La implantación de una renta mínima supondría un coste anual de más de 15.000 millones de euros

El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, ha destacado el potencial «muy significativo» de la ley de ingresos mínimos para redistribuir la riqueza y reducir los niveles de pobreza, aunque ha advertido de que podría aumentar el déficit entre medio punto y un punto: «Nos sacaría fuera de la consolidación fiscal», ha advertido, tras indicar que tendría un coste de hasta 15.000 millones de euros.

«Es una medida de gran calado potencial, con un potencial redistributivo muy significativo, y un gasto fiscal relevante», ha aseverado durante su comparecencia ante la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso, a la que ha sido llamado para dar su opinión sobre esta proposición de ley que tramita la Cámara Baja.

Así, Escrivá ha advertido de que los costes que tendría esta prestación podrían suponer una elevación del déficit público entre medio punto y un punto del PIB, y que las perspectivas de la AIReF para España, aun sin esta norma, pasan por una estabilización del déficit público en torno al 2%, que estructuralmente alcanzaría el 2,5%. «Nos llevaría fuera del 3% (de déficit público) y nos sacaría fuera de la consolidación fiscal», ha avisado.

Además, ha señalado que la Administración Central y la Seguridad Social no solo concentran gran parte de ese déficit, sino que incluso lo elevan, ya que la suma de las administraciones autonómicas y locales contabilizaría un superávit de en torno del 1 %.

Hasta 15.000 millones, aunque hay enmiendas que la encarecen

En su análisis sobre la proposición de ley, Escrivá ha cuantificado el coste de esta medida entre 6.000 y 13.000 millones de euros, aunque se elevaría a un umbral de entre 7.000 y 15.000 millones si se incluye el complemento por menor o persona dependiente a cargo.

En todo caso, ha puntualizado que las diferentes enmiendas podrían elevarla hasta 10.000 millones más -hasta 1.800 millones si no se requiere estancia previa, o hasta 8.000 millones si se eleva su cuantía hasta el 250 % del salario mínimo- o incluso reducirla en 1.300 millones si el umbral para acceder a la prestación se fija en 26 años.

Respecto a las potenciales personas beneficiarias, el presidente de la AIReF se ha remitido a la Encuesta de Condiciones de Vida del INE para remarcar que hay casi 3 millones de personas que, entre 18 y 65 años, manifestaron no haber trabajado en los últimos 12 meses, aunque en función de la renta podrían situarse entre 1,9 y 2,2 millones de personas.

Asegurar que se beneficie quién más lo necesite

Realizando una comparativa con los países del entorno europeo, Escrivá ha señalado que si el gasto en protección social ronda el 1,7 % del PIB -un 1 % en las prestaciones contributivas y un 0,6 % las que no-, en Europa este gasto oscila entre el 0,8 % o países, sobre todo en el norte del continente, donde alcanza el 2 %.

Sin embargo, ha incidido en cuidar la calidad del diseño y la prestación, más que la cantidad presupuestada, y asegurar que permita que la prestación llegue al que más necesite. «Si uno realmente quiere erradicar la pobreza, tiene que acabar en los verdaderos necesitados. Al final, muchas veces por burocracia la ayuda no acaba en los verdaderamente necesitados», ha dicho.

«A veces, gastando menos se puede redistribuir más», ha dicho, apuntando a que «una política muy redistributiva» puede ser atender a sectores poblacionales o sociales muy concretos, como el de la vivienda. Además, ha incidido en que los países con mayor eficacia en estas políticas son los que cuentan con «un nivel informalidad de la economía muy baja», ya que hay menos riesgo de revertir estas políticas.

Asimismo, ha apuntado que en la mayor parte de los países la gestión de esta prestación recae en las corporaciones locales, y sobre su financiación detecta que hay sistemas íntegramente a cargo de los presupuestos municipales y otros mixtos, con aportaciones desde la administración central.

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