Cree que podrían tener relación con el dispositivo del 1-O
27 oct 2017 . Actualizado a las 07:16 h.Nuevo encontronazo entre las fuerzas de seguridad del Estado y los Mossos d’Esquadra. La Policía Nacional impidió este jueves que los agentes autonómicos quemaran en una incineradora de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) varios documentos confidenciales. Según la Brigada de Información del Cuerpo Nacional de Policía, esos papeles podrían tener relación con el dispositivo policial de 1-O.
El rifirrafe tuvo lugar a las once de la mañana a las puertas de la planta de tratamiento y selección de residuos Tersa. Una veintena de agentes de las Unidades de Intervención de la Policía (UIP, antidisturbios) cortaron el paso a un convoy de los Mossos compuesto por una furgoneta y dos patrullas. Los agentes del ministerio del Interior impidieron el paso a los funcionarios autonómicos y les reclamaron el contenido de la furgoneta. Los mossos les exigieron la orden judicial, que no llegó hasta tres horas después cuando la juez de las Audiencia Nacional Carmen Lamela, que investiga la sedición en el 1-O del mayor Josep Lluís Trapero y otros agentes, dio su autorización para requisar esos documentos.
Los Mossos negaron que esos papeles tengan relación alguna con su actuación el día del referendo ilegal. Según el cuerpo autonómico, se trata de archivos de la comisaría general de Información con datos administrativos de la oficina de apoyo a esta comisaría, relativos a permisos, vacaciones y bajas, así como sobre operativos y diligencias policiales y documentación diversa. El cuerpo autonómico insistió en que desde hace años procede a la destrucción en estas instalaciones de documentos sensibles, al menos, cada seis meses.
En un comunicado, los Mossos d’Esquadra detallaron que toda la documentación oficial que se destruye se guarda en apoyo digital y que, al no disponer de una infraestructura propia en dependencias policiales para destruir la documentación que por motivos de seguridad y espacio no se puede guardar en apoyo de papel, ya hace años que la incineran en Sant Adrià de Besòs.
Por otro lado, la presidenta de la organización sindical Eurocop, Angels Bosch, al finalizar en Bilbao el congreso de la organización, lamentó las fricciones entre cuerpos, en referencia al episodio de Sant Adrià. El secretario general del Sindicato de Policías de Cataluña (SPC), David José Mañas, apuntó a la posibilidad de que se haya podido producir un fallo de coordinación entre los mandos de los dos cuerpos.
No es la primera vez que los cuerpos policiales nacionales y autonómicos se encuentran con órdenes contradictorias aunque, hasta el momento, no han sido más que incidentes leves.
El SUP declara «non gratos» a los alcaldes de Pontevedra y Santiago por su falta de apoyo a los agentes
El Sindicato Unificado de Policía (SUP), la organización mayoritaria en Galicia y en toda España entre los trabajadores de la Policía Nacional, ha acordado declarar personas non gratas a los alcaldes de Santiago y Pontevedra, Martiño Noriega (Compostela Aberta) y Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), respectivamente, por su falta de apoyo y críticas al trabajo que están desempeñando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desplazadas a Cataluña por la crisis secesionista.
La decisión la tomó la comisión ejecutiva federal de Galicia del SUP en su reunión del pasado día 20, un día después de que en Santiago y Pontevedra se celebraran sendos plenos en sus ayuntamientos en los que se debatieron mociones presentadas por el Partido Popular para apoyar a los policías y guardias civiles destacados en Cataluña, que están siendo objeto de persecuciones y acosos constantes por partidarios de la secesión ilegal.
Tanto en Compostela como en Pontevedra las mociones fueron rechazadas por la corporación con los votos del BNG y, en Santiago, también del partido que gobierna la ciudad, Compostela Aberta, al que pertenece Martiño Noriega.
«Podemos asumir las críticas de los que precisamente tratan de subvertir la ley en Cataluña o de cualquier ciudadano a través de las redes sociales, lo que no es de recibo es el hecho de comprobar como autoridades políticas, que representan a toda una ciudad, se pronuncian y critican públicamente la actuación de los policías y guardias civiles en Cataluña», explica el secretario general del SUP en Galicia, Roberto González, en el escrito que ha remitido a la Delegación del Gobierno en la comunidad.
Recuerda el SUP que entre los deberes de todos los partidos democráticos está el de rechazar y condenar todo aquello que, como ocurre en Cataluña, ponga en riesgo la democracia y el Estado de Derecho.