas concesionarias de servicios públicos en municipios de la comunidad. Se ocupa, por ejemplo, del mantenimiento de zonas verdes en Santiago y Pontevedra, así como de la limpieza y recogida de basura en Viveiro y Arousa.

El grupo Zurich, por su parte, se suma a otras aseguradoras que, como AXA, Divina Pastora, MGS Seguros, SegurCaixa o Catalana Occidente, ya mudaron en los últimos días su sede social fuera de Cataluña. En todos los casos, el argumento es idéntico: garantizarse seguridad jurídica.

La multinacional suiza, que lleva más de 130 años operando en España, explicó el miércoles que la elección de un nuevo domicilio social no supone cambio alguno en el modelo de negocio y actividad, y que los centros de trabajo de Cataluña «seguirán operando con normalidad».

805 sociedades y subiendo

Los datos del Colegio de Registradores de España confirman que la fuga de firmas, lejos de amainar, se agudiza. Al cierre de los registros mercantiles el martes al menos 805 empresas habían trasladado su domicilio social fuera de territorio catalán.

En esa última jornada, 105 sociedades culminaron su éxodo, el grueso de ellas (78) en la provincia de Barcelona, 23 en Lérida, tres en Tarragona y una en Gerona. De hecho, de las 805 que se han marchado, la inmensa mayoría (708) estaban en Barcelona.

El martes fue el tercer día con mayor número de traslados desde el referendo ilegal, solo por detrás de los 177 del día 10 (cuando Puigdemont compareció ante el Parlament para declarar y suspender seguidamente la independencia) y de los 155 del 11.

Frente a la chorreo continuo de huidas, pocas son las empresas que optan por hacer el camino contrario e instalarse en Cataluña: en lo que va de mes solo 43 lo han hecho, es decir, que la salida de sociedades casi multiplica por 20 el flujo de entrada.

El Govern lo minimiza

Sin embargo, pese a la elocuencia de los números, el Govern minimiza la fuga, insistiendo en que es una «operación temporal con voluntad administrativa», como ayer aseguró el secretario de Economía de la Generalitat, Pere Aragonès. El Ejecutivo catalán acusa al Gobierno central de «presionar» a las empresas para que abandonen la comunidad y la consejera de Trabajo, Dolors Bassa, anunció que están investigando «llamadas directas» realizadas en ese sentido.

El Sabadell se plantea también trasladar a Madrid algún área de representación del banco

r. s.

El Banco Sabadell fue la primera gran empresa catalana en anunciar el traslado de su sede social y fiscal por la inseguridad que estaba infundiendo el desafío de Puigdemont. Detrás llegaron prácticamente el resto de los valores catalanes del Ibex y del mercado continuo, firmas de alimentación, aseguradoras...

El banco ha fijado su sede en Alicante y ahora, dos semanas después de aquel paso, el grupo que preside Josep Oliu está estudiando trasladar también fuera de Cataluña alguna división del grupo financiero. Es decir, que el movimiento del traslado de sedes no sería solo simbólico, sino que puede conllevar movimientos de personal a corto plazo, y revelaría que el traslado de esta entidad no es algo testimonial, sino con difícil retorno.

«Es una posibilidad que se está contemplando, pero no hay ninguna decisión tomada», apuntan fuentes de la entidad. En todo caso, no está estudiando un movimiento de área de negocio, sino de representación de la entidad. De concretarse, podría afectar a las áreas de presidencia o de alta dirección. Y la ubicación que se está analizando es Madrid, según otras fuentes.

La decisión de esa nueva mudanza podría concretarse en el consejo de administración que el grupo tendrá el próximo jueves, ya en Alicante. Al día siguiente presentará los resultados de cierre de trimestre en Madrid, escenario inédito porque el Sabadell siempre daba cuenta de sus números en su emblemático rascacielos de la Diagonal barcelonesa.

Mientras, tanto esta entidad como CaixaBank han recuperado la normalidad en las oficinas, tras la inquietud generada en la clientela antes del cambio de sede y la pérdida de depósitos.

La entidad ya tiene previsto celebrar sus consejos en Alicante, el primero en una semana

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