Mentiras, victimismo y contradicciones

Carles Puigdemont tergiversa los motivos por los que está siendo investigado e intenta deslegitimar la democracia española


MAdrid / La Voz

La intervención del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont durante la rueda de prensa que ofreció ayer en Bruselas estuvo plagada de falsedades, inexactitudes, victimismo y contradicciones, tanto en lo que afecta a su propia actuación personal y la de los consejeros que lo acompañaron en su viaje a Bélgica, como a la realidad jurídica y política en España y en Cataluña.

«Si hay garantías inmediatas y trato justo, si se me garantiza un juicio justo con separación de poderes en España, lo que se debe esperar de un país europeo, volveríamos de inmediato»

Puigdemont tiene garantizado un juicio y un trato justo como todos los ciudadanos españoles, porque la separación de poderes es un principio consagrado en la Constitución con las mismas garantías que las de todos los países europeos. Aunque la fiscalía, que ha presentado la querella contra Puigdemont, depende jerárquicamente del poder Ejecutivo, es a un juez, y por tanto al poder judicial, a quien corresponde decidir si se admite o no. Y también serán magistrados independientes los que, si es el caso, acabarán juzgándole.

«El Estado que permite que nos presentemos a unas elecciones me amenaza con 30 años de cárcel por cumplir mi programa electoral»

La querella contra Puigdemont no es por cumplir su programa, que por cierto ha incumplido flagrantemente, sino por organizar «un movimiento de insurrección activa entre la población» para alcanzar la secesión de Cataluña en contra de la Constitución. Además, ya estaba imputado por prevaricación, desobediencia y malversación por convocar y celebrar un referendo ilegal prohibido expresamente por el Tribunal Constitucional.

«No nos vamos a escapar de la justicia, vamos a enfrentarnos a ella políticamente»

Esta declaración entra en abierta contradicción con la que afirma que no regresará a España hasta que se le den las «máximas garantías». Puigdemont ha sido citado a declarar, como cualquier querellado, y si mañana, día de la citación, no se presenta ante el juez, estará tratando de escapar de la justicia y se dictará una orden de detención contra él.

«Si nos hubiéramos quedado allí habría habido una reacción violenta por parte del Estado. No hay ninguna protección. Cuando se han hecho con el control de la policía catalana cesando a la persona que dirigió la operación tras los atentados de Barcelona quedó claro que no hay protección»

Los exconsejeros que no han huido a Bélgica, como Puigdemont, se han «quedado allí» y han aceptado pacíficamente su destitución, sin que en Cataluña se haya producido ninguna violencia por parte del Estado. La persona que dirigió la operación tras los atentados de Barcelona, el exmayor Josep Lluís Trapero, ha sido cesado porque está imputado por sedición. Y su sucesor es el que hasta ahora era su segundo en los Mossos, un comisario que está colaborando plenamente con el Gobierno para restablecer el orden constitucional.

«No estoy aquí para pedir asilo político»

La afirmación se compadece mal con el hecho de que contratara al abogado belga Paul Bekaert por su experiencia en casos de extradición y asilo político. El propio Bekaert lo confirmó. «Tengo más de 30 años de experiencia en extradición y asilo político de vascos españoles [miembros de ETA, en realidad], y probablemente por ello me haya llamado Puigdemont», señaló. Lo cierto es que para cuando Puigdemont negó que fuera a pedir asilo, el Gobierno belga ya le había hecho saber que no apoyaba su causa.

«Quiero un compromiso claro del Estado. ¿Respetará unos resultados que podrían dar una mayoría a las fuerzas independentistas?»

El Gobierno y todos los poderes del Estado ya respetaron el resultado de las urnas del 2015, que dieron la mayoría en escaños a las fuerzas independentistas, aunque no en votos. Y, pese a tener el apoyo de solo el 47% de los sufragios, los secesionistas proclamaron la república violando la Constitución.

«Este viernes acordamos unánimemente que este gobierno priorizaría la prudencia, la seguridad y la moderación»

Puigdemont dio a entender que la decisión de que él y un grupo de consejeros escaparan a Bélgica se tomó el viernes por la noche «por unanimidad» inmediatamente después de proclamar la independencia. Lo cierto es que había miembros de su Gobierno, entre ellos el propio vicepresidente Oriol Junqueras, que no conocían las intenciones de Puigdemont, al igual que los máximos dirigentes de su partido, el PDECat, que el mismo lunes, con Puigdemont ya en Bruselas, aseguraban que acudirían a la reunión de la ejecutiva del partido.

«La otra parte del Gobierno, encabezada por el vicepresidente y los responsables de la candidatura de Junts pel Sí, continuarán en Cataluña haciendo la actividad política como miembros legítimos del gobierno de Cataluña»

Ni el vicepresidente Oriol Junqueras ni ningún otro consejero son miembros legítimos del Gobierno catalán, ya que han sido destituidos, ni por supuesto están trabajando como tales. Todos han abandonado sus despachos y no están tomando decisiones ni actuando como miembros de al Generalitat porque saben que, de hacerlo, cometerían un delito de usurpación de funciones.

Un magistrado curtido en Cataluña instruye la causa contra los aún aforados

m. b. / colpisa

Pablo Llarena ha pasado 19 de sus 28 años en la judicatura en Barcelona, donde ha cimentado su carrera

El magistrado Pablo Llarena creció entre conversaciones sobre leyes y libros de Derecho. Sus padres eran abogados y su madre, además, fue la primera mujer incorporada al Colegio de Burgos, donde nació hace 54 años.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, ingresó en la carrera judicial en 1989 y el año siguiente ascendió a la categoría de magistrado por oposiciones restringidas. Fue titular de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Torrelavega (Cantabria) y en Burgos, y juez de instrucción en Barcelona entre 1992 y 1998, fecha en la que se incorporó a la Audiencia Provincial. En el 2011 fue elegido presidente de este órgano judicial, cargo en el que permaneció hasta su nombramiento para el Tribunal Supremo en enero del 2016, con solo 53 primaveras.

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