Las defensas de los presidentes la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y de Òmnium Cultural se escudaron en el 155 para pedir su libertad
03 nov 2017 . Actualizado a las 14:40 h.La Audiencia Nacional mantiene en prisión a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart desestimando el recurso de las defensas de los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural que, escudándose ahora en la aplicación del 155, defendieron este viernes que no había riesgo de que volviesen a delinquir al haberse consumado la declaración de independencia.
En la vista celebrada ante la sección segunda de la Audiencia Nacional, el fiscal José Miguel Carballo pidió que se les mantuviese en prisión provisional, según informaron fuentes de las defensas de Sànchez y Cuixart, encarcelados desde el pasado 16 de octubre por orden de la juez Carmen Lamela por un delito de sedición. Los abogados de Sànchez y Cuixart, Jordi Pina y Marina Roig, alegaron entonces ante la sala que el argumento de la juez de enviarles a prisión por miedo a que volvieran a delinquir ya no se sostiene después de que el Parlament aprobara la DUI y el Gobierno aplicara luego el artículo 155.
«Hemos alegado que las circunstancias en Cataluña han cambiado desde el momento en que su señoría acordó la prisión porque es conocido por todo el mundo que estando Jordi Sànchez en prisión se han sucedido una serie de hechos en los que él no ha tenido ninguna participación, como fue lo ocurrido en el Parlament y luego la aplicación del 155», dijo Pina a los periodistas tras la vista. A su juicio, «el escenario político es ahora muy diferente, es un argumento que cae por su propio peso», y lo ocurrido en las últimas semanas dificulta mucho «seguir manteniendo la tesis de que puede realizar alguna actuación de reiteración delictiva».
Los abogados afirmaron también que no existe riesgo de fuga, puesto que sus defendidos se presentaron cuando fueron llamados a declarar, y han destacado que, de hecho, ambos se encontraban en la prisión madrileña de Soto del Real cuando el pasado 27 de octubre se declaró la independencia.
En cuanto a su participación en la concentración frente a la Conselleria de Economía el día 20 de septiembre cuando una comisión judicial procedió a su registro, los letrados aportaron grabaciones y material gráfico de esa noche. En esas imágenes, según las defensas, se muestra que Sànchez y Cuixart no impidieron la salida de la comitiva judicial, sino que, al contrario, la facilitaron.
Los letrados también recurrieron en la vista la competencia de la Audiencia Nacional para conocer de estos hechos y aportaron para ello autos del juez de instrucción 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del 1-O, en los que ordenó intervenciones telefónicas y diligencias como el registro a la Conselleria el día 20. En esos autos, destacaron, el juez se declaraba competente para conocer de los delitos de rebelión y sedición, por lo que la causa se podría llevar en los juzgados de instrucción de Barcelona.
La jueza envió a los Jordis a prisión al asignarles el papel de «promotores y directores» de las concentraciones del 20 de septiembre frente a la Conselleria de Economía, ya que ambos se mantuvieron al frente «durante todo el día, llevando la iniciativa en una pretendida negociación con los guardias civiles, alentando y dirigiendo la acción de los congregados, incitándoles a permanecer en el lugar e impartiéndoles órdenes».
Lamela destacaba en su auto de prisión también que el 1 de octubre, desde las mismas cuentas de WhatsApp utilizadas para promover el asedio a los agentes de la Guardia Civil que acompañaban a la comitiva judicial en Economía, «realizaron llamadas a los participantes animándoles a permanecer en los colegios y presentar resistencia a las autoridades policiales». Con todo ello, según la juez, pretendían «impulsar y asegurar la celebración del referéndum ilegal de independencia y con ello la proclamación de una República catalana, independiente de España, contraviniendo con ello la Constitución».