El jefe policial de la Gürtel asegura que hay indicios de que Rajoy cobró sobresueldos

Manuel Morocho reconoce presiones «desestabilizadoras» contra la UDEF para intentar frenar la investigación


El inspector jefe en la Unidad de Delitos Económicos y Fiscal (UDEF) Manuel Morocho, responsable policial del caso Gürtel, aseguró este martes, durante su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso sobre la presunta financiación irregular del PP, que existen indicios de que Mariano Rajoy cobró sobresueldos. Lamentó, además, las presiones y querellas con las que se trató de «desestabilizar» la investigación y reconoció que echa en falta la creación de «un organismo central de lucha contra la corrupción» que permita ganar en eficacia en las indagaciones judiciales.

Explicó que no podía pronunciarse en detalle sobre cuestiones que aún no habían sido juzgadas, remitiéndose a los informes policiales en poder del tribunal que en la actualidad juzga la denominada etapa de Gürtel I (1999-2005), pero reconoció que el dinero al que se refiere los papeles de Bárcenas «probablemente esté rondando» entre los 4 y 6 millones de euros, así como que en la investigación por la caja B del PP aparecen «indiciariamente» anotaciones que afectan a dirigentes populares, entre ellos el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Morocho aseguró que existen «indicios» de que la estructura del Partido Popular «respondía al perfil de una organización delictiva» por sus operaciones en la trama Gürtel. «Nuestro objetivo es determinar si hay fondos B, cómo circulan y cuál es el objeto. Es una situación que persiste en las organizaciones de delincuencia organizada», explicó Morocho, que puntualizó que «hay que ser extremadamente cuidadosos a la hora de definir comportamientos». A pesar de que su grupo «ha aportado elementos indiciarios», matizó, «la existencia de contabilidad B todavía está en presunto».

El inspector detalló, a preguntas del portavoz del PNV en la comisión, Mikel Legarda, que «hay una actuación coordinada que responde a unos designios, que ha prestado unos servicios de determinado perfil y que ha operado en diversos territorios con un tronco común». Por otro lado, defendió a su grupo ante la pregunta de la diputada de ERC Esther Capella sobre si existen motivaciones políticas detrás de la investigación, en la que se han seguido «los mismos estándares que con las organizaciones y los delitos económicos comunes». «Sabemos que desde el ámbito subjetivo se hace referencia a personas que han ocupado cargos políticos, pero eso no condiciona nuestra forma de actuar, que sigue la misma metodología que con otras personas», respondió.

Durante la comparecencia, los representantes del PSOE, Podemos y ERC acusaron al PP de «intimidar» y «amenazar» al inspector jefe de la UDEF después de que el portavoz del PP en la comisión, Carlos Rojas, se refiriera a los límites que tiene en su cargo Morocho. En concreto, la portavoz de Podemos, Carolina Bescansa, reprochó a Rojas que hiciera referencia a las sanciones específicas que contempla el Código Penal para aquellos casos en los que la Policía Judicial sobrepasa sus límites, después de que el diputado popular señalara que hay multas desde los 500 euros.

El presidente de la comisión, Pedro Quevedo, se vió obligado a mediar en la polémica y recalcó que él no había percibido ninguna amenaza en las palabras de Rojas. Tras ello, el portavoz del PP en la comisión criticó las palabras del resto de intervinientes por haberle acusado de algo «muy grave, de amenazar a alguien»; una cuestión que, en su opinión, estaba «muy lejos de la realidad». A su juicio, el objetivo de la comisión, impulsada por el PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, es hacer «política de confrontación» y concluyó que «hasta que no haya una sentencia firme, no se pueden sacar conclusiones» de los casos tratados, principalmente la trama Gürtel y el caso Bárcenas.

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