La UE defiende la independencia plena de los tribunales españoles

En previsión de que la jueza Carmen Lamela dictara orden de detención contra Puigdemont, el expresidente catalán sigue al pie de la letra las recomendaciones de su abogado Paul Bekaert: desacreditar a la Justicia española para convencer a las autoridades belgas de la necesidad de paralizar cualquier entrega a España. Y algo más: poner en tela de juicio la independencia de la Justicia española, que, según su argumentario, trataría a Puigdemont como un político perseguido por sus ideas y no como un excargo político que habría incurrido en delitos graves contra el Estado de derecho.

El matiz es importante en un país tan garantista como Bélgica. Aunque el cuento del mártir político puede funcionar ante la Justicia belga, las artimañas no servirán con la Comisión Europea, que se niega a caer en la trampa de la politización e internacionalización del conflicto. Bruselas no quiere tener nada que ver con la causa de Puigdemont y los exconsejeros en prisión. Ni contactos, ni reuniones ni rechazo público a las encarcelaciones. «Es una cuestión para las autoridades judiciales. Las autoridades son independientes y respetamos esa independencia», aseguró ayer la portavoz comunitaria Annika Breidthartd, quien descartó cualquier mediación o intervención. El proceso judicial en España seguirá su curso y el Ejecutivo de la UE nada tiene que decir al respecto. Su líder, Jean Claude Juncker, que visitará Salamanca el próximo jueves, ha reiterado en múltiples ocasiones que no pueden apoyar ningún diálogo o negociación que no se haga dentro de la Ley.

Bruselas vuelve a cerrar filas con el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Ante las acusaciones y dudas arrojadas sobre la falta de garantías democráticas en España y los supuestos vasos comunicantes entre el poder judicial y el Ejecutivo. La alemana fue taxativa: «Respetamos completamente el orden constitucional en España, me gustaría dejarlo ahí», aseguró Breidthartd exhausta tras una extensa ronda de preguntas con Cataluña como protagonista.

Disensiones en Bélgica

Los problemas asoman por el lado del Gobierno belga. Aunque será un juez de instrucción el que tome la decisión, que puede ser recurrida, el clima político puede influir y mucho en cómo se interprete una orden de detención europea. Y aquí nadie se pone de acuerdo. Los socialistas valones han arremetido con fuerza a lo largo de la semana contra los liberales del MR del primer ministro Charles Michel por dejar que sus socios de coalición, los nacionalistas de la N-VA, convirtieran la estancia de Puigdemont en Bélgica en una suerte de exilio político. «Con su silencio están alimentando la ambición separatista de la N-VA», denunciaron. Pero las costuras dentro de la formación se empiezan a abrir. El líder del partido en Flandes, John Crombez, se desmarcó de la línea oficial: «No veo la necesidad de encarcelarlos o de privarles de libertad (...) Así como condené con anterioridad la violencia policial en España, también lo hago ahora con las detenciones», sostuvo.

El partido de Michel trata de evitar que le salpique el conflicto o que se desestabilice su Gobierno. Los liberales blanden un mensaje ambiguo para no precipitar una crisis diplomática grave con España y mantener contentos a sus compañeros separatistas. El partido de Michel compra por un lado el argumento de que el conflicto catalán es «político» y por otro lado manifiesta su respeto hacia las decisiones de la Justicia. «La crisis catalana debe solucionarse por la vía política y no por la judicial», aseguró la ministra liberal de Medioambiente, Marie-Christine Marghem, antes de admitir que «no podemos intervenir en la soberanía nacional de otro país, debemos respetar las leyes y la Constitución de ese país».

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